'No puede haber intocables'

Como ha sido su estilo desde que asumió funciones, en agosto de 2010, la contralora general de la República no tiene pelos en la lengua. En entrevista con El Espectador resume cómo la corrupción asedia al país, cuáles son los métodos más utilizados, cómo van las investigaciones en el tema de la salud, qué piensa de la negativa al principio de oportunidad a los Nule y otros cuantos temas de actualidad nacional.

¿El problema de la salud es un dilema estructural o es un capítulo de corrupción?

Las dos cosas. Lo que pasa es que cuando usted privatiza un servicio público tiene una lógica de mercado que lo regula y, cuando ese mercado tiene defectos, urge un ente controlador. Aquí existe una Comisión de Regulación de Salud que le faltan competencias y un sistema que no previene, con muchos recursos sin control. El Gobierno sacó una ley el año pasado donde se fortalecía la Superintendencia de Salud, pero no hemos visto los resultados. Entonces las medidas que no son de choque terminan siendo paños de agua tibia.

¿Cuáles son sus reparos al superintendente de Salud?

No tengo reparos contra el superintendente de Salud, sólo que quizás él dice blanco y yo entiendo negro. Por ejemplo, le mandé una advertencia por el tema del chance, de cómo se estaban renegociando los contratos y que se iban a disminuir los recursos para la salud en el ámbito territorial y no contestó. Espero que haya adoptado correctivos, porque si no lo hizo implica responsabilidad fiscal. En cuanto a la posibilidad de liquidar entidades, no es para quedarse 15 años sentado.

La percepción general es que el tema más crítico es Saludcoop, ¿hay otros frentes prioritarios?

Todas las EPS que dejaron de ser aseguradoras para convertirse en intermediarias generando altos costos de transacciones, trasladándole el riesgo al Estado. Son 22. La Nueva EPS, Humana Vivir, Susalud, Sol Salud, Sánitas, Coomeva, Caprecom, entre otras. Esta última es el paradigma de lo que no debe ser.

¿Con hallazgos penales?

Ese es el problema con la Fiscalía. Le he dado traslado porque consideramos que hay peculados o falsedad de balances. En los últimos años tenemos imputaciones por más de un billón de pesos y desviar recursos por cifras de este tamaño da cuenta de los riesgos a los que hoy está abocada la salud en Colombia. Y si eso se cruza con la desmejora de la calidad de vida y de la salud, las conclusiones saltan a la vista.

¿Está fallando la Fiscalía?

El fiscal ya admitió que el tema iba muy lento y por eso va a crear una unidad especial.

La Federación Médica ha responsabilizado al exministro Diego Palacio de parte de la crisis de la salud…

Él está imputado en procesos de responsabilidad fiscal. Pero es importante que no nos quedemos con el cadáver o la anécdota. Lo importante es que a futuro a la gente le llegue el servicio.

¿Entonces es un problema de regulación?

Sí, pero también hay un problema fiduciario. Estamos ante un sector que tiene inconsistencias por más de un billón de pesos y no pasa nada. El ministro de Hacienda sigue diciendo que esto se va a arreglar en 2050, a partir de cálculos matemáticos que él ha hecho. Esos modelos podrían ser buenos si nadie le cuenta que mucha plata se perdió o se la apropiaron indebidamente.

¿Y qué posibilidad hay de recuperar los recursos públicos?

Hay posibilidades, porque todo está en inversiones, pero también en manos de administradores de EPS, sus familiares y sus abogados. Están en las clínicas de Saludcoop, En las unidades de cuidados intensivos de accionistas de estas sociedades. Digamos que son plata de bolsillo que no se ha transformado.

Además de la salud, ¿qué otro sector es crítico?

El tema ambiental. Por ejemplo, tenemos un caso lamentable: la bahía de Santa Marta. Ahí se nota la debilidad del sistema ambiental. En este escenario concurren factores que alteran el medio ambiente. Carbón, colectores submarinos, el río Manzanares, la Marina, los vertimientos accidentales de una compañía de grasa, permisión de buques ilegales, cisternas que hacen vertimientos al río, permisión de la CAR. A esa bahía le salen cucarachas, huele a podrido y los peces se están muriendo. El país tiene que establecer una política ambiental clara. Lo que tenemos hoy es falta de regulación o desorden de licencias, y se requiere una relación con los inversionistas más fluida en términos de garantía de la inversión. En el caso de la bahía de Santa Marta, hemos tenido mucha resistencia. Por todos lados uno encuentra a las mismas familias.

