No habrá acuerdo de La Habana

El punto final de la agenda convenida entre el Gobierno y las Farc dice simple y textualmente: “6.6. Mecanismo de refrendación de los acuerdos”. Y el presidente ha prometido varias veces que tendremos referendo, pero resulta que las Farc no están de acuerdo, por tanto el presidente no podía prometer el referendo.

Esto no es mero capricho. Las Farc no pueden arriesgarse a que el pueblo rechace los acuerdos, porque entonces tendrían dos opciones: eternizar su guerra degradada o desmovilizarse sin ninguna garantía. Mejor dicho, rendirse sin siquiera lograr lo que Uribe les ofrece: someterse a la justicia a cambio de una rebaja de penas. Para las Farc, por tanto, es imposible someterse a referendo, consulta, séptima papeleta o cualquier otra forma de votación popular sobre el acuerdo.

La alternativa es elegir un cuerpo colegiado —la constituyente que piden las Farc o el “congresito” que propone Uribe— para la “refrendación de los acuerdos”. Pero resulta que este cuerpo no podría limitarse a refrendar el acuerdo: su oficio sería rehacerlo, es decir, reescribirlo, es decir, renegociarlo. Renegociarlo con Uribe —cuya bancada en el “congresito” sería muy grande— o renegociarlo con la izquierda dura —si la constituyente fuera integrada como las Farc proponen—. Y en todo caso Santos no puede aceptar un asamblea que deshaga lo que con tanto esfuerzo y costos logró hacer en La Habana.

Y como sólo hay dos métodos para que el pueblo refrende los acuerdos —la votación directa o la elección de un cuerpo colegiado— quedamos en que el Gobierno y las Farc no podrán acordar “el mecanismo de refrendación de los acuerdos”.

Increíble pero cierto: aun después de negociar los temas duros de la agenda (tierras, drogas, víctimas, penas reducidas y hasta curules para exguerrilleros...), será imposible negociar el “detalle” del cual depende la vigencia del acuerdo.

Dicho en tres palabras claras: no habrá acuerdo.

La confusión

Como pasa en esta patria de gramáticos, el problema es de semántica. Según la Real Academia Española, “refrendar” significa “corroborar algo afirmándolo”, es decir, aprobar o validar lo que otros dijeron o acordaron. Por eso entendemos todos que se trata de que el pueblo de algún modo ratifique o “legitime” lo que se acuerde en La Habana.

Pero sucede que los mecanismos para “refrendar” no sirven apenas para refrendar sino ante todo para modificar o para desarrollar el acuerdo. La constituyente o el congresito reescribirían, como dije, los acuerdos. Y un referendo debe referirse a una ley o a un artículo preciso de la Constitución —no a un largo acuerdo de paz—, de modo que por esta vía es imposible “refrendar” el acuerdo de La Habana (por otra parte, la consulta popular es aplicable sólo a medidas administrativas puntuales —como decir ahora el Pico y Placa o las corridas de toros— y la Registraduría ni siquiera podría contabilizar la séptima papeleta o cualquier otra ocurrencia de algún otro Roy Barreras).

La solución

Cosa distinta habría sido decir que el acuerdo de La Habana quedará en firme cuando las partes lo firmen (es decir, que no habría “refrendación”), pero que una vez en firme deberán tramitarse las leyes o reformas constitucionales que resulten de ese acuerdo.

Esto sí tendría sentido. Primero, porque en La Habana no está negociando el Estado sino apenas el Gobierno, que no puede expedir leyes o enmiendas constitucionales, sino sólo presentar y apoyar las leyes o reformas respectivas. Segundo, porque esas leyes o enmiendas —no el acuerdo como tal— pueden ser tramitadas por una de las tres vías que establece la Constitución: (1) la del Congreso (no la de otro “congresito”); (2) la de una constituyente “elegida por el voto directo de los ciudadanos” (no como proponen las Farc), o (3) la de un referendo o serie de referendos legales o constitucionales para aprobar o rechazar cada norma específica.

De modo pues que la salida de semejante lío es muy sencilla: que las partes que acordaron la agenda ahora acuerden borrar el “puntico” final. O para más claridad —de ellos y de nosotros— que lo reemplacen por esta “pequeña” variante: “6.6. Mecanismo para el desarrollo jurídico de los acuerdos”.

La reacción

Por supuesto que Uribe y Ordóñez (hoy jefe de la oposición) pondrían el grito en el cielo. Dirían que en Cuba sí se negoció a “espaldas del país” y que Santos nos volvió a engañar. Pero estas cosas las dicen y dirán de todas formas. Es más: el gran motor detrás de la “refrendación” es el temor de que en La Habana se esté acordando una revolución por contrato con las Farc, como si Santos, De la Calle, Villegas, los generales Naranjo y Ospina fueran todos bobos o criptocomunistas.

