“No tiene sentido tener órganos de control arrodillados”: Fernando Carrillo

El viernes deja la Procuraduría Fernando Carrillo, un abogado y economista de 57 años, con dos maestrías de la Universidad de Harvard y un largo currículum: ha sido constituyente, representante del BID en París y Brasil, ministro de Justicia y del Interior, embajador en España y procurador general.

Aun cuando no ha ejercido como político, consiguió el apoyo de todos los partidos para ser elegido por unanimidad procurador general de la Nación.

Como procurador, se esforzó por atajar entuertos para ahorrarle billones de pesos a la nación, buscó proteger los derechos de las víctimas y de las minorías étnicas y propició un gran diálogo social que incluyó a todos los sectores (con el comité nacional del paro incluido) y que, mientras la tan cacareada conversación nacional del presidente Duque no terminó en nada, este produjo un documento de consenso sobre los temas álgidos: ingreso mínimo vital, garantías para la participación política y la movilización social, implementación del Acuerdo de Paz, inclusión, protección a los líderes sociales, reforma rural y narcotráfico. Ojalá el presidente lo lea, no lo bote a la basura, lo implemente y continúe ese gran diálogo social que, si lo desarrolla en serio, puede unir al país y evitarle una profunda crisis.

Por ahora, Carrillo viajará a España por un semestre a atender compromisos académicos. Y si bien dice que no se presentará como candidato presidencial a la consulta que planean hacer los sectores de centro, a su regreso aspira a lograr un consenso que le evite al país caer en los extremos… ¿Qué significa en concreto ese propósito? Ya se verá…

¿Nostálgico?

No ha habido tiempo para nostalgias, pero ya llegará ese momento.

¿Cuál es su legado?

Son cinco: 1) la creación de espacios de voz ciudadana y diálogo basados en la confianza, 2) la defensa de la paz y los derechos de las víctimas, 3) la creación de una muralla contra la corrupción, 4) la ocupación de los territorios con acciones de la PGN y 5) lo que es mí gran orgullo, la digitalización de la entidad. La Procuraduría, cumpliendo su función preventiva, por la vía del diálogo, previno violaciones de derechos, sancionó a funcionarios públicos que incurrieron en faltas, interpuso más de 45 acciones populares en defensa del medio ambiente e intervino en más de 500.000 audiencias judiciales.

¿Hay funcionarios públicos involucrados en asesinatos de líderes sociales?

Hay alcaldes, por ejemplo, que fueron acusados por la sociedad civil. Esperamos, incluso, tener una o dos decisiones la próxima semana.

¿Quiénes están matando a los líderes sociales?

El crimen organizado, en todas sus expresiones, al que le ha estorbado el liderazgo social en los territorios, como resultado, además, de una insuficiente implementación de los acuerdos de paz y de la reforma rural integral, una gran tarea pendiente en este Gobierno. La mayoría de los asesinatos de líderes sociales tienen que ver con la restitución de tierras y la defensa de los derechos de las comunidades. Entre las víctimas encontramos reclamantes de tierras, ambientalistas, defensores del derecho a la salud, a la educación… El narcotráfico juega un papel, pero no es el único factor. Hay que desmantelar, además, las mafias de la minería ilegal, las madereras, las que se apoderan de los recursos locales y las que están incrustadas dentro del Estado. Le hemos pedido al Gobierno una política pública de defensa de los líderes sociales, pero la seguimos esperando.

¿Y a los excombatientes de las Farc quiénes los matan?

Esos mismos actores armados, porque gran parte de los excombatientes tratan de cumplir los acuerdos. Y ese cumplimiento supone un gran obstáculo para los poderes de las mafias en los territorios.

¿Qué opina de las frecuentes declaraciones del presidente dándole instrucciones a la JEP sobre lo que debe y no debe hacer?

Que hay que aprender a respetar las decisiones de la justicia. La JEP es una alta Corte y un tribunal de paz, no un juzgado de tercera categoría, del cual depende nada menos que el reconocimiento de los derechos de nueve millones de víctimas y la reconciliación.

¿Cuáles fueron los principales errores de su Procuraduría?

