Norte de Santander, una olla a presión

La crisis se viene cocinando desde hace varios meses y ya se había advertido de su existencia. Cuatro documentos emitidos en los últimos tres años por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo han dado cuenta —con insistencia— del incremento en combates y enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control de zonas de Norte de Santander como El Tarra, Teorama, San Calixto, Hacarí y Playa de Belén, municipios que conforman la región del Catatumbo. Allí, el conflicto, a pesar de las negociaciones que el Gobierno adelanta con las Farc en La Habana y de los avances en los diálogos con el Eln, parece estar en etapa de reactivación.

De hecho, una hipótesis de la Defensoría señala que el proceso de paz constituye, en cierta medida, una explicación del fenómeno de violencia creciente en la región, pues los vacíos de poder que se han abierto por cuenta del cese de actividades de las Farc en la zona —como resultado de las conversaciones de La Habana— han derivado en enfrentamientos entre otras estructuras armadas que por décadas han hecho presencia en el territorio y que ahora buscan ocupar los espacios disponibles.

“La Defensoría del Pueblo constató que los sectores donde por cuenta del cese al fuego de las Farc han disminuido las acciones de esta organización, han sido ocupados por el Eln y el Epl, que mediante amenazas, desplazamientos individuales, retenciones, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, así como la activación de artefactos explosivos improvisados, entre otros, ejercen control social y mantienen el temor entre las comunidades, cuyo índice de necesidades básicas insatisfechas en las áreas rurales supera el 80 por ciento”, reveló ayer la Defensoría.

La puja tiene una justificación clara: la ubicación geográfica que por décadas ha hecho del Catatumbo una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado y donde, a través de los años, han confluido los intereses de diversos grupos ilegales, desde las Farc y el Eln, pasando por el Epl, las autodefensas, los grupos de narcotraficantes y más recientemente las bandas criminales. No solo se trata de una región selvática, de difícil acceso y con altos índices de abandono estatal, sino además con posición fronteriza estratégica, factor clave para el desarrollo de negocios ilícitos, especialmente el tráfico de drogas.

La magnitud del problema y su complejidad fueron reconocidos por el gobernador del departamento, William Villamizar, quien aseguró ayer que es necesario trabajar en planes especiales que lleven a “reducir el accionar de los grupos al margen de la ley que tienen como negocio principal el narcotráfico, lo cual nos ha generado mucho daño en los últimos meses”.

Respecto al tema de las drogas, las cifras preocupan. De acuerdo con los datos recopilados en el último Monitoreo de Cultivos de Coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los últimos años se ha registrado en Norte de Santander un considerable aumento de cultivos de coca. Tanto así que actualmente ocupa el tercer lugar entre los departamentos que más hectáreas de coca cultivadas tienen en el país, superando incluso a Caquetá y Cauca.

La tendencia, además, va en aumento y el asunto comienza a ser motivo de debate. La Secretaría de Gobierno departamental reveló recientemente que el reporte más realista habla de un incremento de cerca del 45 % en las hectáreas, solo en el último año. El reporte oficial de la ONU, que se conocería en los próximos meses, revelará qué tan acertada es la cifra.

A eso se suman los desacuerdos con los sectores campesinos sobre las estrategias de erradicación de cultivos y los procesos de sustitución. Aunque desde hace más de un año existe una mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la conciliación no ha sido posible. Los campesinos argumentan que el Gobierno no tiene voluntad política para discutir un programa estructural social, económico, ambiental, gradual y concertado que permita acabar con la siembra y dar solución a la situación de por lo menos 69.000 familias que se dedican de alguna forma a los cultivos ilícitos.

De hecho, esa es una de las razones por las cuales, agrupados en la Cumbre Agraria, están convocando a un gran paro nacional el próximo 30 de mayo. “En el Catatumbo se ha hablado, como en otras regiones, de modelos de economía propia, campesinas, que permitan dar alternativas, y el Gobierno no ha podido avanzar realmente en nada de eso. La discusión pasa además por la política antidrogas a nivel nacional, porque si no se cierran los circuitos económicos, los que generan todo ese tráfico de drogas, toda solución será un simple saludo a la bandera”, explicó Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos.

A pesar del sentir de las comunidades, el Gobierno ha insistido en la importancia que tiene la región en el contexto actual del país y de cara a un escenario de posconflicto tras la firma de un acuerdo final con las Farc. El presidente Juan Manuel Santos lo reconoció hace unas semanas al señalar que una de las razones de ser de los diálogos es lograr que zonas como el Catatumbo, que han sufrido por cuenta de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, puedan sentir, por fin, alternativas de desarrollo y progreso para las comunidades. De ahí que el jefe de Estado tenga a esta región como una de las primeras en las que empezarán a operar los Contratos Paz, la estrategia con la que el Gobierno busca llegar con inversión y desarrollo integral a los territorios.

