'No le tengo miedo a Uribe'

Para la exfiscal Viviane Morales, es un falso dilema pedirle a una persona que renuncie a sus convicciones morales porque va a ser un funcionario público. / Andrés Torres - El Espectador

La decisión de ir al Senado en la lista del Partido Liberal no significa la cancelación de su aspiración presidencial, la cual le habían planteado algunas iglesias cristianas y otros sectores independientes de la política nacional. Es sólo un aplazamiento. Por ahora, la exfiscal Viviane Morales quiere llegar al Congreso con una propuesta de reconciliación que, según dice, es contraria a la de odio e intolerancia que plantea el expresidente Álvaro Uribe con su Centro Democrático. Tras un silencio de varios meses, Morales vuelve a la carga y en diálogo con El Espectador arremete contra el uribismo, el procurador Alejandro Ordóñez y hasta la Corte Constitucional. A sus críticos les dice que no se rinde, habla de la paz y cree que Colombia necesita una constituyente.

¿Qué pasó con la propuesta de ser candidata presidencial?

Era una propuesta de movimientos independientes, no solamente cristianos. Pero creo que un escenario fundamental de la historia política de Colombia se va a construir en el próximo Congreso y se van a discutir dos formas distintas de ver el país: la que va a representar el expresidente Uribe y quienes tenemos otra manera de ver a Colombia.

¿Esas dos formas de ver el país son las de la guerra y la paz?

Son propuestas y actitudes de visión de la historia de Colombia. La propuesta de Uribe es la intolerancia, el odio, el fanatismo. La otra, en la que yo creo, es la reconciliación, construir nuevos caminos y no seguir repitiendo el círculo vicioso de los últimos 60 años. Pero no sólo con el uso de la fuerza, sino con la construcción de condiciones diferentes para la gente. Por eso creo que hay que enfrentar la propuesta del uribismo y el país sabe que yo no le tengo miedo a Uribe.

¿El Partido Liberal debe tener candidato a la Presidencia o cree que es mejor subirse al bus de la reelección?

Los partidos deben tener vocación de poder y es una lástima que no tengamos candidato propio. Eso es una debilidad.

Usted propone que la cabeza de lista al Senado del Partido se escoja mediante una encuesta, ¿cree tener ese liderazgo?

Sí y hay que tratar de que esas decisiones sean democráticas. La cabeza de lista, así sea con voto preferente, va a ser quien va a ejercer el liderazgo político en las próximas elecciones y animar a la victoria. Por eso es que quiero que se decida a través de una encuesta donde estemos seguros de que quien encabeza esa lista tiene el respaldo popular.

¿Es necesaria la reelección del presidente Santos para sacar adelante la paz?

Desafortunadamente el debate electoral va a estar marcado entre la opción de la paz y la de la guerra, y se van dibujando dos posibles alternativas fuertes. Ese tema de que una persona sea necesaria para continuar con la paz no me gusta, pero nadie más está tomando esa bandera.

¿Es legítimo pasar de administrar justicia a hacer política?

A mí me sacaron de la Fiscalía. Declararon la nulidad de mi elección, yo no renuncié para hacer política. No tengo ninguna inhabilidad, ni legal ni ética.
¿Es consciente de que volver a la política es exponerse al escrutinio público y a los ataques por su vida personal?
Yo no me rindo. En el tema de la vida personal creo que ha habido una gran ganancia. Trataron de debilitar mi labor como fiscal porque no era muy conveniente para algunos sectores del país. Me atacaron a través de la figura de mi marido, pero ha pasado un año y medio desde que dejé el cargo y la realidad muestra que los procesos que trataron de desvirtuar hablando de un supuesto interés o vinculándolos con la trayectoria de mi marido, porque fue del M-19 o estuvo en la política, todos se han mantenido. Se quedaron sin argumentos.

Hablemos de algunos casos, por ejemplo, lo de la Dirección de Estupefacientes...

Se decía que había interés político en perseguir a personas que estaban involucradas en los casos de Estupefacientes y esa persona ahora confiesa los delitos y pide principio de oportunidad. ¿Cuál persecución?

Lo de Agro Ingreso Seguro...

Ahí se expusieron las pruebas y la Corte Suprema tendrá que manifestar sus argumentos en los próximos meses. Pero han seguido las audiencias y se ha demostrado todo el material probatorio.

¿Y contra María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por lo de las interceptaciones?

Los testigos que presenté como fiscal se mantienen.

El caso del carrusel de la contratación...

Cuando se vinculó por interrogatorio a 18 concejales dijeron que había interés político y que era por las elecciones. Pero la Fiscalía siguió con las investigaciones y ya hay cuatro concejales acusados. Son la realidad y la contundencia de mis actuaciones las que demuestran que quienes me atacaron no tienen intereses muy santos.

¿Y a eso es que se refiere cuando dice que no le tiene miedo a Uribe?

Me refiero a que mi actuación en la Fiscalía fue objetiva. No se hizo por congraciarse con alguien, ni se dejó de actuar por miedo, presión o interés ante alguna figura, por poderosa que pareciera.

Ernesto Yamhure dijo esta semana que usted tenía una persecución contra el uribismo.

Cuando yo llegué a la Fiscalía había un millón quinientos mil casos. Creo que hay una especie de delirio de grandeza de ese señor al pensar que de todos estos casos el poder de la Fiscalía estuvo ahí para perseguirlo. Él miente.

