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Aprobada la reforma laboral por el Congreso el último día de sus sesiones ordinarias y aceptado su texto por el Gobierno, ¿podría surgir otro clima político en el país?
Con la aprobación de la reforma laboral en el Congreso cuyo contenido satisface al Gobierno, según las manifestaciones que han hecho el presidente y sus ministros de Interior y Trabajo, se demostró que se pueden lograr acuerdos favorables a la ciudadanía si hay una actitud dialogante: es necesario entender que el diálogo democrático es de consensos y no de imposiciones. De aquí en adelante, vendrán los tiempos de la campaña electoral y la última legislatura del actual periodo. Hay que hacer, entonces, un pacto de buenas prácticas entre todos los funcionarios públicos.
El presidente cumplió su promesa de retirar su controvertida convocatoria a consulta popular una vez aprobada la reforma en el Congreso ¿Cree que esta habría sido tramitada tan ágilmente en el Capitolio y que habría logrado las mayorías que consiguió en Senado y Cámara sin el reto previo que Petro le planteó con la presión de la consulta a pesar de las dudas jurídicas que el uso de este mecanismo suscitó?
Desafortunadamente creo que la reforma laboral no habría sido aprobada sin ese factor. Sin embargo, no hay que olvidar que su trámite fue tortuoso: implicó una apelación a la votación en el Senado; el estudio del articulado por parte de una nueva Comisión (Cuarta) distinta a la Séptima que la negó, y la activación del mecanismo de participación ciudadana de la consulta popular. El ambiente anterior, inútil y de tensión constitucional, se hubiera podido evitar si la actitud del Gobierno y de la oposición hubiera sido la de deliberación democrática. También hay que resaltar que lo que sucedió, constituyó un riesgo innecesario para la calidad de nuestra democracia.
De todos modos, parece que finalmente surgió algo positivo del enfrentamiento institucional tan inquietante que hemos presenciado estas semanas ¿Está de acuerdo?
Me parece que quedó claro que en las democracias es importante dialogar, dialogar y dialogar. El Gobierno debe entender que cuando plantea una iniciativa, el Congreso puede hacerle modificaciones y que la mejor ley será, siempre, la que se logre con los consensos, no la que se trata de imponer. Un ejemplo positivo de esta premisa, es, precisamente, la aprobación de la reforma laboral; un ejemplo negativo es la reforma pensional porque a pesar de haber sido aprobada, su suerte terminó en manos de los jueces; otros ejemplos negativos son las reformas a la salud y la estatutaria de educación que, aun cuando son necesarias, se hundieron por falta de acuerdos en el primer caso y en el segundo, porque el Gobierno prefirió abandonarla cuando la ministra del momento concertó su texto con el partido de oposición.
No obstante que Petro cumplió su promesa de retirar el decreto sobre consulta popular si se aprobaba la laboral, el mismo día lanzó otra propuesta controversial: “presentar una papeleta (a los votantes) para convocar una asamblea nacional constituyente en las próximas elecciones (del 2026)”. Primero, ¿es posible añadir esa papeleta a los tarjetones para elegir presidente y nuevo Congreso? Segundo, ¿cree que el mandatario busca repetir el fenómeno de hace más de tres décadas cuando se logró debatir un nuevo texto de la Carta Política con la “séptima papeleta”?
El momento histórico de 1990 y esta coyuntura del año 2025, no son situaciones comparables. En esa época había una confluencia de factores sociales como la guerra contra las drogas, el proceso de paz, la apertura democrática, etc. Ahora, estamos ante una decisión del jefe de Estado. En aquella etapa de nuestra historia, no había mecanismos fáciles para reformar la Constitución; hoy existen. En mi opinión, esa propuesta es un disparate que producirá mayor tensión: no se pueden mezclar mecanismos de participación ciudadana, con las elecciones generales. Está prohibido porque la ciudadanía debe tener claridad sobre lo que está votando. Repito, no se pueden confundir elecciones y mecanismos de participación ciudadana. Y, más sencillo: la organización electoral no puede incluir una papeleta en una elección.
La insistencia del mandatario en poner en la agenda política la posibilidad de que el país realice una asamblea constituyente, aun cuando, como indica su última versión de propuesta, la ejecutaría el próximo gobierno, ¿es, para usted, una estrategia mediática y electoral del mandatario?