¿Qué otros ejemplos tiene como el de la bahía de Santa Marta?

Está el caso de las CAR. ¡Qué dificultad para modificarlas! La Corte Constitucional ya les dijo: tienen que nombrar directores. Va a ser difícil porque son sectores politizados y manejan muchos recursos. El tema del río Bogotá, por ejemplo, qué complique. Son sectores resistentes al control.

¿Los mismos vacíos están en la minería?

El país tiene gran oportunidad de renegociar licencias ambientales. Se están venciendo las concesiones y ya está la petición de que les rebajen las regalías. Por ejemplo, en Cúcuta se están cobrando regalías de esmeraldas para una explotación de oro. El otro tema es la minería ilegal, que también es un lío de orden público. El tema ha sido muy difícil porque uno le puede decir a la Policía esto es ilegal, pero se mimetizan en la minería artesanal. Además hay casos como el coltán, un material radiactivo que venden hasta los indígenas.

Una concesión a punto de vencerse es la de Cerro Matoso, ¿qué investiga la Contraloría?

Regalías mal liquidadas. En la Constitución se habla de regalías y compensaciones, y esta última parte no está regulada. Se ha entendido la compensación como responsabilidad social, de buen corazón regalando escuelas. Las compensaciones son para reparar daños causados.

Cambiando de frente, ¿es muy difícil meter en cintura al Poder Judicial?

Hay que diferenciar entre Poder Judicial, la administración de la rama, el órgano de disciplina de la misma y los abogados. Es muy difícil, es de puño sobre la mesa. Con la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura últimamente hemos podido trabajar con más coordinación, pero inicialmente fue muy complicado.

¿Pero se anunció el hallazgo de un carrusel de pensiones en la judicatura y sólo hay cinco investigados?

Van aumentando. Ya van más de 45. A la Cámara se les mandaron sólo cinco, que eran los que estaban en la etapa procesal de trasladarlas a ellos. Ya se han oído 22 descargos que están próximos a imputarse o a absolverse. La verdad es que en los estados democráticos del siglo XXI los fueros especiales caen mal. Por eso el debate debe ser: ¿puede haber intocables en el Estado colombiano? Creo que todos tenemos que tener control porque manejamos recursos que no son nuestros, son de la gente.

Y hablando de carruseles, ¿cómo vio la caída del principio de oportunidad para los Nule?

La posición de la Contraloría es la misma. Tuvimos mucha dificultad para hacernos reconocer como víctimas y cada vez que lo pedíamos nos sacaban a sombrerazos. En su momento la fiscal encargada, Marta Lucía Zamora, me pidió que no nos opusiéramos al principio de oportunidad para los Nule, porque tenían información importante y estaba la opción de recuperar bienes. Y también me dijo que se podía condicionar el principio si en un año no habían devuelto recursos. Lo acepté y le pedí que me enviara la fórmula. Lo que ahora planteo es que se verifique la información porque procesalmente ya tenemos mucha. El principio de oportunidad en general debería ser repensado. A mí me genera dilemas éticos, aunque reconozco que en algunos casos podría ser útil. Pero en el caso de los Nule no he visto efectividad de la información ni compromiso de devolución de activos.

¿Y cuánto deben devolver?

El cálculo es de $800 mil millones en anticipos, sin registrar otros perjuicios. La suma podría llegar a los $1,5 billones. En cuanto a procesos de imputación tenemos la doble calzada Bogotá-Girardot, unos temas en La Guajira, la calle 26 y Enertolima.

¿Hay suficientes bienes para recuperar recursos?

Cito un caso: Enertolima y Enerpereira. Embargamos a través de procesos fiscales y mandamos el caso a la Fiscalía como lavado de activos. Pero queremos saber si esas acciones se pagaron con plata de anticipos de la doble calzada, porque entonces cabría una extinción de dominio. Ya hicimos una advertencia para que no se subvaloren esas acciones.

¿Es cierto que declaró la nulidad del auto de imputación de cargos de Transmilenio Fase III y de Bogotá-Girardot?

