“No es algo sistemático”:Guillermo Rivera sobre crímenes de defensores de derechos humanos

Según las cifras oficiales, en lo corrido del año 12 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, aunque algunas organizaciones no gubernamentales hablan de 28. Las llamadas bacrim (bandas criminales), que según el Gobierno surgieron tras la desmovilización de los paramilitares mas no constituyen un fenómeno similar, se han convertido en la principal amenaza. Sin embargo, para el Ejecutivo no se puede hablar de sistematicidad o de un patrón que permita inferir que se trate de acciones coordinadas o de una política “de exterminio”, como se dio en el pasado. Al menos eso dice el alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, en este diálogo con El Espectador, donde además explica las medidas de protección que se están tomando y fija la postura del Gobierno en la lucha contra las bacrim.

¿Es válida la tesis de que el paramilitarismo ya no existe?

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Defensoría del Pueblo y el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hablan de grupos pos-desmovilización. En la introducción del quinto acuerdo en la mesa de diálogos de La Habana se señala el compromiso de adelantar acciones para desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. Los hechos indican que el fenómeno que existe hoy es muy distinto al del paramilitarismo que conoció Colombia hasta el año 2006.

Pero hay paros armados y persisten las denuncias de amenazas y crímenes contra defensores de derechos humanos...

El Gobierno está preocupado por lo que está ocurriendo y rechaza y condena todos los atentados que se han presentado. Estamos evaluando con mucho rigor las cifras y cada uno de los casos para establecer claramente qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los orígenes y, con base en ese diagnóstico, pasar a tomar las medidas más eficaces para ofrecerles garantías, a ellos y a líderes políticos y sociales de la izquierda.

¿Y el caso de Klaus Zapata?

Sobre este integrante de la Juventud Comunista que murió en Soacha, la Fiscalía ha identificado al homicida. Además, el acervo probatorio, que incluye testigos y unos videos, indica que fue una riña lo que desencadenó el crimen.

¿Y el del escolta de la UP en Arauca, Milton Yesid Escobar?

El Eln se atribuyó ese asesinato. Uno empieza a revisar caso por caso y encuentra diferencias sustanciales. Por eso insistimos en que no tenemos elementos de juicio para decir que existe algo sistemático o un mismo patrón en todos los homicidios, porque se observa que cada uno de ellos no obedece a móviles similares, no obstante que la Fiscalía ha planteado —como primera hipótesis y tratándose de defensores de derechos humanos— la militancia en esta tarea.

O sea, para el Gobierno los asesinatos no obedecen a temas políticos…

Coincidimos en la preocupación, en el sentido de que estas estructuras están atentando contra defensores de derechos humanos. Pero un reciente informe de la ONU hace una adecuada descripción de las modalidades de los crímenes, señalando tres entornos: las agresiones contra líderes de restitución de tierras, que ocurren en la zona norte del país; las agresiones contra denunciantes de actividades de minería ilegal, que fundamentalmente han ocurrido en Nariño y Cauca, y los ataques contra defensores de derechos humanos que litigan ante los estrados judiciales por el esclarecimiento de crímenes. Son realidades distintas, que ocurren en diferentes regiones y que no expresan un patrón de comportamiento. Esto no quiere decir que no nos preocupe. Este gobierno sólo busca dar garantías.

Pareciera entonces un problema semántico, pero en el fondo es lo mismo…

Lo que el Gobierno tiene claro es que existen estructuras de crimen organizado en varias regiones, que responden a intereses ilícitos pero diversos y, por lo tanto, no existe un patrón que los identifique a todos. Hay zonas donde esas estructuras responden también a actividades de narcotráfico. Es un asunto que preocupa y continuaremos combatiéndolo. A lo mejor el país no se ha dado cuenta, pero las cifras son elocuentes: de julio de 2015 a marzo de este año hay 1.952 capturados por pertenecer a estos grupos criminales.

¿De verdad están arrinconadas las bacrim, como dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas?

Estos grupos criminales intentan reaccionar a la persecución de la Fuerza Pública porque, como le decía, se han presentado 1.952 capturas, entre ellas las de 22 cabecillas.

Dicen que lo que buscan es reconocimiento político...

El Gobierno ha negado y seguirá negando cualquier reconocimiento político, porque no puede existir esa figura para organizaciones que tiene como característica la delincuencia común.

¿Y no sería mejor incluirlos en una propuesta de negociación?

Darles reconocimiento político sería un error histórico y este gobierno no lo va a cometer. A estos grupos criminales lo único que les cabe es el sometimiento a la justicia, y la legislación penal colombiana consagra instrumentos para ello.