Pareciera que la estrategia del Gobierno apunta a mantener activa la plaza pública, a movilizar a sus bases sociales mediante manifestaciones y a recurrir a las marchas como forma de presión política. Con las movilizaciones busca instalar, en la agenda, un conjunto de temas que, si bien son relevantes, deben ser tramitados conforme a los cauces institucionales y constitucionales vigentes. Por poner un ejemplo, la que, hace unos días se denominó en los círculos gubernamentales como “asamblea popular constituyente”, no tiene ningún sustento jurídico en el ordenamiento constitucional colombiano. No está prevista en el Título XIII de la Constitución ni puede considerarse una forma legítima de rediseño constitucional porque está por fuera del marco democrático.
Da la impresión de que Petro está desafiando toda la estructura legal y constitucional de nuestro sistema y pareciera que le estorba el marco jurídico actual, tal vez porque no puede desarrollar sus planes y porque le ha tocado enfrentar la oposición más dura que haya tenido un mandatario en época reciente ¿Esta puede ser una explicación a su conducta de hacer propuestas que sobresaltan al país cada día?
Es importante advertir que se ha presentado un conjunto de actuaciones gubernamentales que, al menos, bordea el desconocimiento de decisiones judiciales y los límites del orden jurídico. Le pongo ejemplos: la convocatoria a una consulta popular sin cumplir los requisitos constitucionales; la insistencia en mecanismos constituyentes no previstos por la Carta; la exposición de los consejos de ministros por televisión; la expedición de decretos para intervenir en tarifas de servicios públicos sin competencia clara. Todos los casos anteriores configuran un patrón preocupante que desafía la arquitectura del Estado constitucional. Frente a ello, la academia, los jueces, los órganos de control y la ciudadanía debemos estar atentos y responder con firmeza en defensa del Estado de Derecho. Dicho esto, también debo afirmar que no considero que el presidente Gustavo Petro tenga intenciones autoritarias ni que pretenda prolongar su mandato más allá del 7 de agosto de 2026. Confío en que prevalecerá, en él, el respeto por el orden constitucional y los límites democráticos establecidos en la Carta Política.
Pero personajes conocidos de la oposición insisten en que sí tiene el propósito de interrumpir el proceso electoral para quedarse. A usted, ¿le queda alguna duda al respecto?
No, no tengo dudas al respecto. No debemos caer en angustias anticipatorias ni alimentar escenarios de ruptura institucional sin fundamentos objetivos. El presidente Petro, conforme al mandato constitucional, deberá abandonar la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2026, como corresponde hacerlo en una democracia que respeta los límites temporales del poder. Podrán hacerse valoraciones críticas sobre su gestión administrativa, sobre su dificultad para conformar un gabinete cohesionado o para conducir de manera eficaz la relación con el Congreso. Y también es válido cuestionar el comportamiento de la oposición, que, en muchos momentos, no ha ejercido una labor argumentativa ni propositiva, sino reactiva y de polarización. Pero no creo que estemos frente a un intento de instaurar un régimen autoritario ni de extender indebidamente el mandato presidencial. Eso sí, todo indica que el último año de Gobierno estará marcado por una alta intensidad jurídica y política, con múltiples debates constitucionales que exigirán firmeza institucional, vigilancia democrática y compromiso con la legalidad por parte de todos los actores del sistema.
El presidente de la República suele incentivar las confrontaciones pero, del otro lado, el presidente del Congreso que critica tanto a Petro, hace lo mismo que este ¿En nuestro sistema no existe una norma que los obligue a comportarse de manera que respondan a las expectativas de sus votantes?
Los servidores públicos están obligado a mantener buena conducta. Existe el Código General Disciplinario, la Ley Quinta del 92 que regula a los congresistas, etc. Pero no todo tiene que estar escrito en las normas para que los altos dignatarios se comporten. Se ha olvidado la práctica de la ética, la dignidad de quienes nos representan y la probidad con que tienen que actuar: ellos siempre le mandan mensajes a la sociedad que los observa todo el tiempo.
