Este domingo, la Procuraduría confirmó la suspensión por cuatro meses y una multa de $31 millones contra Camilo Romero por irregularidades en la elección de un contratista cuando él era el gobernador de Nariño.
De acuerdo con la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, “en el proceso se estableció que el contrato se adjudicó a la Organización de Licores de Nariño S. A. S. sin que previamente se hubiera realizado el proceso de selección correspondiente”. El contrato, celebrado en 2016, era para la comercialización de 80.000 cajas de licor.
“En el caso sometido a examen, se observa una total omisión frente a los deberes propios del gobernador, más aún si se tiene en cuenta que él dispuso del encargo al secretario de Hacienda para los asuntos urgentes de su despacho”, sostuvo el Ministerio Público en el fallo de segunda instancia.
Pese a ello, el hoy embajador de Colombia en Argentina aseguró que el fallo demostró que no hubo acción irregular alguna.
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“Después de 7 años, y con una Procuraduría politizada, no se encontró acción irregular de mi parte y únicamente queda formalizada una multa económica por lo que la Procuraduría considera una omisión. Con ello, queda concluido el proceso”, escribió el político en X.
La conducta fue calificada como una falta grave cometida a título de culpa grave. “La sanción se convierte en salarios devengados para la época de los hechos, equivalentes a $31.859.152. La sanción impuesta quedó en firme y su ejecución procede de manera inmediata, en atención a que el sancionado no se encuentra en ejercicio de un cargo de elección popular”, indicó la Procuraduría.
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