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Sus seguidores que se ubicó en el primer lugar del partidor presidencial de 2010. Lo cierto es que el lanzamiento oficial de Germán Vargas Lleras como candidato a la primera magistratura del Estado, el jueves pasado en Bogotá, cambia el panorama político electoral. Al fin y al cabo, se trata de un ‘peso pesado’ de la política nacional, con años de experiencia acumulados, con credenciales en materia de resultados en las urnas y con una maquinaria partidista sustentada en congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores del partido del cual es jefe máximo: Cambio Radical.
Para Vargas Lleras se acabaron las medias tintas. Es candidato y habla duro, pero contrario a lo que muchos esperaban, sus palabras hacia el presidente Álvaro Uribe –del cual se encuentra distanciado desde hace más de un año–, fueron de reconocimiento y agradecimiento. De hecho, el lema de su campaña: “Mejor es posible” significa compartir la política del actual mandatario pero al mismo tiempo querer superarla con un sello propio. En diálogo con El Espectador –más allá de sus propuestas encaminadas, según dice, a construir un país con seguridad y progreso social–, Vargas Lleras reclamó su sitial dentro del uribismo, tendió puentes al liberalismo y dejó en claro que no quiere ser heredero sino sucesor.
En la reunión uribista del martes pasado lo clasificaron como antiuribista y hasta lo trataron de traidor…
Me sorprende mucho como quiera que yo contribuí a la elección del presidente Uribe en 2002 y 2006, y a lo largo de todos estos años y desde mucho antes he sido un firme impulsor de la política de seguridad. Me sigo considerando uribista más no reeleccionista, y en eso probablemente disiento de quienes promueven su segunda reelección.
¿Qué tan condicionada es su candidatura si el presidente Uribe se lanza?
Mi candidatura no es condicional y tiene el firme propósito de llegar hasta el final. No haría una convocatoria nacional para pedir respaldo a mis compatriotas ni presentaría un programa tan ambicioso si no estuviera persuadido de ir hasta el final. Ahora, si se logra impulsar una consulta interpartidista, estoy dispuesto a participar en ella.
¿Consulta interpartidista con quien? ¿Con el uribismo?
Difícil decirlo hoy. Tengo un origen liberal y quisiera acercarme a las bases liberales.
¿Algo así como reunificar el Partido Liberal?
No exactamente porque yo soy el director de un partido que irá con listas propias al Congreso. Hemos conversado sobre la posibilidad de integrar una gran coalición de sectores de origen liberal para unificar criterios de cara a la presentación de una candidatura única a la Presidencia.
¿Y si del uribismo le hacen un guiño, aceptaría una consulta con ellos?
Tendría que pensarlo. Mi prioridad es un acercamiento a los sectores que tienen como yo un origen liberal.
¿Y si el Polo Democrático se metiera en esa consulta?
Entonces yo no haría parte de ella. No tengo ninguna afinidad con los miembros del Polo ni podría comprometerme a respaldar a ninguno de sus candidatos, en el evento de que esa consulta les favoreciera. Uno debe hacer coalición con quien tenga afinidades políticas.
¿Será que Juan Manuel Santos cabe en esa consulta?
Sí, por supuesto. Sería bueno que pensara en ella, al fin y al cabo él también tiene origen liberal.
¿Y Sergio Fajardo?
También puede ser. Lo que pasa es que hoy ningún partido en el país representa más del 20% del electorado y cualquier persona que aspire a consolidar una base amplia de respaldo a sus programas necesariamente tendrá que someterse a una consulta para unificar criterios con otras organizaciones.
¿Por qué decirle no a otra reelección del presidente Uribe?
Porque es inconveniente para las instituciones del país, para la democracia y para él mismo.
Hace 20 años debió darse con Luis Carlos Galán un relevo político generacional que al final le tocó a César Gaviria ¿ha llegado hoy la hora de ese relevo?
Históricamente en Colombia los procesos de relevo político se surten cada 16 años. Con la reelección del presidente Uribe, ese período se prolongó a 20, pero creo que ahora estamos en una coyuntura de transición generacional. Cuando concluya el mandato de Uribe se abrirá paso una nueva generación de colombianos que aspiran a consolidar su liderazgo y a persuadir a los colombianos de la bondad de sus programas. Y yo voy a ser parte de ese proceso.
Independiente de Uribe ¿cuál es su postura frente a la reelección presidencial, es buena por un período, por dos o mejor ampliar el mandato a cinco o seis años?