Nos demoramos en ejercer acción en los territorios, pero después de año y medio logramos tener una Procuraduría móvil recorriendo todo el país. Y establecimos instancias regionales de diálogo para la búsqueda de consensos, ya que las violaciones de derechos se configuran precisamente por la visión unilateral del desarrollo y la imposibilidad de conversar con el otro. Por eso realizamos más de 200 audiencias ciudadanas y creamos 25 nuevos espacios de participación. Por ejemplo, en la Mesa por la Vida participaron más de 3.000 líderes sociales en catorce reuniones regionales.

Hay quienes dicen que esas no son funciones de la Procuraduría…

La Procuraduría representa los intereses de la sociedad. Y estos se defienden al garantizar los derechos de la gente. Y más importante que las sanciones es la capacidad de proteger derechos. Por ello suspendimos, por ejemplo, contratos que iban por el camino de la corrupción, que ascendieron a más de $5 billones. Y en el caso de Odebrecht, evitamos que esa multinacional se llevara casi $7 billones, pues en un tribunal de arbitramento logramos la nulidad de ese contrato, y se ganó una acción popular que le costó al consorcio de la Ruta del Sol $715.000 millones.

Dicen las malas lenguas que Luis Carlos Sarmiento, de quien usted fue asesor, no lo está queriendo mucho...

Pues no lo sé... Tendrán que aceptar que yo he cumplido con mi deber actuando conforme a la ley y velando por los derechos de las víctimas. Nosotros logramos modernizar de tal forma la Procuraduría que le ahorramos al Estado más de $18 billones en actuaciones preventivas y judiciales. Eso es más que una reforma tributaria.

Algún medio criticó que su Procuraduría no fue muy proactiva en los casos de los senadores Musa Besaile, el “Ñoño” Elías y Antonio Guerra de la Espriella.

Una de las acciones que me produce mayor orgullo es el desmantelamiento del cartel de la salud en Córdoba: enfrentamos la corrupción regional.

Hablemos del diálogo social.

Hicimos seis cumbres con empresarios, líderes sociales e institucionales, los partidos y los medios. Y estuvieron sentados, entre otros, el hermano de Ricardo Palmera con el hijo de Jorge 40; la presidenta del Centro Democrático con Timochenko; doña Lina de Uribe con los representantes de la izquierda. Fue algo inédito en este país, cuando todo el mundo afirma que la polarización y el extremismo son parte de las reglas del juego y que no hay nada que hacer distinto de radicalizar las posiciones. Y se lograron consensos.

El presidente insinuó que usted estaba utilizando el diálogo social como una plataforma para ambientar su candidatura presidencial. ¿Qué piensa de eso?

Pienso que el Ejecutivo tiene que acostumbrarse a tener órganos de control independientes, críticos y autónomos. A un demócrata le debe satisfacer la crítica constructiva. No tiene sentido tener procuradores, contralores o fiscales arrodillados. Yo estoy convencido de que el presidente debería convocar a un gran acuerdo nacional, antes de que sigamos caminando hacia el abismo del extremismo y el odio. Por eso le dejamos una memoria del consenso logrado con el diálogo social, como otro legado donde ha estado representada toda la sociedad colombiana. Y espero que ese diálogo siga, ojalá desde la Procuraduría; o si no, desde afuera, pues hay muchos líderes pensando en mantener esa instancia de convergencia.

¿Cómo están sus relaciones con el presidente?

Son cordiales y distantes en este momento. Él sabe mejor que nadie que la Procuraduría cumple mejor su función constitucional no siendo un apéndice del Ejecutivo.

¿Qué consejo le da a su sucesora Margarita Cabello?

Que sea independiente y que no nombre con criterio político a los procuradores delegados, regionales o provinciales. Sé que la procuradora Cabello es consciente de ello, viene del mundo de la justicia y puede evitar que eso suceda.

¿Cómo ve el 2022?

Complejo por lo que augura el 2021: puede haber un estallido social muy grave, que radicalizaría tanto los ánimos, que obligaría a pensar en los grandes acuerdos.

¿Y en ese momento Fernando Carrillo se erigiría como uno de los principales constructores del consenso?

No sé si como uno de los principales, pero sí como un soldado de esa causa.

Y para terminar, ¿usted participaría en la consulta que están organizando los sectores del centro?

No veo cómo, porque no tengo respaldo ni pertenezco a ningún partido. Me gustaría más ayudar a armar un consenso para una opción alejada de los extremos. Creo que tenemos que sentarnos todos a diseñar una plataforma sólida de ideas antes de escoger a las personas.