De los dos. Tanto el de la calle 26 como en la de Bogotá-Girardot. En esta última no estaban todos los que están ni estaban todos los que son. Los recursos son un remedio procesal para reconducir los procesos, no son un premio al litigante. En el caso de la 26, lo hice porque consideré mal entendida la solidaridad, en el sentido de que se consideraban responsables del costo de la 26 a todos los imputados. Por ejemplo, se quería que por la cesión del contrato respondiera Luis Eduardo Garzón cuando estuvo fue en la adjudicación. O que Samuel Moreno respondiera por adiciones en el contrato de Conalvías, cuando ya estaba detenido. Ya se dictó nuevo auto con medidas cautelares.

En el caso de Bogotá-Girardot, ¿quiénes faltan?

Faltaban los Nule, los contratistas iniciales.

¿Qué más se les ha encontrado?

Las medidas cautelares se tramitan en cuaderno aparte. Ya estamos en audiencia pública. Pero si les cuento los bienes desaparecen. Ya nos ha pasado. Por ejemplo, en el Tribunal Administrativo, el magistrado Ibarra primero vio los bienes y después se declaró impedido.

¿Hay mucha corrupción en el sector público?

Y en el privado también. Para bailar se necesitan dos. Sí, hay mucha eficiencia para la apropiación de recursos públicos.

¿Cuáles son los principales métodos?

En salud, por ejemplo, enfermos que no existen, cambio de sexo de los pacientes, recobros que no debían tener lugar, demoras en los pagos a los actores de la cadena, no contabilización de recursos que provienen del chance o las licoreras o la no realización de procesos de prevención. En cuanto a infraestructura, mal manejo de anticipos, contrataciones malas para demandar después, cambios de diseños e irrespeto a la libre competencia. Hay asociaciones que se hacen con empresas prestadoras de servicios públicos que después terminan diluidas por la capitalización y despilfarran la inversión pública. Fiducias que se sustraen al régimen contractual de la Ley 80.

¿En que quedó la facultad de la Contraloría de suspender al presidente de la República o al vicepresidente por juicios fiscales?

Es un descubrimiento parcialmente cierto. Eso viene de la Constitución del 91, que no establece fueros en materia fiscal. El fuero debe ser una garantía institucional y no una patente de corso. Para ser sujeto pasivo de control fiscal se necesita ser gestor fiscal. Y el presidente no es gestor fiscal directo, son muy pocos contratos. Creo que hay un contrato, pero lo firma todo el gobierno, la administración del Fondo Nacional del Café. Pero a este presidente no le va a tocar firmar y yo me declaré impedida con todos los temas de la Federación Nacional de Cafeteros.

¿Ha sentido apoyo de los demás organismos de control?

En general, el Estado tiene problemas de coordinación. He tenido más apoyo de la Procuraduría que de la Fiscalía, aunque con esta última hay acuerdos de metodologías técnicas para ser más eficientes. Qué bueno que todos pudiéramos decidir en tiempos más cortos y contar con acervos probatorios más certeros.

¿Cómo ve el polémico tema del chance?

Una ley que aprobaron quería regularizar los juegos de azar, pero las posibilidades de formalización están muy lejos de ser el 100%. Las actuaciones de defraudación al fisco por sistemas paralelos son muy grandes. Este es un sector al que las personas le tienen miedo. El asunto es que siempre pagan menos. Yo digo que es un sector que prácticamente es una amnistía del Estado. Como en las licoreras, donde hay cantidad de prácticas para no tributar.

22 investigaciones contra anterior administración en el Valle

Aunque el tema de la red hospitalaria en Bogotá se encuentra a la espera de decisiones penales, por competencia la Contraloría no ha participado en investigaciones. Sin embargo, hay algunos casos donde se le ha solicitado a la entidad control excepcional y se ha actuado en consecuencia.

¿Es verdad que Petro le solicitó control preferente?

Excepcional. Me lo pidió para el San Juan de Dios y también para el tema de transporte integrado. Finalmente, a la Contraloría todo el mundo va a pedirle. Pero la CGR también pide recursos y modernización.

Está pisando muchos callos, ¿no teme que le pasen la cuenta de cobro en el Consejo de Estado, donde se discute la eventual nulidad de su elección?

Esa es una corporación seria que falla en derecho.

¿Cómo van los departamentos?

En el caso del Valle tenemos 22 autos de imputación contra la administración pasada, que tienen que ver con procesos contractuales en infraestructura. Hay otros que son de control excepcional. Hay un proceso contra la Corporación del Valle del Cauca (CVC). También examinamos los recursos utilizados para enfrentar la ola invernal.