La justificación que ha dado el presidente Petro, para acudir a esos mecanismos extremos, es que el Congreso le bloquea todas sus iniciativas…
Reconozco que el gobierno del presidente Petro ha propuesto una agenda de transformación con temas disruptivos que, en sí mismos, merecen ser discutidos en democracia. No ha enfrentado un ambiente político sencillo, y es evidente que gobernar y construir mayorías, en un sistema institucional complejo como el nuestro, exige voluntad de diálogo y capacidad de concertación. Sin embargo, ninguna dificultad política puede justificar el desconocimiento de los principios fundamentales del Estado. Ese tipo de acciones, que erosionan la legitimidad de las instituciones representativas, nos acercan a modelos de “democracias de baja intensidad” o “electo-democracias” que ya se han documentado en la región y cuyas consecuencias son preocupantes. El respeto por la separación de poderes y la garantía de los derechos de todos los ciudadanos, son límites infranqueables en una democracia constitucional.
¿El país se habría ahorrado esta agotadora confrontación si desde el principio el Gobierno y el Congreso hubieran cedido cada uno un poco en lugar de cerrarse la puerta en las narices?
El Gobierno no ha acompañado, con la debida atención, su agenda legislativa: no solo la reforma laboral, sino también la reforma a la salud, la jurisdicción agraria y la educación superior han quedado sin el impulso necesario. Diez proyectos se archivarán por falta de debate, lo cual demuestra un desencuentro institucional. La inacción del Congreso también es un reflejo de la falta de dirección política del Gobierno en el desarrollo de su agenda legislativa. Los cambios constantes en el Ministerio del Interior (4 ministros), debilitaron los canales de diálogo con el Legislativo. Además, el uso excesivo de redes sociales del presidente ha contribuido a crispar el ambiente político. El país se habría beneficiado de un enfoque orientado al consenso y a la deliberación.
El infructuoso enfrentamiento entre los poderes, ¿puede revertirse o ya es tarde?
Como dije antes, estamos en tránsito hacia la última legislatura del mandato constitucional del Congreso y en el último año del Gobierno. La campaña política que se avecina, por definición, intensifica la confrontación de ideas, opiniones y argumentos. Lamentablemente, el llamado del Cardenal José Luis Rueda y la propuesta de una mesa de consenso institucional han llegado cuando el periodo del presidente Petro entra en su fase final. Espero que no sea demasiado tarde.
Las decisiones judiciales, sobre todo las de las cortes, han entrado, también, en el debate político: unos y otros pretenden contar con la voz y el favor de esos altos tribunales. Aunque ya no tenga importancia por sustracción de materia, ¿el efecto suspensivo de decreto presidencial sobre la consulta popular por parte del Consejo de Estado, ¿fue una derrota del Gobierno o un triunfo de la oposición?
Ni lo uno ni lo otro. Es fundamental desligar las decisiones judiciales de lecturas partidistas o interpretaciones reduccionistas entre triunfos y derrotas políticas. Los jueces, en sus providencias, están únicamente sometidos al imperio del ordenamiento jurídico y no convalidan narrativas de éxito o fracaso del Gobierno o la oposición. Las sentencias no pueden ser interpretadas de esa manera. La ausencia de diálogo entre las fuerzas políticas, ha trasladado muchas de esas disputas al escenario judicial, con un efecto de confusión en torno al verdadero papel que desempeñan los jueces en un Estado constitucional. Lo que debe subrayarse es que los mecanismos institucionales de control están funcionando y que los órganos judiciales pueden ejercer su competencia frente al poder político cuando así lo exige el orden jurídico. Eso sí, todo indica que el último año de Gobierno estará marcado por una alta intensidad jurídica. Si se parodia la famosa frase “¡Todavía hay jueces en Berlín!”, aquí podría afirmarse que todavía hay jueces en Colombia.
¿Qué explicación le da usted a la alta frecuencia de contratiempos y de derrotas gubernamentales en los escenarios legislativos y judiciales?