Lo que es inconveniente es estar reformando sistemáticamente la Constitución y la permanencia indefinida de una persona al frente del Gobierno, como lo ha dicho el propio presidente Uribe también lo es.
¿Pero una reelección sí?
Una sí, dos no.
¿O sea que si usted es elegido presidente buscaría la reelección?
No sabría decirlo en este momento. Dependería de las circunstancias y de la evaluación que se haga de mi gestión.
¿Le cree al presidente Uribe cuando dice que no quiere perpetuarse en el poder?
Le creo, pero me da la impresión de que quienes influyen en Palacio tienen una agenda muy distinta.
¿Y el referendo si saldrá adelante?
Presenta muchos obstáculos, no solo en su trámite en el Congreso sino posteriormente en el control de constitucionalidad y en la convocatoria a las urnas. Además, hay que reformar la Ley de Garantías. Son demasiados obstáculos para forzar una situación tan improcedente.
Dicen que detrás de la actuación del presidente de la Cámara, Germán Varón Cotrino, frente al referendo estaba usted ¿es cierto?
Comparto plenamente la forma como procedió el doctor Varon, defendiendo sus propias convicciones, que son similares a las mías.
Santos, Arias, Marta Lucía Ramírez, todos se declaran herederos de la seguridad democrática ¿quién es su verdadero dueño?
Muchos hemos contribuido a ella. Yo mismo, desde mi llegada al Congreso en 1994, di batallas solitarias para persuadir a los colombianos que en relación con las organizaciones criminales la única política realista era imponer la autoridad del Estado y el monopolio de la Fuerza Pública. Fui autor del acto legislativo del fuero militar, ponente de las normas que tipificaron el delito de desaparición forzada, redactor de los estatutos de las Fuerzas Militares y del soldado profesional, citando solo algunas iniciativas. Y como senador fui quien denunció en 2001 los abusos y las burlas que las Farc estaban cometiendo en el Caguán y sus oscuros propósitos en materia de narcotráfico, secuestro y extorsión. Me siento con todo el derecho de reclamar también mi participación en la consolidación de este esfuerzo.
Es claro que las Farc están golpeadas más no acabadas ¿cuál es su propuesta en materia de seguridad?
En primer lugar, insistir en que la seguridad democrática debe tener continuidad y sostenibilidad. Es una política que tiene que trascender al actual gobierno para poder alcanzar algún día la paz en Colombia. Sin embargo, creo que hay que complementarla con una estrategia de seguridad urbana, como es también importante avanzar en la seguridad fronteriza. Aún hay tareas pendientes, como reformar el servicio militar obligatorio, incorporar a la carrera de las Fuerzas Militares a los miles de soldados profesionales que no hacen parte de ella, garantizar la financiación en las inversiones de la Fuerza Pública para los próximos años y creo que llegó la hora de ponerle fin a la doctrina que se impuso en los últimos años denominada del conteo de cuerpos, que fue lo que ocasionó los falsos positivos.
¿No cree que el meollo del asunto está también en la pobreza?
El meollo del asunto está en reconocer que tenemos 22 millones de colombianos en situación de pobreza, es decir que no reciben ingresos superiores a $280.000 mensuales. Y de esos, por lo menos nueve millones están en situación de indigencia, que según Planeación Nacional son personas que no devengan ingresos mayores a $120.000 mensuales. Es una dura realidad y hay que entender que no se consolidará nunca la seguridad en el país si no enfrentamos con determinación esa situación.
¿Usted dialogaría con las Farc?
Lo haría pero soy pesimista de que en Colombia, en el corto y el mediano plazo, pueda abrirse camino un diálogo para darle una salida negociada al conflicto. La razón es que todos los integrantes de la cúpula de las Farc están sindicados de delitos de lesa humanidad y Colombia adquirió ya unos compromisos cuando aceptamos la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Los jefes de la guerrilla ya no son susceptibles de indultos y amnistías, como lo fueron en el pasado los integrantes del M-19 o el Quintín Lame. Cualquier proceso de negociación para ellos va a significar cumplir unas penas mínimas bajo parámetros similares a los de la Ley de justicia y paz. ¿Estarán dispuestas a aceptar las Farc un proceso de paz que representará obligatoriamente cárcel y contribuir también a debelar la verdad de sus crímenes y a reparar los daños? Me temo que eso será muy difícil, lo que obliga a fortalecer la política de seguridad para evitar que en el futuro recuperen el control territorial. Nadie quiere regresar a épocas que ya vivimos.
¿Y haría el intercambio humanitario?