¿Son conscientes de que este fenómeno demora la negociación de paz en Cuba?

Tan conscientes que uno de los acuerdos parciales que ya han sido suscritos en La Habana indica que se van a desarrollar acciones para el desmantelamiento de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. El Gobierno ya ha implementado acciones y está combatiéndolas.

¿Acciones como cuáles?

En reunión con dirigentes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el senador Iván Cepeda e integrantes de la UP, surgió la propuesta de constituir, de manera transitoria, un grupo mixto en el que esté representado el Estado por los ministros del Interior y de Defensa, el director de la Policía, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, el fiscal general y el defensor del Pueblo. Además estarán cinco voceros de las organizaciones políticas y sociales de la izquierda democrática y de las plataformas de derechos humanos. Ese grupo tiene como propósitos evaluar cada una de las agresiones que se han presentado y discutir sobre las medidas más eficaces para que el Gobierno ofrezca garantías.

¿Cuándo se materializará esa propuesta?

La reunión se hizo el 6 de abril y desde las organizaciones se pidió tiempo, mientras escogen a sus voceros y maduran su propuesta. Estamos esperando que decidan para empezar a trabajar. Más de 3.000 personas que tienen esquemas de la Unidad Nacional de Protección hacen parte de las organizaciones de izquierda. Desde el Gobierno destacamos que la izquierda democrática y las organizaciones de derechos humanos insisten en que no se puede seguir en esa tendencia de escoltas y carros blindados, sino que se necesitan resultados judiciales que desmantelen esas estructuras de crimen organizado.

El problema es que la impunidad sigue siendo lo que prevalece...

Las decisiones judiciales son las medidas preventivas más eficaces. Al fenómeno de homicidios y amenazas a defensores de derechos humanos le estamos haciendo un seguimiento bajo el modelo de microgerencia desde el Ministerio del Interior y la Consejería de Derechos Humanos, en asocio con la Fiscalía y la Defensoría. Se han hecho mesas regionales de garantías en Soacha, Popayán y Sincelejo. Con el fiscal Perdomo nos hemos reunido semanalmente para conocer el estado de las investigaciones. Eso es lo que se requiere: que la Fiscalía ofrezca resultados, que capture a los responsables, que presente las pruebas ante los jueces. Y la Policía también viene actuando con efectividad.

Según las cifras oficiales, en lo corrido del año 12 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en el país, aunque algunas organizaciones no gubernamentales hablan de 28. Las llamadas bacrim (bandas criminales), que según el Gobierno surgieron tras la desmovilización de los paramilitares mas no constituyen un fenómeno similar, se han convertido en la principal amenaza. Sin embargo, para el Ejecutivo no se puede hablar de sistematicidad o de un patrón que permita inferir que se trate de acciones coordinadas o de una política “de exterminio”, como se dio en el pasado. Al menos eso dice el alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, en este diálogo con El Espectador, donde además explica las medidas de protección que se están tomando y fija la postura del Gobierno en la lucha contra las bacrim.

¿Es válida la tesis de que el paramilitarismo ya no existe?

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, la Defensoría del Pueblo y el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos hablan de grupos pos-desmovilización. En la introducción del quinto acuerdo en la mesa de diálogos de La Habana se señala el compromiso de adelantar acciones para desmantelar las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. Los hechos indican que el fenómeno que existe hoy es muy distinto al del paramilitarismo que conoció Colombia hasta el año 2006.

Pero hay paros armados y persisten las denuncias de amenazas y crímenes contra defensores de derechos humanos...

El Gobierno está preocupado por lo que está ocurriendo y rechaza y condena todos los atentados que se han presentado. Estamos evaluando con mucho rigor las cifras y cada uno de los casos para establecer claramente qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los orígenes y, con base en ese diagnóstico, pasar a tomar las medidas más eficaces para ofrecerles garantías, a ellos y a líderes políticos y sociales de la izquierda.

¿Y el caso de Klaus Zapata?

Sobre este integrante de la Juventud Comunista que murió en Soacha, la Fiscalía ha identificado al homicida. Además, el acervo probatorio, que incluye testigos y unos videos, indica que fue una riña lo que desencadenó el crimen.

¿Y el del escolta de la UP en Arauca, Milton Yesid Escobar?

El Eln se atribuyó ese asesinato. Uno empieza a revisar caso por caso y encuentra diferencias sustanciales. Por eso insistimos en que no tenemos elementos de juicio para decir que existe algo sistemático o un mismo patrón en todos los homicidios, porque se observa que cada uno de ellos no obedece a móviles similares, no obstante que la Fiscalía ha planteado —como primera hipótesis y tratándose de defensores de derechos humanos— la militancia en esta tarea.