Ese temor de muchos colombianos alimenta la idea de que el acuerdo debe ser aprobado por el pueblo. Mejor dicho, negado por el pueblo, porque según las encuestas los ciudadanos sí quieren la paz, pero que sea gratis, esto es, sin hacerles concesiones a las Farc.

Y sin embargo los últimos gobiernos han firmado seis acuerdos de paz con otras tantas organizaciones armadas (M-19, Epl, Quintín Lame, Prt, Crs y Auc). Ninguno fue votado por el pueblo, ni por entonces se habló de “refrendarlos”. En especial hay que notar que el precedente inmediato del eventual perdón para las Farc —el pacto de Ralito— no fue votado por el pueblo, y sin embargo su autor exige ahora que se consulte al pueblo. O —en el otro sentido— cabría preguntar si en el evento de un acuerdo con el Eln necesitaríamos un nuevo referendo, constituyente o congresito.

La democracia

El argumento más taquillero —y más serio— contra el sencillo remedio que sugiero es por supuesto que en una democracia el pueblo tiene la última palabra. Yo creo en la democracia.

Pero en primer lugar resulta ser que el pueblo ya votó sobre el acuerdo de La Habana: exactamente de eso se trataron las dos vueltas para elegir al presidente de Colombia. Se dirá que la opinión sigue polarizada y que el 45% de la gente votó contra el proceso de La Habana. Pero con esta lógica habría que repetir todas las elecciones o volver a validar indefinidamente lo que ya fue aprobado. El referendo equivaldría a la tercera vuelta en las presidenciales, lo cual —por más que lo deseen los perdedores en segunda vuelta— sería un sinsentido político y jurídico.

En segundo lugar —y más de fondo— el “mecanismo para la refrendación de los acuerdos” sería una burla a la democracia. ¿Cómo pedirle a alguien, sin ofenderlo, que conteste con un simple “sí” o “no” a un documento que (a medio andar de la agenda) ya llevaba 68 páginas? ¿O alguien espera que el Gobierno y las Farc redacten juntos las preguntas precisas para ir al referendo? ¿De dónde sacan, si no, que una constituyente o un congresito inventados serían más “legítimos” que el (mal) Congreso y el (mal) Gobierno que elegimos bajo reglas de juego preexistentes y sobre las cuales ya existía consenso?

La escalera

El “puntico” final de la agenda no fue fruto de un descuido: viene de la desconfianza que las Farc y el Gobierno se tienen con razón a raíz de La Uribe y del Caguán, de modo que ambos se guardaron esta especie de derecho de retracto (“firmo, pero haré nuevas consultas”).

Las Farc pensaban en su constituyente, y así lo propusieron al negociar el punto 2 de la agenda (“participación política”). Santos les replicó con el referendo, es decir, con la amenaza de que si pedían demasiado el pueblo no aceptaría el acuerdo. Es más: el referendo sigue sirviendo hoy como un recurso de negociación para el Gobierno.

Pero la cosa se enredó con la campaña electoral que Santos casi pierde porque no pudo explicar por qué estaba negociando en medio del conflicto (o sea, por qué las Farc seguían —y siguen— delinquiendo). Arrinconado por Zuluaga, el candidato presidente prometió, para tranquilizar a los votantes, que ellos “tendrían la última palabra”. Sin consultarles a las Farc, se embarcó en el referendo.

De esta manera Santos y las Farc acabaron trepados en un árbol de donde no es fácil bajarse. Tarde o temprano las Farc se bajarán de su constituyente, por la simple razón de que la guerra no la ganaron ellas. Por otro lado, el fiscal, abusando de su cargo, le acercó una escalera al presidente al declarar que “el referendo no es jurídicamente necesario ni políticamente conveniente”. El Partido de la U le ofreció la escalerilla de la séptima papeleta en las elecciones de octubre. Y vendrán los ingeniosos, los juristas y lagartos que abundan a sugerir toda suerte de andamiajes.

Pero mejor sería —como siempre— la verdad. Borrar o enmendar el punto 6.6. Dar la batalla pedagógica y política para explicar por qué el acuerdo entre el Gobierno legítimo y las Farc no necesita, ni debe, ni puede quedar sujeto a congresitos, constituyentes, referendos, consultas ni papeletas.

Tratar al pueblo como adulto es el camino real hacia una paz “estable y duradera”.

