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Restan solo semanas para que Colombia cumpla un año en emergencia social, económica y sanitaria por cuenta del COVID-19. Si bien ahora la discusión es alrededor de la adquisición y aplicación de vacunas, hay un frente que no deja de preocupar y que también se ha visto trastocado por la pandemia: la lucha contra la corrupción. No es un tema menor: según la más reciente encuesta Gallup Poll, un 91 % de los colombianos consideran que la corrupción está empeorando en el país. En marzo pasado, cuando se desató la emergencia, ese porcentaje se ubicaba en el 78 %, es decir, que en poco menos de un año se disparó un 13 %.
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Sin embargo, la situación también genera alarma desde afuera. El Espectador conoció el “Índice de percepción de la corrupción 2020”, que hoy presenta Transparencia Internacional, y el balance no es alentador. Si bien Colombia obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, y ocupa la posición 92 entre 180 países evaluados, para el organismo se evidencia un estancamiento y no hay avances significativos.
¿La razón? No hay una variación importante del puesto del país en los últimos ocho años, dado que entre 2012 y 2020 ha estado entre los 36 y 39 puntos. Según el índice –que mide la percepción de analistas, académicos e inversionistas respecto al impacto de la corrupción en el sector público–, una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción “muy serios”. Ante ello, el director de ese organismo en su capítulo Colombia, Andrés Hernández, advierte que en el país “la pandemia exacerbó el riesgo de corrupción” y ante la controversia desatada por la confidencialidad de los contratos y acuerdos con farmacéuticas por las vacunas, alerta que no se puede “sacrificar transparencia” por acceder a ellas.
¿Cómo se explica el estancamiento de Colombia en la percepción de la corrupción?
Lo primero que hay que aclarar es que este es un índice de percepción, es decir, no está midiendo si el país tiene nuevas leyes, más instrumentos o si ha habido una coyuntura determinada. A grandes rasgos, pregunta si se percibe o no al país afectado por la corrupción. Esa percepción es difícil de cambiar, porque no solo requiere elementos objetivos, sino también está influenciado por experiencias directas o de terceros.
¿Cómo revertir entonces esa percepción?
La gran mayoría de las fuentes que toma el índice son extranjeros, analistas internacionales, empresarios o inversionistas. Es gente que está viendo constantemente a los países, los compara, analiza la contratación pública, y en gran medida lo que termina impactando los indicadores son los resultados concretos que se logran, más allá de si el país tiene más normas, más instituciones o está atravesando un momento particular.
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En Colombia desde hace muchos años tenemos casos bastante graves, muchos de los cuales han tenido un trámite legal y jurídico, pero no queda la sensación de que se hayan cerrado de manera más profunda estas oportunidades para que este tipo de corrupción siga tomando lugar. Tampoco que se impongan castigos y sanciones lo suficientemente ejemplarizantes para disuadir que sucedan nuevos actos de corrupción. En gran medida, esa percepción puede estar siendo afectada por no llegar a resultados mucho más contundentes alrededor de los escándalos.
Lo que estaría señalando el indicador es que todavía en ámbitos como la contratación y el uso de recursos públicos se ven debilidades y afectaciones, así como abuso de poder, que conlleva a mayor corrupción.
¿Qué tan relacionado está el estancamiento con la pandemia?
La corrupción y los ámbitos por donde se desvían recursos ya existían antes de la pandemia. Lo que el contexto de ella nos hizo ver es que esos riesgos que veníamos identificando desde antes se exacerbaron, entre otras, porque tuvimos que vivir un contexto de ejecución de recursos de forma ágil para responder a necesidades inmediatas y no se podían seguir procedimientos tradicionales. Esa fue la tendencia que vimos en todo el mundo. Lastimosamente, bajo esas condiciones de urgencia y sabiendo que teníamos problemas de corrupción que ya existían previamente, lo que vimos en 2020 fue que la pandemia exacerbó el riesgo de hechos de corrupción.
Sumado a ello, en muchos países, incluida Colombia, hubo una tendencia y es que, pese a los diseños democráticos para controlar el Poder Ejecutivo, en algunos casos este fue más allá de los límites y terminó afectando a otras ramas del poder público. Eso estructuralmente es preocupante porque podría quedar la sensación que hay una preponderancia del Ejecutivo sobre los demás y es necesario ignorar o dejar de lado controles que para la democracia son fundamentales. Los países con indicadores más bajos coinciden con esta tendencia a debilitar mecanismos de control. La pandemia también nos deja un escenario preocupante de alerta frente a la dificultad de pedirles cuentas a los poderes ejecutivos.