¿Cree que hay un encarnizamiento del uribismo contra usted?

Es una actitud que el país tiene que ver claramente y que es de odio. No es contra mí, es contra toda posibilidad de reconciliación, de pluralismo, de apertura democrática. Es un encarnizamiento contra los valores democráticos.

¿Le cree al proceso de paz de La Habana?

Lo veo como un proceso de negociación de un conflicto, pero la paz es mucho más que eso. Muchas veces he dudado, creo que ha habido equivocaciones, pero el acuerdo que presentaron sobre participación política es muy importante. Cuando se habla de la posibilidad de dejación de armas y renuncia a la violencia como método de lucha política, ese es un gran paso.

El fiscal Montealegre dice que no hay una sola condena contra los jefes de la guerrilla por delitos de lesa humanidad, ¿ellos podrían hacer política y ser elegidos?

Hay que diseccionar lo que dice el fiscal. Por lesa humanidad no hay ningún delito consagrado en el Código Penal. Hay delitos que se considera que son de lesa humanidad, pero eso sólo está contemplado en el Derecho Internacional Humanitario. Pero hay condenas por otro tipo de delitos y miles de investigaciones. Ahora, si bien la justicia debe llegar al fondo, no puede haber reconciliación si no hay intención de ceder en muchos aspectos. De eso se trata la justicia transicional: es el acuerdo que puede hacer una sociedad para terminar un conflicto, sacrificando elementos de justicia.

El presidente Santos y la guerrilla le han pedido autonomía judicial a la comunidad internacional para que Colombia haga la paz, ¿es posible?

A Colombia le ha faltado mucha dignidad, mucho reconocimiento y exigencia de su propio valor y autonomía. Por supuesto que se debe tener autonomía para resolver el conflicto.

¿Aunque eso implique impunidad?

Por supuesto que va a significar un alto grado de impunidad. Toda salida del conflicto tiene que implicar que no se aplica el Código Penal vigente, sino formas distintas de hacer justicia. Pero nos han querido vender el ‘coco’ de la Corte Penal Internacional (CPI) y los detractores del proceso de paz pretenden meter miedo. No creo que la comunidad internacional, si ve que se construye una salida negociada al conflicto, vaya a sancionar al país.

El lío es que los cuestionamientos vienen desde la misma institucionalidad, el procurador por ejemplo...

En Colombia quedó mal el diseño institucional en la Constitución de 1991. La gran bandera era acabar con la corrupción y para eso se quería fortalecer el Congreso y no se logró. Se fortalecieron los organismos de control, pero el procurador ha extralimitado el marco de sus funciones con el argumento de que tiene que velar por los derechos de la ciudadanía. Y en un Estado de Derecho no puede haber organismos que no tengan a quién rendir cuentas y que se creen todos los días sus propias competencias.

O sea, el problema es quién controla al procurador...

En ningún país del mundo el procurador es el que ejerce la función disciplinaria de los congresistas. Un funcionario administrativo, disciplinario, elegido por el Senado y que puede sancionar a los senadores, eso no es posible. El disciplinario de los congresistas es el Consejo de Estado. Pero el procurador tiene un poder enorme afincado en el crecimiento exagerado de sus competencias. Y hay que acabar con su reelección. Por cierto, otro organismo que hay que regular es la Corte Constitucional.

¿Cómo así? ¿Por qué?

Ha ejercido competencias desmedidas. Hoy la Corte es constituyente primario y le quitó ese poder al pueblo cuando dijo que ni siquiera por referendo se podría reformar la Constitución, adjudicándose la facultad de decidir qué es intocable en ella.

¿Se requiere entonces una constituyente para rediseñar el país?

Sí, porque si ni siquiera por referendo se puede reformar la Constitución.

¿Y el proceso de paz debe concluir en una constituyente?

No sé si en ese momento. No estoy segura de los tiempos y por lo visto el acuerdo final será sometido a referendo. Pero los cambios que requiere la Constitución, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, escapan de la competencia del Congreso y como son cambios que no se sacan a través de un sí o un no —porque el referendo es muy limitado y evita la deliberación—, sólo se deberían hacer a través de una constituyente.

Sobre la crisis en la justicia

¿A qué cree que se debe la crisis que vive hoy la justicia?

Hoy el país no cree en la justicia y ese es otro fracaso de la Constitución del 91. Hubo un diseño equivocado de las instituciones cuando se permitió que las cortes tuvieran funciones electorales que desnaturalizaron el cumplimiento de su función y se creó así un jaque mate: los congresistas deben investigar a las cortes y los congresistas son investigados por las cortes; los congresistas eligen al procurador, pero el procurador puede destituirlos. Hay que hacer una reforma desde la forma como le llega al ciudadano hasta la forma como se configuran las altas cortes.

¿Por ejemplo, hay que acabar el Consejo Superior de la Judicatura?

Lo que hay que preguntarse es qué es lo que ha hecho que funcione mal el Consejo Superior de la Judicatura y mucho tienen que ver quienes eligen y quienes ternan. ¿Por qué un presidente de la República presenta ternas con personas que no merecen estar ahí, que no tiene la calidad de magistrados? Quien hace la terna es el responsable moral de los nombres que presenta y la terna que incluyó a los magistrados de los escándalos fueron hechas por un presidente que no tuvo cuidado o que hizo favores políticos.