A través de varios mensajes en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió este jueves a la denuncia anónima que llegó al Ministerio de Hacienda, y que el hasta ayer ministro Ricardo Bonilla remitió a la Fiscalía, sobre supuestas presiones indebidas de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y Nicolas Alcocer, su hijo adoptivo, en la contratación de la Hidroeléctrica Urrá.
En primer lugar, Petro aseguró que algunos medios y sector políticos buscan manipular la información para afectar y dividir su administración. Así mismo, señaló que la denuncia es de octubre pasado, por lo cual no tiene relación con la salida de Bonilla de la cartera, que se produjo este miércoles en medio del ruido por el escándalo de la UNGRD y la supuesta compra de congresistas.
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Según el presidente, la denuncia habla de un contrató entre Urrá y un consorcio, que fue suscrito en 2021, lo cual descartaría que se trate de un asunto de su gobierno. También aseguró que ninguno de los propietarios del consorcio, conformado por Luxim y PowerChina, está relacionado con su entorno, aún cuando algunos de los apellidos coinciden con los de su familia.
Además, dijo que PowerChina es la “más poderosa empresa pública de energía de la República Popular China, con activos de 178.000 millones de dólares en todo el mundo” y que la granja solar que se construyó, objeto del contrato, fue inaugurada por él, pero, insistió, no es un proyecto suyo.
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El jefe de Estado agregó que es él quien ha pedido que las generadoras Urrá y Gecelca, propiedad del Ministerio de Hacienda, sean vendidas a Ecopetrol, esto para cubrir parte de la deuda que dejaron los subsidios a la gasolina, la cual calculó en $70 billones y también endilgó a la pasada administración, del presidente Iván Duque.
Por último, recalcó que detrás de todo hay una intención de perjudicar a su familia y al proyecto político que representa. “El ministro Bonilla no hizo una denuncia contra Roa y mi hijo adoptivo Nicolás Alcocer. Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de entregar las denuncias que le llegan a la fiscalía y no son autores de ellas”, dijo en uno de sus trinos.
A pesar de sus explicaciones, sectores políticos e incluso algunos órganos de control aseguran que se debe investigar a fondo qué está pasando con la contratación en Urrá, pues no es la primera vez que el Gobierno y cercanos resultan salpicados por presuntas irregularidades en la generadora.
Los detalles de la denuncia que enreda a Ricardo Roa y Nicolás Alcocer
Hasta el momento se conoce que el pasado 28 de noviembre el exministro Bonilla amplió una denuncia realizada el 27 de septiembre por una ciudadana que aseguró, de manera anónima, que existe un posible conflicto de intereses y colusión dentro de la contratación de Urrá S.A., la empresa encargada de comercializar la energía producida por la hidroeléctrica Urrá 1, ubicada en los municipios de Tierralta y Valencia (Córdoba).
En el documento se lee que David Cerón, aprovechando su supuesta cercanía con Nicolás Alcocer y junto a Ricardo Roa, habría ejercido presiones para que se liquidara el contrato del parque solar Urrá 19.9, que tiene un retraso de al menos dos años y medio en su construcción. Al tiempo, estarían intentando favorecer la adjudicación de nuevos contratos, entre ellos el del parque solar Inti II, en La Apartada, municipio del mismo departamento.
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“Una posible intervención de esta empresa generaría un escándalo a tal punto que salpicaría de manera importante a la familia presidencial, al señor Ricardo Roa y a usted por ser quien facilitaría dicho disparate”, dice la comunicación que le habría llegado a Bonilla a su chat personal y luego remitió a la Fiscalía.
En la denuncia también se dice que Ricardo Roa estaría interesado en “quedarse con toda la energía y las empresas rentables del sector” y que Nicolás Alcocer buscaría tomar control de Urrá S.A., ejerciendo presiones sobre su junta directiva. Roa ya desestimó todos los señalamientos y aseguró que su cargo no tiene relación con los temas de dicha empresa.
Cabe recordar que el exministro Bonilla ya había entregado información sobre aparentes irregularidades en la venta de energía a bajos precios, que beneficiaría a diez compañías que tendrían socios y sedes en común. Todas terminaron por comercializar la misma energía a precios más altos, que alcanzarían el orden de los $1.4 billones.
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