La explicación está en el funcionamiento normal del Estado de derecho. Todos los presidentes, sin excepción, han enfrentado derrotas en el Congreso y en la Corte Constitucional. En el caso del presidente Petro, creo que la Corte Constitucional ha actuado con notable deferencia: ha aplicado el principio de conservación del derecho y ha mostrado una interpretación generosa en beneficio de las decisiones legislativas. Algunos ejemplos lo demuestran: convalidó un error de imprenta en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo; en el caso del EESE de La Guajira, declaró inexequible el régimen especial de agua, pero con efectos diferidos; no encontró méritos para declarar la inconstitucionalidad de la declaratoria de conmoción interior en el Catatumbo; avaló la creación del Ministerio de la Igualdad, a pesar del impacto fiscal; y recientemente, en el trámite de la reforma pensional, ordenó subsanar un vicio en la plenaria de la Cámara relacionado con la falta de deliberación, en lugar de declarar la inconstitucionalidad del proceso. Todo ello muestra que los órganos de control han actuado con responsabilidad, no con hostilidad. Lo que el presidente percibe como persecución o acorralamiento institucional, en realidad es el resultado natural de los controles democráticos. Las decisiones contrarias a sus intereses hacen parte del funcionamiento legítimo de un sistema de frenos y contrapesos, no de una estrategia para impedir el desarrollo del Gobierno.
El grave atentado contra el senador y precandidato opositor Miguel Uribe, tiene y tendrá incidencia política además de su impacto social ¿Cuáles consecuencias inmediatas y mediatas tendrá ese trágico hecho y cómo afectará las elecciones legislativas y presidenciales?
El atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay ha reactivado un sentimiento colectivo que creíamos superado. Quienes pertenecemos a una generación que estaba en la universidad en la época de los atentados al club El Nogal, al edificio del DAS, y los ataques a nuestros profesores —como a Antonio José Cancino—, volvimos a experimentar la angustia y la incertidumbre que trae consigo la violencia política. Este hecho marca un punto de inflexión. Es urgente que todas las fuerzas políticas, sin excepción, asuman con responsabilidad el momento que vive el país y promuevan un gran pacto nacional:no a la violencia en el ejercicio de la política. Necesitamos reconstruir la confianza, desactivar los lenguajes del odio y recuperar la deliberación democrática como única vía legítima para resolver nuestras diferencias. La democracia exige cuidado, templanza y responsabilidad, hoy más que nunca.
“Seguimos siendo una democracia con controles efectivos”
¿Cree que es probable – según repiten los partidos de oposición - que Colombia llegue a ser otra Venezuela o esa es una tesis interesada para incentivar el miedo de los votantes?
Colombia no es Venezuela. Aunque atravesamos momentos de tensión institucional, las diferencias son sustanciales. Aquí, las instituciones han respondido; el Congreso ha tramitado reformas sustantivas - como la laboral -; los jueces han ejercido controles oportunos sobre las decisiones del Ejecutivo, y el presidente, pese a la confrontación política, se mantiene dentro del marco de la legalidad. Además, contamos con una sociedad civil activa y con una comunidad académica comprometida que sigue de cerca los acontecimientos. En medio de la agitación política es importante hacer una pausa, observar con perspectiva y reconocer que la estructura del Estado colombiano ha funcionado. Seguimos siendo una democracia con mecanismos de control activos, con jueces independientes, con ciudadanía vigilante y con una academia que no se aparta del debate público. Esa es nuestra mayor garantía.
“No debemos alimentar hipótesis conspirativas”
Los partidarios del gobierno Petro sostienen que, con la insistencia de la oposición en un supuesto peligro que correría la democracia, lo que se busca es crear condiciones para impedir que el presidente termine si periodo ¿Es posible que ese plan exista?
Confío en que ese escenario no se materialice. Como dije, no debemos alimentar hipótesis conspirativas ni promover narrativas que debiliten la confianza en el orden constitucional. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han asumido, en los últimos años, procesos serios de formación en derecho constitucional y en derechos humanos. en la Universidad Externado hemos sido partícipes y testigos de ese esfuerzo pedagógico. Por eso estoy segura de que las instituciones armadas estarán a la altura de su mandato constitucional y que no acompañarán ningún intento de quebrantamiento del orden democrático. El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fue un hecho profundamente perturbador. Nos dejó atónitos y con la amarga sensación de estar regresando a un pasado de violencia política. Espero que ese no sea el rumbo que tome el país. La democracia exige vigilancia, pero también confianza en las instituciones que la sostienen.