O sea, para el Gobierno los asesinatos no obedecen a temas políticos…

Coincidimos en la preocupación, en el sentido de que estas estructuras están atentando contra defensores de derechos humanos. Pero un reciente informe de la ONU hace una adecuada descripción de las modalidades de los crímenes, señalando tres entornos: las agresiones contra líderes de restitución de tierras, que ocurren en la zona norte del país; las agresiones contra denunciantes de actividades de minería ilegal, que fundamentalmente han ocurrido en Nariño y Cauca, y los ataques contra defensores de derechos humanos que litigan ante los estrados judiciales por el esclarecimiento de crímenes. Son realidades distintas, que ocurren en diferentes regiones y que no expresan un patrón de comportamiento. Esto no quiere decir que no nos preocupe. Este gobierno sólo busca dar garantías.

Pareciera entonces un problema semántico, pero en el fondo es lo mismo…

Lo que el Gobierno tiene claro es que existen estructuras de crimen organizado en varias regiones, que responden a intereses ilícitos pero diversos y, por lo tanto, no existe un patrón que los identifique a todos. Hay zonas donde esas estructuras responden también a actividades de narcotráfico. Es un asunto que preocupa y continuaremos combatiéndolo. A lo mejor el país no se ha dado cuenta, pero las cifras son elocuentes: de julio de 2015 a marzo de este año hay 1.952 capturados por pertenecer a estos grupos criminales.

¿De verdad están arrinconadas las bacrim, como dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas?

Estos grupos criminales intentan reaccionar a la persecución de la Fuerza Pública porque, como le decía, se han presentado 1.952 capturas, entre ellas las de 22 cabecillas.

Dicen que lo que buscan es reconocimiento político...

El Gobierno ha negado y seguirá negando cualquier reconocimiento político, porque no puede existir esa figura para organizaciones que tiene como característica la delincuencia común.

¿Y no sería mejor incluirlos en una propuesta de negociación?

Darles reconocimiento político sería un error histórico y este gobierno no lo va a cometer. A estos grupos criminales lo único que les cabe es el sometimiento a la justicia, y la legislación penal colombiana consagra instrumentos para ello.

¿Son conscientes de que este fenómeno demora la negociación de paz en Cuba?

Tan conscientes que uno de los acuerdos parciales que ya han sido suscritos en La Habana indica que se van a desarrollar acciones para el desmantelamiento de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. El Gobierno ya ha implementado acciones y está combatiéndolas.

¿Acciones como cuáles?

En reunión con dirigentes de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, el senador Iván Cepeda e integrantes de la UP, surgió la propuesta de constituir, de manera transitoria, un grupo mixto en el que esté representado el Estado por los ministros del Interior y de Defensa, el director de la Policía, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, el fiscal general y el defensor del Pueblo. Además estarán cinco voceros de las organizaciones políticas y sociales de la izquierda democrática y de las plataformas de derechos humanos. Ese grupo tiene como propósitos evaluar cada una de las agresiones que se han presentado y discutir sobre las medidas más eficaces para que el Gobierno ofrezca garantías.

¿Cuándo se materializará esa propuesta?

La reunión se hizo el 6 de abril y desde las organizaciones se pidió tiempo, mientras escogen a sus voceros y maduran su propuesta. Estamos esperando que decidan para empezar a trabajar. Más de 3.000 personas que tienen esquemas de la Unidad Nacional de Protección hacen parte de las organizaciones de izquierda. Desde el Gobierno destacamos que la izquierda democrática y las organizaciones de derechos humanos insisten en que no se puede seguir en esa tendencia de escoltas y carros blindados, sino que se necesitan resultados judiciales que desmantelen esas estructuras de crimen organizado.

El problema es que la impunidad sigue siendo lo que prevalece...

Las decisiones judiciales son las medidas preventivas más eficaces. Al fenómeno de homicidios y amenazas a defensores de derechos humanos le estamos haciendo un seguimiento bajo el modelo de microgerencia desde el Ministerio del Interior y la Consejería de Derechos Humanos, en asocio con la Fiscalía y la Defensoría. Se han hecho mesas regionales de garantías en Soacha, Popayán y Sincelejo. Con el fiscal Perdomo nos hemos reunido semanalmente para conocer el estado de las investigaciones. Eso es lo que se requiere: que la Fiscalía ofrezca resultados, que capture a los responsables, que presente las pruebas ante los jueces. Y la Policía también viene actuando con efectividad.