*Director y editor general de Razón Pública.

El punto final de la agenda convenida entre el Gobierno y las Farc dice simple y textualmente: “6.6. Mecanismo de refrendación de los acuerdos”. Y el presidente ha prometido varias veces que tendremos referendo, pero resulta que las Farc no están de acuerdo, por tanto el presidente no podía prometer el referendo.

Esto no es mero capricho. Las Farc no pueden arriesgarse a que el pueblo rechace los acuerdos, porque entonces tendrían dos opciones: eternizar su guerra degradada o desmovilizarse sin ninguna garantía. Mejor dicho, rendirse sin siquiera lograr lo que Uribe les ofrece: someterse a la justicia a cambio de una rebaja de penas. Para las Farc, por tanto, es imposible someterse a referendo, consulta, séptima papeleta o cualquier otra forma de votación popular sobre el acuerdo.

La alternativa es elegir un cuerpo colegiado —la constituyente que piden las Farc o el “congresito” que propone Uribe— para la “refrendación de los acuerdos”. Pero resulta que este cuerpo no podría limitarse a refrendar el acuerdo: su oficio sería rehacerlo, es decir, reescribirlo, es decir, renegociarlo. Renegociarlo con Uribe —cuya bancada en el “congresito” sería muy grande— o renegociarlo con la izquierda dura —si la constituyente fuera integrada como las Farc proponen—. Y en todo caso Santos no puede aceptar un asamblea que deshaga lo que con tanto esfuerzo y costos logró hacer en La Habana.

Y como sólo hay dos métodos para que el pueblo refrende los acuerdos —la votación directa o la elección de un cuerpo colegiado— quedamos en que el Gobierno y las Farc no podrán acordar “el mecanismo de refrendación de los acuerdos”.

Increíble pero cierto: aun después de negociar los temas duros de la agenda (tierras, drogas, víctimas, penas reducidas y hasta curules para exguerrilleros...), será imposible negociar el “detalle” del cual depende la vigencia del acuerdo.

Dicho en tres palabras claras: no habrá acuerdo.

La confusión

Como pasa en esta patria de gramáticos, el problema es de semántica. Según la Real Academia Española, “refrendar” significa “corroborar algo afirmándolo”, es decir, aprobar o validar lo que otros dijeron o acordaron. Por eso entendemos todos que se trata de que el pueblo de algún modo ratifique o “legitime” lo que se acuerde en La Habana.

Pero sucede que los mecanismos para “refrendar” no sirven apenas para refrendar sino ante todo para modificar o para desarrollar el acuerdo. La constituyente o el congresito reescribirían, como dije, los acuerdos. Y un referendo debe referirse a una ley o a un artículo preciso de la Constitución —no a un largo acuerdo de paz—, de modo que por esta vía es imposible “refrendar” el acuerdo de La Habana (por otra parte, la consulta popular es aplicable sólo a medidas administrativas puntuales —como decir ahora el Pico y Placa o las corridas de toros— y la Registraduría ni siquiera podría contabilizar la séptima papeleta o cualquier otra ocurrencia de algún otro Roy Barreras).

La solución

Cosa distinta habría sido decir que el acuerdo de La Habana quedará en firme cuando las partes lo firmen (es decir, que no habría “refrendación”), pero que una vez en firme deberán tramitarse las leyes o reformas constitucionales que resulten de ese acuerdo.

Esto sí tendría sentido. Primero, porque en La Habana no está negociando el Estado sino apenas el Gobierno, que no puede expedir leyes o enmiendas constitucionales, sino sólo presentar y apoyar las leyes o reformas respectivas. Segundo, porque esas leyes o enmiendas —no el acuerdo como tal— pueden ser tramitadas por una de las tres vías que establece la Constitución: (1) la del Congreso (no la de otro “congresito”); (2) la de una constituyente “elegida por el voto directo de los ciudadanos” (no como proponen las Farc), o (3) la de un referendo o serie de referendos legales o constitucionales para aprobar o rechazar cada norma específica.

De modo pues que la salida de semejante lío es muy sencilla: que las partes que acordaron la agenda ahora acuerden borrar el “puntico” final. O para más claridad —de ellos y de nosotros— que lo reemplacen por esta “pequeña” variante: “6.6. Mecanismo para el desarrollo jurídico de los acuerdos”.

La reacción

Por supuesto que Uribe y Ordóñez (hoy jefe de la oposición) pondrían el grito en el cielo. Dirían que en Cuba sí se negoció a “espaldas del país” y que Santos nos volvió a engañar. Pero estas cosas las dicen y dirán de todas formas. Es más: el gran motor detrás de la “refrendación” es el temor de que en La Habana se esté acordando una revolución por contrato con las Farc, como si Santos, De la Calle, Villegas, los generales Naranjo y Ospina fueran todos bobos o criptocomunistas.

