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Este viernes, la Comisión de Paz del Congreso adelanta una audiencia pública sobre la situación de riesgo de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, que se preparó de la mano de Amnistía Internacional y la Comisión Colombiana de Juristas que, con base en un informe de 2020 que presentaron, afirmaron que el Estado no tiene voluntad política para la protección colectiva.
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“Identificamos cuál es el problema y es la falta de voluntad política del Estado para atacar las causas estructurales de la inseguridad en los territorios. El Ejecutivo no se articula para ofrecer una protección y la Fiscalía no actúa contra la impunidad”, dijo Fernanda Doz Costa, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Para la funcionaria, que se ha reunido con diferentes actores del Estado, no hay una definición concreta sobre lo que significa la protección colectiva de líderes y defensores de derechos humanos.
“Pese a que el concepto de protección colectiva está en la legislación, este parece un poco esquivo. Parece que ponen protección y protección de manera intercambiaría. No conseguimos entender que comprenden ellos por protección colectiva. No está claro o quieren que no esté claro. Si diez defensores de la misma zona tienen esquemas individuales, parece que para ellos es protección colectiva, pero eso no lo es”, insistió Doz Costa.
El problema de definición trae a sí mismo, explicó, problemas para responsabilizar a quien no cumple su trabajo. “Ningún funcionario ha sido sancionado por no cumplir su obligación de proteger a personas y comunidades en riesgo. El tema de rendición de cuentas es clave”, insistió la directora para las Américas de Amnistía.
Para ello, le pidió al Congreso, a través de las representantes Ángela María Robledo, María José Pizarro y Juanita Goebertus, tener un papel protagónico en el seguimiento sobre la protección colectiva de líderes sociales y defensores de derechos humanos, exigirle al Gobierno la construcción de una política pública de protección colectiva que especifique responsabilidades de cada entidad del Estado para, cuando hay una falla en la garantía de seguridad, saber a quién señalar.
Además de esto, la petición de Amnistía, la Comisión Colombiana de Juristas y más de 180.000 personas a nivel mundial es para que se cree la comisión de verificación de garantías para personas defensoras, con la que se pueda hacer seguimiento constante sobre la protección de líderes sociales.
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“La responsabilidad de los derechos humanos es una responsabilidad de los tres poderes del Estado”, insistió Doz Costa para hacer partícipe al Congreso de esta preocupación nacional e internacional.
Desde el Congreso, ya se ha explorado la posibilidad de crear la comisión de verificación, sin embargo, esto debe ser tramitado a través de un proyecto legislativo que tardaría, al menos, un año, además de la voluntad política de todas las bancadas. “Los y las parlamentarias ofrecieron la Comisión de Paz, que ha tratado el tema en distintas ocasiones, como el lugar para activar estas discusiones”, señaló la célula legislativa en un comunicado.
En nombre de los líderes sociales y defensores de derechos humanos, Ana María Ciro, del Catatumbo, criticó el rol del Estado en los territorios más afectados por la violencia. “El Gobierno no puede actuar como si no fuera un actor en disputa. El Gobierno sí se disputa los territorios, pero no para la garantía de las comunidades que vivimos allí, sino por los intereses económicos de empresas transnacionales”, dijo en la audiencia.
Esto, para ella, se ve evidenciado en que el Gobierno no haya ratificado una declaración de Naciones Unidas para reconocer a los campesinos como sujetos de derechos o la ratificación del Acuerdo de Escazú. “Esto genera condiciones para vulnerar nuestros derechos”, reiteró.
María Paula Feliciano, del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, le hizo un llamado al Ministerio del Interior para que tenga una participación más activa en la tarea que conlleva la protección de líderes y defensores y que haga más pedagogía y difusión del Decreto 660 de 2018, que es el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, sobre el Plan de Acción Oportuna (PAO).
“La apuesta del Gobierno ha estado enfocada en el PAO, que privilegia la acción militar sobre la ciudadanía”, dijo Feliciano. Desde la Comisión Colombiana de Juristas, Andrea Garzón, compartió la percepción de Amnistía General sobre la falta de voluntad política e hizo énfasis en la necesidad de garantizar protección de forma material e inmaterial. “Un chaleco no es suficiente”, apuntó.