En el informe se concluye que la mayoría de países evaluados no han registrado ningún avance, es decir, ¿no es un problema solo de Colombia?
Lo que estamos viendo desde hace un par de años en Transparencia Internacional es que 2/3 partes del mundo están en un puntaje muy bajo, por debajo de 50. Ello indica, metodológicamente, que hay niveles de corrupción muy serios en el sector público de un país. Es muy preocupante que la mayoría esté en esa situación. Por ello se propone abordar este tema tanto en el ámbito nacional como global.
De allí la insistencia en castigos, sanciones y resultados frente a los grandes escándalos. Pero lo que vemos es la incidencia de redes de corrupción que operan a nivel transnacional y que generan afectaciones en un país específico, pero que exigen una respuesta global. Mientras esos 2/3 mantengan esa situación y no podamos, de manera paralela, seguir tomando medidas nacionales y globales, los obstáculos siguen siendo mayores.
¿Qué lectura hacen de la polémica alrededor de la confidencialidad frente a los contratos y acuerdos con farmacéuticas por las vacunas?
No deberíamos sacrificar transparencia y rendición de cuentas por acceso a vacunas. Es un dilema que no debemos asumir como correcto. Hemos considerado que la transparencia es uno de los vehículos que ayudan a que la gestión gubernamental, en un momento tan complicado, cuente con mayor legitimidad y confianza por parte de la ciudadanía. Hay una gran expectativa de la ciudadanía de saber cuándo nos van a vacunar y cuándo será nuestro turno, y tener acceso a documentación oficial es fundamental para poder responderlo.
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Entendemos, por supuesto, que puedan existir elementos de reserva, pero eso no significa que no se le deba dar divulgación a lo que se conoce como versiones públicas de los documentos, en los que se oculta justamente lo que la ley permite ocultar y que está relacionado con el secreto comercial. Si hay un tema que, a la luz de la ley, deba estar reservado, se puede hacer, pero eso no significa que no se publique información sobre la gestión. Para el plan de vacunación también necesitaremos más insumos y claridad en las reglas de juego. Ahí la transparencia, junto a mecanismos de prevención de hechos de corrupción, resultan fundamentales. Insisto, la transparencia no es opuesta a la atención de la emergencia que estamos viviendo.
Para hacerle frente a la percepción recomiendan, entre otros, independencia de los órganos de control. ¿Sí se puede en Colombia cuando Procuraduría, Contraloría, Defensoría y hasta Fiscalía están en cabeza de personas cercanas al gobierno de Iván Duque?
El fortalecimiento de la independencia y la capacidad de los órganos de control, junto con otras medidas, no aplican solamente para Colombia. Casi que el mundo entero está enfrentando esta situación. Compartimos esa alerta frente a lo que está pasando en Colombia, pero la única manera de resolver la posible falta de independencia entre los órganos de control y el Ejecutivo es que veamos las decisionesde estos organismos.
Serán las decisiones y cómo se manejen los conflictos de interés los que terminen definiendo si esa independencia es real. El control que se ejerza en pandemia también al tema de vacunación será decisivo. El Gobierno les ha pedido a estos organismos que acompañen el plan de vacunación, y su función no es acompañar, su rol es vigilar y hacer control. El Ejecutivo debe estar lo suficientemente preparado para los controles que existen dentro del sistema democrático. Veremos la independencia con las decisiones, sus sanciones y controles.
Mencionó que en la elaboración del índice participan privados y empresarios. ¿Qué tan problemático es entonces que, entre los países de la OCDE, Colombia ocupe el penúltimo puesto, superando solo a México?
Es una señal negativa, pero que al mismo tiempo traza un camino de acción. A la ciudadanía le han dicho que Colombia accedió a la OCDE, entre otras, porque es el club de las buenas prácticas. Ojalá podamos aprovechar ese gran cúmulo de experiencia para fortalecer algo que alertamos el año pasado: Sentimos que los instrumentos de política pública para la lucha contra la corrupción se han debilitado. Posiblemente tenga que ver la pandemia, pero esos instrumentos no están teniendo el lugar preponderante que deberían tener. La idea es que los tomadores de decisiones tengan una ruta clara de acción frente a la lucha contra la corrupción. La meta que debe plantearse el país es no estar por debajo de 50, creemos que es una visión que sigue haciendo falta.
jgonzalez@elespectador.com