Ese temor de muchos colombianos alimenta la idea de que el acuerdo debe ser aprobado por el pueblo. Mejor dicho, negado por el pueblo, porque según las encuestas los ciudadanos sí quieren la paz, pero que sea gratis, esto es, sin hacerles concesiones a las Farc.

Y sin embargo los últimos gobiernos han firmado seis acuerdos de paz con otras tantas organizaciones armadas (M-19, Epl, Quintín Lame, Prt, Crs y Auc). Ninguno fue votado por el pueblo, ni por entonces se habló de “refrendarlos”. En especial hay que notar que el precedente inmediato del eventual perdón para las Farc —el pacto de Ralito— no fue votado por el pueblo, y sin embargo su autor exige ahora que se consulte al pueblo. O —en el otro sentido— cabría preguntar si en el evento de un acuerdo con el Eln necesitaríamos un nuevo referendo, constituyente o congresito.

La democracia

El argumento más taquillero —y más serio— contra el sencillo remedio que sugiero es por supuesto que en una democracia el pueblo tiene la última palabra. Yo creo en la democracia.

Pero en primer lugar resulta ser que el pueblo ya votó sobre el acuerdo de La Habana: exactamente de eso se trataron las dos vueltas para elegir al presidente de Colombia. Se dirá que la opinión sigue polarizada y que el 45% de la gente votó contra el proceso de La Habana. Pero con esta lógica habría que repetir todas las elecciones o volver a validar indefinidamente lo que ya fue aprobado. El referendo equivaldría a la tercera vuelta en las presidenciales, lo cual —por más que lo deseen los perdedores en segunda vuelta— sería un sinsentido político y jurídico.

En segundo lugar —y más de fondo— el “mecanismo para la refrendación de los acuerdos” sería una burla a la democracia. ¿Cómo pedirle a alguien, sin ofenderlo, que conteste con un simple “sí” o “no” a un documento que (a medio andar de la agenda) ya llevaba 68 páginas? ¿O alguien espera que el Gobierno y las Farc redacten juntos las preguntas precisas para ir al referendo? ¿De dónde sacan, si no, que una constituyente o un congresito inventados serían más “legítimos” que el (mal) Congreso y el (mal) Gobierno que elegimos bajo reglas de juego preexistentes y sobre las cuales ya existía consenso?

La escalera

El “puntico” final de la agenda no fue fruto de un descuido: viene de la desconfianza que las Farc y el Gobierno se tienen con razón a raíz de La Uribe y del Caguán, de modo que ambos se guardaron esta especie de derecho de retracto (“firmo, pero haré nuevas consultas”).

Las Farc pensaban en su constituyente, y así lo propusieron al negociar el punto 2 de la agenda (“participación política”). Santos les replicó con el referendo, es decir, con la amenaza de que si pedían demasiado el pueblo no aceptaría el acuerdo. Es más: el referendo sigue sirviendo hoy como un recurso de negociación para el Gobierno.

Pero la cosa se enredó con la campaña electoral que Santos casi pierde porque no pudo explicar por qué estaba negociando en medio del conflicto (o sea, por qué las Farc seguían —y siguen— delinquiendo). Arrinconado por Zuluaga, el candidato presidente prometió, para tranquilizar a los votantes, que ellos “tendrían la última palabra”. Sin consultarles a las Farc, se embarcó en el referendo.

De esta manera Santos y las Farc acabaron trepados en un árbol de donde no es fácil bajarse. Tarde o temprano las Farc se bajarán de su constituyente, por la simple razón de que la guerra no la ganaron ellas. Por otro lado, el fiscal, abusando de su cargo, le acercó una escalera al presidente al declarar que “el referendo no es jurídicamente necesario ni políticamente conveniente”. El Partido de la U le ofreció la escalerilla de la séptima papeleta en las elecciones de octubre. Y vendrán los ingeniosos, los juristas y lagartos que abundan a sugerir toda suerte de andamiajes.

Pero mejor sería —como siempre— la verdad. Borrar o enmendar el punto 6.6. Dar la batalla pedagógica y política para explicar por qué el acuerdo entre el Gobierno legítimo y las Farc no necesita, ni debe, ni puede quedar sujeto a congresitos, constituyentes, referendos, consultas ni papeletas.

Tratar al pueblo como adulto es el camino real hacia una paz “estable y duradera”.

*Director y editor general de Razón Pública.