“No parece contar con independencia para ser comisionado”:Juan Méndez

¿Por qué un Panel de Expertos, como se llama el que conforman usted y otros juristas del continente, califica las hojas de vida de los candidatos postulados para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del año entrante, siendo que no son parte de este organismo?

¿Por qué un Panel de Expertos, como se llama el que conforman usted y otros juristas del continente, califica las hojas de vida de los candidatos postulados para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a partir del año entrante, siendo que no son parte de este organismo?

Se trata de una iniciativa de varias organizaciones no gubernamentales para asistir el proceso de nominación y elección de los comisionados de la CIDH, así como de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La idea es que, como expertos y expertas independientes, apoyemos a los Estados en la tarea de decidir sus votos sobre la base de los requisitos establecidos en la normativa vigente, así como en los criterios sugeridos para aplicar las “mejores prácticas” en las elecciones en organismos internacionales. Precisamente por ser nuestro panel externo a la CIDH, a la Corte y a la OEA, estamos en condiciones de tener independencia e imparcialidad al hacer nuestro trabajo.

Lea aquí el informe del panel

Ustedes preseleccionan a los candidatos, pero, ¿reciben instrucciones de los que votan, es decir, de los embajadores de los Estados miembros de la OEA?

No recibimos instrucciones de ninguna fuente. Se nos solicitó integrar el actual Panel de Expertos Independientes y aceptamos con la condición de que discutiríamos y aprobaríamos nuestros criterios de evaluación, metodología de trabajo y conclusiones sobre cada persona nominada.

En sus conclusiones, y después del examen a cada uno de los aspirantes, el panel consideró que Julissa Mantilla, de Perú; Esmeralda Arosemena, de Panamá y quien sería reelegida por cuanto hoy integra la CIDH, y Margarette May Macaulay, jamaiquina y también miembro actual de la Comisión, son candidatas aprobadas para integrar la siguiente etapa de este organismo, pero descartó a los dos hombres postulados por Colombia y Guatemala. ¿Hay sesgo feminista en esta selección?

Nuestras conclusiones están basadas en las credenciales de los postulantes. En cada caso valoramos las distintas capacidades demostradas y, en algunos, ciertas falencias que consignamos en nuestro informe. La igualdad de género integra el Derecho Internacional de Derechos Humanos que cada aspirante debe conocer profundamente. Pero en esta oportunidad no cumplió un papel ni a favor ni en contra en ninguna de nuestras conclusiones.

En cuanto al candidato del Estado colombiano, Éverth Bustamante, el informe final del panel asegura que él no respondió el cuestionario ni realizó la entrevista. ¿A qué se debió su incumplimiento, y ese factor disminuyó el puntaje en la calificación que se le dio?

El doctor Bustamante respondió a nuestro cuestionario y acudió a la cita fijada. Sin embargo, lo hizo acompañado del embajador de Colombia ante la OEA (Alejandro Ordóñez) y de un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se limitó a decirnos que declinaba nuestra invitación a entrevistarlo por indicación de su Cancillería. Nos entregó copia de una nota que le había enviado el Ministerio, instruyéndolo para que se negara a dar la entrevista debido a que, en Bogotá, se había entablado una demanda judicial contra el presidente con el fin de instar a retirar su candidatura. También nos dijo que, por esa razón, no debíamos usar las respuestas que había enviado a nuestro cuestionario. Le dijimos que respetábamos su decisión y le ratificamos que el proceso que seguíamos era enteramente voluntario por parte de los candidatos. Le aclaramos también que la demanda radicada ante tribunales colombianos no tenía nada que ver con nuestra tarea y que por ello discrepábamos respetuosamente de su decisión, aunque la acatábamos.

Disculpe, asistir con el embajador de Colombia ante la OEA y con un funcionario del Gobierno, ¿no contradice el requisito de independencia exigida frente al Estado por ustedes y por la normativa de la CIDH?

Sí. Creo que ese es un indicio de falta de independencia. Obviamente, lo acompañaron para negarse a ser entrevistado. Si lo hubieran acompañado para entrevistarse, habría sido todavía más patente la falta de independencia.

El hecho de que el señor Bustamante se negara a ser entrevistado y retirara las respuestas que había enviado, ¿impedía que ustedes lo calificaran como lo hicieron con los otros candidatos?

