La dirección administrativa de la Cámara de Representantes se pronunció sobre una de sus mayores controversias que aparece cada tanto: el gasto de los vehículos de la corporación que son usados por los congresistas.
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La cámara baja tiene su propio parque automotor y una de las grandes preguntas en torno a él era por qué no se utilizaban los carros allí guardados en los esquemas de seguridad de los congresistas. Anteriormente se usaban para tal fin, pero desde un tiempo para atrás esto ha venido cambiando: mientras algunos de estos vehículos eran empleados para movilizar hasta a los secretarios de las comisiones del Congreso, otros permanecen al sol de hoy guardados en el parqueadero de la Cámara, sin uso alguno.
A mediados de año, John Abuid Ramírez, director administrativo de la Cámara, y David Racero, presidente de la misma corporación, le contaron a este diario que los vehículos dejaron de prestarse a los secretarios de las comisiones y apenas algunos son usados para transportar a los encargados de la prensa institucional. A la par, señalaron que la idea era salir de los carros y motos que hacen parte del parque automotor pero que por temas técnicos y de mantenimiento no se pueden sacar.
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Pues bien, por medio de un comunicado, esta semana, la mesa administrativa señaló que el proceso para dar la baja a la flota de vehículos no ha terminado. Muchos de ellos se van a permutar.
“Desde el 2021 la oficina de Control Interno solicitó la baja de la flota de vehículos de la Cámara de Representantes, por el riesgo y altos costos de mantenimiento, luego de un minucioso estudio técnico-mecánico de las camionetas. El proceso de baja de los vehículos se inició en 2022, sin embargo, ninguno de los posibles oferentes ha logrado reunir los requisitos para terminar con éxito el proceso”, se lee en el documento.
Ante las preguntas sobre una posible renovación de dicha flota, la Cámara aseguró que “no hay detrimento” en el proceso. “Al contrario, se busca generar ahorro al presupuesto público”, afirmó.
“Mientras dure el proceso la mayoría de los vehículos deben permanecer parqueados, evitando más desgaste y problemas por posibles accidentes de tránsito que pueden generar daños a terceros. En promedio cada uno de los vehículos tiene 193 mil kilómetros2, destacó la dirección administrativa, encargada de operar el gasto de esta corporación.
En ese sentido, la oficina de Ramírez confirmó que la Cámara pasará de tener 50 camionetas a cerca de diez, gracias a la directriz que dicta la no utilización de vehículos oficiales, algo impulsado por Racero, entre otras personas. “Todos los vehículos están inscritos en el RUNT como lo estipula la ley. Los vehículos salen del RUNT únicamente cuando se cancela la matrícula por hurto o desintegración”, aclaró.
El pasado 25 de agosto, David Racero le dijo a El Espectador que para él como presidente de la Cámara era “absolutamente costoso” que las entidades tuvieran vehículos propios porque genera un gasto no misional. “Opino que las entidades deben subcontratar aquellas cosas que no tienen que ver con su misionalidad. Además porque una institución estatal compra un vehículo y se queda ahí 10 o 15 años, hay que mantenerlo y, en últimas, termina generando más costos. Pero el otro año, cuando me toque a mí revisar estos convenios, miraremos qué se debe hacer para ahorrarle presupuesto a la Cámara. Por otro lado, el dinero que generen los vehículos que ya están a la venta no le entran a la Cámara, sino que se va directo al fisco”, agregó.
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