No porque ese procedimiento es una estrategia militar de la guerrilla para convertirlo en un instrumento de guerra permanente, lo cual colocaría en un mayor riesgo a toda la nación y a los miembros de la Fuerza Pública. Las Farc deben persuadirse de que el secuestro no es un instrumento de lucha política.
¿Qué hacer entonces con aquellos militares y policías que hoy están en poder de esa guerrilla, pudriéndose en la selva?
La guerrilla debería liberarlos unilateralmente y sin mayores exigencias.
Usted sabe que eso no va a ser así…
Entonces el Estado y el Gobierno tienen la obligación de propiciar su rescate.
¿Se acabó el paramilitarismo en Colombia?
Como tal sí, pero resulta preocupante ver cómo han resurgido bandas emergentes en las grandes ciudades. El problema es que hay más de 20.000 personas que se acogieron a le Ley de justicia y paz, y cuya solución jurídica aún no es clara. En la medida en que pasa el tiempo y no logran reincorporarse a la vida civil, se ven tentadas a reagruparse para seguir delinquiendo. Urge el trámite de la ley que levante la prohibición al Fiscal General para hacer uso del principio de oportunidad y darle una solución a esa masa de colombianos que hoy deambulan por la calles en esa situación de indefinición jurídica.
¿Esa Ley de justicia y paz sirvió o no?
La Ley fue un ensayo que permitió la desmovilización de la mayoría de los jefes paramilitares. Lo lamentable es que a la fecha, de 4.500 personas que se acogieron a ella, tan solo se haya proferido una sentencia. Resulta importante agilizar esos procesos para saber si esas disposiciones fueron útiles o no.
Si el gobierno de Uribe fue el de la seguridad democrática ¿el suyo sería el de qué?
Estamos en un proceso de transición. Reconozco los logros del actual Gobierno pero quiero presentarles a los colombianos una nueva agenda con metas y compromisos que trasciendan al actual mandato.
El país vive hoy un clima de incertidumbre institucional a raíz de lo que se denomina el choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia ¿cuál es su propuesta para recuperar la armonía?
Tenemos que acoger los principios de la Constitución. Las ramas del poder público tienen que colaborar armónicamente a los mismos fines del Estado.
¿No es muy complicado lograr eso con propuestas como la de inmunidad parlamentaria?
Son propuestas que surgen a destiempo. Si la inmunidad parlamentaria la tramitaran hoy, sus efectos no alcanzarían a regir sino dentro de un año y cobijaría a los nuevos congresistas más no a los actuales. Realmente no comprendo el alcance de esa propuesta y sin duda con ella se sigue azuzando una hoguera porque cuando se plantea algo así lo que se insinúa es que la Corte Suprema no cumple con sus tareas y responsabilidades, sugerencia que rechazo enfáticamente.
El concepto general es que este gobierno acabó con la descentralización ¿cómo sería su estilo frente a las regiones?
Hay que recuperar el sendero de la descentralización. Se ha venido concentrando un enorme gasto público en las entidades del sector central que cofinancian programas a nivel local y eso no es conveniente. Claro, habrá que establecer nuevos controles, pero es a los departamentos y a los municipios a los que les corresponde impulsar su propio desarrollo. Es lamentable ver semanalmente a centenares de alcaldes deambulando por Bogotá en procura de acceder a unos recursos para poder cumplir con sus programas.
En sus propuestas de campaña usted hizo un diagnóstico de la situación del país sector por sector. Pero es imposible no tomar eso como un duro cuestionamiento a las políticas sociales del gobierno Uribe…
No necesariamente se trata de un cuestionamiento. Son los mismos problemas centenarios del país que no hemos logrado superar. Por eso en mi gobierno esos asuntos que plantee en materia de infraestructura, salud, justicia, vivienda, educación, entre otros, tendrían una prioridad.
Se conoce de una propuesta suya en el tema de las regalías, algo así como democratizarlas ¿en qué consiste?
Es un tema que hay que estudiar con detenimiento porque es que las regalías hoy en Colombia superan los 4,6 billones de pesos y solo se benefician 60 municipios de esos recursos. En una situación de estrechez fiscal como la actual, bien vale la pena reabrir ese debate.
Con todo lo planteado el jueves pasado en su lanzamiento ¿no será que en verdad sí se necesita una constituyente?
No, muchas de estas cosas se cambian con programas concretos, ubicando fuentes de financiamiento, optimizando el gasto público y teniendo la decisión de sacar los programas adelante. Para multiplicar por cinco la inversión en vivienda o para garantizar seguridad jurídica o para impulsar un plan de infraestructura no se necesita cambiar la Constitución.