A él le aclaramos que eso no iba a ser obstáculo para que nos pronunciáramos sobre su candidatura, aunque solo sobre la base de la información con que contábamos y sin el beneficio (que hubiera podido tener) de sus contribuciones y aclaraciones. El doctor Bustamante había publicado en su blog las respuestas a nuestro cuestionario y luego las retiró con excepción de cinco de ellas que permanecen todavía allí. En nuestras conclusiones, no usamos las que fueron borradas, pero sí las que permanecieron puesto que se trata de información en el dominio público.

¿No es rara esa actitud? ¿Ustedes se preguntaron si el señor Bustamante, de acuerdo con el Gobierno colombiano, tal vez lo que deseaba era evitar una calificación del Panel de Expertos?

No quisiera especular sobre los motivos que llevaron al doctor Bustamante a negarse a ser entrevistado por el panel. Destaco que estábamos a la expectativa de aclarar algunos puntos que teníamos pendientes, pero sin tomar ninguna decisión previamente. Esperábamos que él nos aclarara temas que investigábamos y también deseábamos darle la oportunidad de explicar por qué consideraba que era un candidato idóneo e imparcial para integrar la CIDH. Al aceptar primero, y retirar después su candidatura, lo cual es inusual, nosotros le recordamos que este proceso es estrictamente voluntario. Como ya dije, por eso respetamos su decisión.

No obstante, Bustamante continúa siendo, hoy, el candidato del Estado colombiano, aunque “rajado” -como decimos aquí- por ustedes. La opinión del Panel de Expertos es tenida en cuenta en la OEA, pero no es vinculante. Como dentro de 10 días se realizará la Asamblea General de ese organismo en Medellín, y allí los Estados miembros votarán por los nuevos comisionados, el Gobierno cree que hará elegir al exsenador. ¿Será por eso que no quiso dejarse evaluar de ustedes?

Es normal y hasta natural que un gobierno que postula a un candidato haga campaña para convencer a otros Estados de que voten por él. Lo que es importante es que ni el candidato ni el Estado crean que él va a integrar la CIDH en representación del gobierno porque la Comisión, insisto, debe estar conformada por expertos independientes de sus gobiernos, y con idoneidad en la materia. En cuanto a la votación, me parece muy probable que el doctor Bustamante sea elegido porque hay cinco candidatos para cuatro vacantes, siendo él el postulante del país sede de la Asamblea General de la OEA, lo cual le da una ventaja comparativa importante.

Entonces, y pese a la baja evaluación que el panel hace de sus conocimientos y condiciones, se debe dar por seguro que Bustamante será comisionado de la CIDH...

Es importante señalar que el Estado va a tener que conseguir, en la Asamblea General de la OEA 18 votos, por lo menos, para asegurar la elección del candidato. Si no los consigue, y continúa abierta una vacante para comisionado de la CIDH, habrá una segunda vuelta. Entonces, los Estados tendrán que considerar los estándares de idoneidad e imparcialidad para decidir su voto. No solo es responsabilidad de Colombia presentar a un candidato con las calidades requeridas. También es responsabilidad de los demás Estados votar por el candidato que las posea.

Una pregunta para despejar dudas: la jurista colombiana que hizo parte del Panel de Expertos, Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, ¿evaluó a Éverth Bustamante?

La decana Botero se excusó de participar en nuestros debates y conclusiones sobre la candidatura del doctor Bustamante.

En cambio, once organizaciones civiles colombianas presentaron objeciones a la candidatura de Bustamante. ¿Cuánto incidieron los argumentos de esos grupos en la evaluación del panel?

No incidieron ni los argumentos ni las opiniones de terceros, aunque es posible que, en algunos casos, se hayan tenido en cuenta hechos o información pública disponible, tanto en esas organizaciones como en el panel.

En su informe final el panel trae una frase dicha por el postulante colombiano durante el lanzamiento de un libro de su autoría: “Que no se equivoquen en Colombia los que están administrando transitoriamente justicia. Al presidente Uribe nadie lo puede encarcelar”. Esa afirmación y otras similares expresadas por él en ese acto, ¿son para ustedes indicativas de falta de idoneidad?

No son indicativas de falta de idoneidad, pero sí consideramos que hacían surgir dudas respecto de su independencia. Si se hubiera tratado de una frase poco feliz contrastada con otra información que reafirmara su independencia, nos habríamos inclinado por considerar al doctor Bustamente apto para ser comisionado bajo ese criterio. Pero ese no fue el único factor que nos llevó a concluir que, a los ojos de un observador razonable, el doctor Bustamante no parecía contar con la debida independencia e imparcialidad para ser comisionado de la CIDH.