El viernes deja la Procuraduría Fernando Carrillo, un abogado y economista de 57 años, con dos maestrías de la Universidad de Harvard y un largo currículum: ha sido constituyente, representante del BID en París y Brasil, ministro de Justicia y del Interior, embajador en España y procurador general.

Aun cuando no ha ejercido como político, consiguió el apoyo de todos los partidos para ser elegido por unanimidad procurador general de la Nación.

Como procurador, se esforzó por atajar entuertos para ahorrarle billones de pesos a la nación, buscó proteger los derechos de las víctimas y de las minorías étnicas y propició un gran diálogo social que incluyó a todos los sectores (con el comité nacional del paro incluido) y que, mientras la tan cacareada conversación nacional del presidente Duque no terminó en nada, este produjo un documento de consenso sobre los temas álgidos: ingreso mínimo vital, garantías para la participación política y la movilización social, implementación del Acuerdo de Paz, inclusión, protección a los líderes sociales, reforma rural y narcotráfico. Ojalá el presidente lo lea, no lo bote a la basura, lo implemente y continúe ese gran diálogo social que, si lo desarrolla en serio, puede unir al país y evitarle una profunda crisis.

Por ahora, Carrillo viajará a España por un semestre a atender compromisos académicos. Y si bien dice que no se presentará como candidato presidencial a la consulta que planean hacer los sectores de centro, a su regreso aspira a lograr un consenso que le evite al país caer en los extremos… ¿Qué significa en concreto ese propósito? Ya se verá…

¿Nostálgico?

No ha habido tiempo para nostalgias, pero ya llegará ese momento.

¿Cuál es su legado?

Son cinco: 1) la creación de espacios de voz ciudadana y diálogo basados en la confianza, 2) la defensa de la paz y los derechos de las víctimas, 3) la creación de una muralla contra la corrupción, 4) la ocupación de los territorios con acciones de la PGN y 5) lo que es mí gran orgullo, la digitalización de la entidad. La Procuraduría, cumpliendo su función preventiva, por la vía del diálogo, previno violaciones de derechos, sancionó a funcionarios públicos que incurrieron en faltas, interpuso más de 45 acciones populares en defensa del medio ambiente e intervino en más de 500.000 audiencias judiciales.

¿Hay funcionarios públicos involucrados en asesinatos de líderes sociales?

Hay alcaldes, por ejemplo, que fueron acusados por la sociedad civil. Esperamos, incluso, tener una o dos decisiones la próxima semana.

¿Quiénes están matando a los líderes sociales?

El crimen organizado, en todas sus expresiones, al que le ha estorbado el liderazgo social en los territorios, como resultado, además, de una insuficiente implementación de los acuerdos de paz y de la reforma rural integral, una gran tarea pendiente en este Gobierno. La mayoría de los asesinatos de líderes sociales tienen que ver con la restitución de tierras y la defensa de los derechos de las comunidades. Entre las víctimas encontramos reclamantes de tierras, ambientalistas, defensores del derecho a la salud, a la educación… El narcotráfico juega un papel, pero no es el único factor. Hay que desmantelar, además, las mafias de la minería ilegal, las madereras, las que se apoderan de los recursos locales y las que están incrustadas dentro del Estado. Le hemos pedido al Gobierno una política pública de defensa de los líderes sociales, pero la seguimos esperando.

¿Y a los excombatientes de las Farc quiénes los matan?

Esos mismos actores armados, porque gran parte de los excombatientes tratan de cumplir los acuerdos. Y ese cumplimiento supone un gran obstáculo para los poderes de las mafias en los territorios.

¿Qué opina de las frecuentes declaraciones del presidente dándole instrucciones a la JEP sobre lo que debe y no debe hacer?

Que hay que aprender a respetar las decisiones de la justicia. La JEP es una alta Corte y un tribunal de paz, no un juzgado de tercera categoría, del cual depende nada menos que el reconocimiento de los derechos de nueve millones de víctimas y la reconciliación.

¿Cuáles fueron los principales errores de su Procuraduría?