¿Usted cree que cualquier congreso negaría la posibilidad de dar un gran salto social, priorizando inversiones en esas áreas?
No creo que eso vaya a ocurrir.
¿Pero cómo piensa conformar las listas de Cambio Radical?
Estamos tratando de identificar a extraordinarios colombianos que tomen la decisión de ir al Congreso. No ha sido fácil tarea. La institución pasa por su peor momento y así es muy difícil entusiasmar a dirigentes gremiales, empresariales y sociales a que se animen a presentar sus nombres. La tarea no es fácil y creo que en todos los partidos se presenta la misma situación.
La recién aprobada Reforma Política le dio vía libre al transfuguismo ¿Qué tanto podría afectar eso a Cambio Radical?
Esa Reforma Política no afecta al partido. En Cambio Radical desde hace mucho tiempo hemos sostenido el principio de que quien no quiera estar al lado nuestro y no comparta los principios de la organización, puede retirarse. Con Reforma Política o sin ella, el Partido no tiene camisas de fuerza para atajar a nadie.
¿O sea que se le va a ir gente?
Probablemente algunos. Otros llegaran. Me sorprendió gratamente que la casi totalidad de los congresistas del partido me hubieran acompañado con mucho entusiasmo al lanzamiento de la candidatura.
¿Juan Lozano podría estar en las listas de Cambio Radical al Senado?
No sabría decirlo. Tengo una relación personal y política con él desde que estaba muy joven, por eso me ha causado extrañeza su actitud. Pero comprendo que en la actividad publica esas cosas ocurren. Pronto conversaré con él para ver finalmente que ha resuelto.
¿Sería partidario de un congreso unicameral?
No, esa idea la propuso el presidente Uribe en 2002 y no tuvo mucho eco.
¿Y de un régimen parlamentario?
En el peor momento por el que atraviesa el Congreso nadie comprendería que propusiéramos un régimen parlamentario.
¿Cómo sería el manejo suyo en materia de relaciones internacionales?
Las relaciones deben enmarcarse dentro de los principios del derecho internacional, que no pueden ser otros que el respeto a las normas. Implica no involucrarse en los asuntos internos de ningún país y exigir de estos el mismo respeto hacia nuestra política interna. Hay que avanzar en preservar buenas relaciones con los países del área y nuestros vecinos en particular.
¿Cómo arreglar las relaciones con Ecuador?
Tengo la impresión de que las diferencias con Ecuador han trascendido del campo político al persona y estas se superaran con el cambio de Gobierno.
En su discurso del jueves se notó un tono conciliador frente al presidente Uribe ¿su objetivo es convertirse en su heredero?
Contribuí a la elección del doctor Uribe, tanto en el primero como en el segundo mandato. Jamás oirá de mi parte un agravio hacia él. Mi intención no es heredarlo sino sucederlo.
Un ‘animal político’
“Llevo 25 años preparándome para esto”, le dijo el jueves pasado Germán Vargas Lleras a El Espectador, pocos minutos antes de lanzar en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada de Bogotá su candidatura presidencial. Para muchos, es un “animal político” que no concibe la vida si no en función de lo público.
Sus posiciones basadas en el principio de autoridad lo han llevado a ser declarado objetivo militar de la guerrilla. En su lanzamiento ratificó esa postura: “No hay que ceder ni un milímetro, no desfallecer ni un segundo en la lucha contra los grupos guerrilleros dedicados al terrorismo, contra las bandas emergentes que quieren revivir la pesadilla del paramilitarismo y contra todas las organizaciones criminales que quieren volver a ensangrentar a Colombia para amedrentarla y delinquir a sus anchas”, dijo.
Algunas propuestas de campaña
En la presentación de su programa de gobierno, Germán Vargas Lleras prometió luchar por un país seguro y con progreso social. Su plataforma de campaña está fundamentada en un ambicioso plan de inversión en infraestructura cuyo objetivo es entregar en 2014 las primeras verdaderas autopistas en Colombia, “vías de doble calzada con promedios de tránsito de 100 kilómetros por hora y bermas no menores a 1,80 metros”.
El candidato propone restablecer el Ministerio de Justicia, lograr una pronta justicia con procedimientos orales que garanticen inmediatez en el recaudo de las pruebas y reduzcan los términos. Asimismo, plantea una lucha frontal contra la pobreza a partir de la generación de oportunidades para todos los colombianos.