¿No más penalización a dosis mínima?

La aprobación en último debate de la ley que reconoce la adicción a las sustancias psicoactivas como una enfermedad es una norma totalmente contraria a la penalización de la dosis mínima, establecida en 2009 por el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. Así lo entiende el senador liberal Juan Manuel Galán, autor de la iniciativa, quien según le explicó a El Espectador, tratándose del adicto, esta ley implica un choque con el acto legislativo referente a dicha dosis mínima.

“El acto prohibicionista va a terminar conviertiéndose en un acto que no se aplicará, si queremos tratar con un nuevo enfoque de atención al adicto. En lo que sí hay que aplicar el acto de penalización vigente es en el trato al narco y al microtráfico, algo que se debe castigar con todo el peso de la ley. Pero no a los adictos, que son el eslabón débil de la cadena”, explicó el congresista.

Para Galán el mundo ya no ve a los adictos como “delincuentes” a quienes se debe reprender y castigar, sino como personas que necesitan tratamiento médico. El senador liberal cree que el respaldo legislativo a su iniciativa —que ya había sido tramitada sin éxito en 2008— se dio porque existe una evolución en el debate de la política antidrogas: “Fue trascendental que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciara más recursos para la prevención que para la judicialización, al tiempo que en el país la Corte Constitucional ha pedido tratamientos de calidad para estas personas”, dijo.

Con ese cambio de visión, Juan Manuel Galán considera que las personas con problemas de drogas y alcoholismo buscarán ayuda más oportuna, porque actualmente el promedio es que el afectado por dichos flagelos tarda entre 8 y 10 años para reconocer su adicción.

Sin embargo, hay que señalar que aún existen muchas dudas en torno a la manera como se va a financiar la nueva ley. De hecho, en octubre del año pasado, en la Comisión Primera del Senado, el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, calificó como “inviable desde el punto de vista fiscal y financiero” el proyecto de ley que establecía las normas para garantizar la atención integral a las personas que consumen sustancias psicoactivas.

El argumento se basaba en el presupuesto hecho por los ministerios de la Protección Social y de Hacienda, en el cual se decía que el costo de esta ley estaría por los $11 billones, teniendo en cuenta que el número de drogadictos en Colombia asciende a unas 350 mil personas y el costo de rehabilitación de cada una de ellas cuesta cerca de $35 millones.

Galán aseguró, tras la aprobación de la iniciativa el pasado martes en la Cámara de Representantes, que en materia presupuestal no hay de qué preocuparse, pues para la aplicación de la ley fueron contempladas diversas fuentes de financiación.

“Habrá dinero del régimen contributivo, de los recaudos de usuarios para no generar un aumento en los pagos. En pocas palabras, aportarán todos los colombianos. También del régimen subsidiado, del Frisco (Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado) y se usarán los dineros del Gobierno y los entes territoriales, pero no de manera inmediata, sino con progresividad hasta 2016”, dijo.

Secundándolo en su apreciación, la representante del Polo Democrático Alba Luz Pinilla, ponente del proyecto, sostuvo que los problemas de salud mental en el país están prácticamente olvidados y por eso el sistema tiene que cambiar: “Colombia tiene los recursos para aplicar esta iniciativa y, además, es importante que se haya autorizado la utilización de dinero del Frisco”.

Sin embargo, quedan aún en el ambiente muchos interrogantes sobre la seguridad de dichos recursos, el papel de las secretarías de Salud departamentales y municipales y, sobre todo, la manera como se aplicará por parte de las autoridades policiales la nueva normatividad.