Nos demoramos en ejercer acción en los territorios, pero después de año y medio logramos tener una Procuraduría móvil recorriendo todo el país. Y establecimos instancias regionales de diálogo para la búsqueda de consensos, ya que las violaciones de derechos se configuran precisamente por la visión unilateral del desarrollo y la imposibilidad de conversar con el otro. Por eso realizamos más de 200 audiencias ciudadanas y creamos 25 nuevos espacios de participación. Por ejemplo, en la Mesa por la Vida participaron más de 3.000 líderes sociales en catorce reuniones regionales.

Hay quienes dicen que esas no son funciones de la Procuraduría…

La Procuraduría representa los intereses de la sociedad. Y estos se defienden al garantizar los derechos de la gente. Y más importante que las sanciones es la capacidad de proteger derechos. Por ello suspendimos, por ejemplo, contratos que iban por el camino de la corrupción, que ascendieron a más de $5 billones. Y en el caso de Odebrecht, evitamos que esa multinacional se llevara casi $7 billones, pues en un tribunal de arbitramento logramos la nulidad de ese contrato, y se ganó una acción popular que le costó al consorcio de la Ruta del Sol $715.000 millones.

Dicen las malas lenguas que Luis Carlos Sarmiento, de quien usted fue asesor, no lo está queriendo mucho...

Pues no lo sé... Tendrán que aceptar que yo he cumplido con mi deber actuando conforme a la ley y velando por los derechos de las víctimas. Nosotros logramos modernizar de tal forma la Procuraduría que le ahorramos al Estado más de $18 billones en actuaciones preventivas y judiciales. Eso es más que una reforma tributaria.

Algún medio criticó que su Procuraduría no fue muy proactiva en los casos de los senadores Musa Besaile, el “Ñoño” Elías y Antonio Guerra de la Espriella.

Una de las acciones que me produce mayor orgullo es el desmantelamiento del cartel de la salud en Córdoba: enfrentamos la corrupción regional.

Hablemos del diálogo social.

Hicimos seis cumbres con empresarios, líderes sociales e institucionales, los partidos y los medios. Y estuvieron sentados, entre otros, el hermano de Ricardo Palmera con el hijo de Jorge 40; la presidenta del Centro Democrático con Timochenko; doña Lina de Uribe con los representantes de la izquierda. Fue algo inédito en este país, cuando todo el mundo afirma que la polarización y el extremismo son parte de las reglas del juego y que no hay nada que hacer distinto de radicalizar las posiciones. Y se lograron consensos.

El presidente insinuó que usted estaba utilizando el diálogo social como una plataforma para ambientar su candidatura presidencial. ¿Qué piensa de eso?

Pienso que el Ejecutivo tiene que acostumbrarse a tener órganos de control independientes, críticos y autónomos. A un demócrata le debe satisfacer la crítica constructiva. No tiene sentido tener procuradores, contralores o fiscales arrodillados. Yo estoy convencido de que el presidente debería convocar a un gran acuerdo nacional, antes de que sigamos caminando hacia el abismo del extremismo y el odio. Por eso le dejamos una memoria del consenso logrado con el diálogo social, como otro legado donde ha estado representada toda la sociedad colombiana. Y espero que ese diálogo siga, ojalá desde la Procuraduría; o si no, desde afuera, pues hay muchos líderes pensando en mantener esa instancia de convergencia.

¿Cómo están sus relaciones con el presidente?

Son cordiales y distantes en este momento. Él sabe mejor que nadie que la Procuraduría cumple mejor su función constitucional no siendo un apéndice del Ejecutivo.

¿Qué consejo le da a su sucesora Margarita Cabello?

Que sea independiente y que no nombre con criterio político a los procuradores delegados, regionales o provinciales. Sé que la procuradora Cabello es consciente de ello, viene del mundo de la justicia y puede evitar que eso suceda.

¿Cómo ve el 2022?

Complejo por lo que augura el 2021: puede haber un estallido social muy grave, que radicalizaría tanto los ánimos, que obligaría a pensar en los grandes acuerdos.

¿Y en ese momento Fernando Carrillo se erigiría como uno de los principales constructores del consenso?

No sé si como uno de los principales, pero sí como un soldado de esa causa.

Y para terminar, ¿usted participaría en la consulta que están organizando los sectores del centro?

No veo cómo, porque no tengo respaldo ni pertenezco a ningún partido. Me gustaría más ayudar a armar un consenso para una opción alejada de los extremos. Creo que tenemos que sentarnos todos a diseñar una plataforma sólida de ideas antes de escoger a las personas.