En efecto, en su evaluación el panel dice de él que no se puede “concluir que cuenta con el requisito de versación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, y añade que “considera que la trayectoria y el trabajo actual del candidato dejan dudas sobre su imparcialidad política...” También recuerda que, al revisar sus propuestas legislativas sobre la responsabilidad de los agentes del Estado en la retoma del Palacio de Justicia, en 1985, quedan “dudas sobre su conocimiento de la jurisprudencia del SIDH”. Y después de este informe, Bustamante cuestionó a los expertos por su “sesgo político”. ¿Tienen ustedes intereses políticos e ideológicos?

En cuanto a la versación en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la trayectoria del candidato incluye alguna actuación ante órganos del sistema universal en los años 80, órganos que han sido reemplazados por otros en los casi treinta años transcurridos desde entonces. Analizamos también su trayectoria en el ámbito interno colombiano y encontramos que sus antecedentes no nos permitían concluir, con algún grado de certeza, que se trata de una persona versada en la materia. Su propuesta de un tribunal especial para militares por presuntas violaciones de derechos humanos, además de ser controversial bajo el derecho interno de Colombia, contradice, expresamente, la jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (como de otros órganos internacionales de protección), en el sentido de que tales hechos deben juzgarse por los tribunales ordinarios de cada país y sin fueros privativos. No hemos arribado a estas conclusiones sobre la base de ningún sesgo político, a menos que se entienda por tal la adhesión a los principios que deben regir la elección de expertos independientes en los organismos internacionales de derechos humanos.

Como las recomendaciones del panel no son obligatorias para quienes votan por los nuevos comisionados, Bustamante pareció despreciar sus conclusiones, pues dijo que “son los países los que deciden”.

Nuestras recomendaciones no son obligatorias: los Estados tienen la última palabra y votarán como decidan. Sin embargo, hasta ahora en los cuatro ejercicios que se han hecho desde 2015, el panel ha gozado de reconocimiento y respeto de los Estados, expresado en forma reiterada por muchos de ellos. Eso lo hemos podido constatar también este año cuando presentamos el informe ante las misiones permanentes en Washington. No siempre se han cumplido todas las recomendaciones que hicimos, pero en general sí han servido de guía al momento de votar. Somos conscientes de que contribuimos con un proceso de transparencia en la nominación y en la elección de expertos y con la necesidad de que los Estados se tomen en serio esta elección y promuevan candidatos que llenen los requerimientos de independencia, imparcialidad, versación en la materia y alta autoridad moral.

Al candidato de Guatemala también descartado por el panel, Édgar Stuardo Ralón, la sociedad civil de ese país lo señaló como un fuerte opositor de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y se le reconoce como un opositor de derechos civiles y como un abogado comprometido con el gobierno. ¿Son similares las trayectorias de los dos rechazados y similares las razones para no avalar su postulación?

Son similares en cuanto a que en ambos casos los candidatos no despejaron dudas sobre su independencia ni sobre su versación en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero, por supuesto, nuestras conclusiones se basaron en circunstancias distintas para cada uno.

Posiblemente ustedes desconocen las controversias entre los grupos de poder en los Estados que propusieron candidatos, ¿Cómo “limpiaron” los datos que recibían sobre cada aspirante para descontaminarlo de rencillas internas?

Como dije antes, hicimos una invitación pública a quienes tuvieran algo que aportar. Recibimos, de ese modo, algunas informaciones y opiniones del público tanto positivas como negativas sobre los candidatos. Leíamos con cuidado y hemos descartado aquellas que no tenían fundamento alguno o, bien, que eran irrelevantes. Nos fijamos en unas que aportaban datos que se podían corroborar con fuentes periodísticas o independientes. Dimos a los y las candidatos la oportunidad de contrastar la información que nos llegó. Y nos preocupamos de basar nuestras conclusiones en las anotaciones suministradas por los aspirantes o por el Estado proponente, o en aquellas que estábamos seguros de que eran veraces y no controvertidas.

¿No le preocupa la tendencia restrictiva de los derechos civiles en el continente debido a que los presidentes recién elegidos en varios Estados pertenecen a extremos ideológicos de izquierda o derecha? Es decir, que en lugar de que los organismos de derechos humanos cuenten con investigadores imparciales, ¿terminen compuestos por políticos con intereses diferentes a la protección de los derechos?

Sí preocupa. El autoritarismo tanto de derecha como de izquierda atenta contra el Sistema cuando trata de incluir en la CIDH y en la Corte a personas afines a su ideología como ha ocurrido y, lamentablemente, seguirá ocurriendo. Es muy importante que, en el proceso de nominación y selección de candidatos, se insista en la independencia e idoneidad de ellos.