Pero mientras se implementan las medidas, pensadas para un escenario de posconflicto, la confrontación en la zona persiste. Si bien es cierto que las actividades de las Farc han disminuido considerablemente como consecuencia del cese del fuego unilateral acordado en La Habana, también lo es que el Eln ha arreciado los ataques y que el Epl ha comenzado a buscar un protagonismo que antes no parecía interesarle. A eso se suma que, tal como lo señaló la Fundación Ideas para la Paz en 2015 al hacer una radiografía del departamento, las bandas criminales han cobrado relevancia en los últimos meses y su número de integrantes y el territorio que cubren se ha extendido en el Catatumbo. Un panorama difícil que plantea retos para un futuro inmediato frente a una implementación exitosa de los acuerdos de paz en una región azotada por la guerra.

La crisis se viene cocinando desde hace varios meses y ya se había advertido de su existencia. Cuatro documentos emitidos en los últimos tres años por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo han dado cuenta —con insistencia— del incremento en combates y enfrentamientos entre grupos armados que se disputan el control de zonas de Norte de Santander como El Tarra, Teorama, San Calixto, Hacarí y Playa de Belén, municipios que conforman la región del Catatumbo. Allí, el conflicto, a pesar de las negociaciones que el Gobierno adelanta con las Farc en La Habana y de los avances en los diálogos con el Eln, parece estar en etapa de reactivación.

De hecho, una hipótesis de la Defensoría señala que el proceso de paz constituye, en cierta medida, una explicación del fenómeno de violencia creciente en la región, pues los vacíos de poder que se han abierto por cuenta del cese de actividades de las Farc en la zona —como resultado de las conversaciones de La Habana— han derivado en enfrentamientos entre otras estructuras armadas que por décadas han hecho presencia en el territorio y que ahora buscan ocupar los espacios disponibles.

“La Defensoría del Pueblo constató que los sectores donde por cuenta del cese al fuego de las Farc han disminuido las acciones de esta organización, han sido ocupados por el Eln y el Epl, que mediante amenazas, desplazamientos individuales, retenciones, instrumentalización de niños, niñas y adolescentes, así como la activación de artefactos explosivos improvisados, entre otros, ejercen control social y mantienen el temor entre las comunidades, cuyo índice de necesidades básicas insatisfechas en las áreas rurales supera el 80 por ciento”, reveló ayer la Defensoría.

La puja tiene una justificación clara: la ubicación geográfica que por décadas ha hecho del Catatumbo una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado y donde, a través de los años, han confluido los intereses de diversos grupos ilegales, desde las Farc y el Eln, pasando por el Epl, las autodefensas, los grupos de narcotraficantes y más recientemente las bandas criminales. No solo se trata de una región selvática, de difícil acceso y con altos índices de abandono estatal, sino además con posición fronteriza estratégica, factor clave para el desarrollo de negocios ilícitos, especialmente el tráfico de drogas.

La magnitud del problema y su complejidad fueron reconocidos por el gobernador del departamento, William Villamizar, quien aseguró ayer que es necesario trabajar en planes especiales que lleven a “reducir el accionar de los grupos al margen de la ley que tienen como negocio principal el narcotráfico, lo cual nos ha generado mucho daño en los últimos meses”.

Respecto al tema de las drogas, las cifras preocupan. De acuerdo con los datos recopilados en el último Monitoreo de Cultivos de Coca de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los últimos años se ha registrado en Norte de Santander un considerable aumento de cultivos de coca. Tanto así que actualmente ocupa el tercer lugar entre los departamentos que más hectáreas de coca cultivadas tienen en el país, superando incluso a Caquetá y Cauca.

La tendencia, además, va en aumento y el asunto comienza a ser motivo de debate. La Secretaría de Gobierno departamental reveló recientemente que el reporte más realista habla de un incremento de cerca del 45 % en las hectáreas, solo en el último año. El reporte oficial de la ONU, que se conocería en los próximos meses, revelará qué tan acertada es la cifra.

A eso se suman los desacuerdos con los sectores campesinos sobre las estrategias de erradicación de cultivos y los procesos de sustitución. Aunque desde hace más de un año existe una mesa de conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), la conciliación no ha sido posible. Los campesinos argumentan que el Gobierno no tiene voluntad política para discutir un programa estructural social, económico, ambiental, gradual y concertado que permita acabar con la siembra y dar solución a la situación de por lo menos 69.000 familias que se dedican de alguna forma a los cultivos ilícitos.

De hecho, esa es una de las razones por las cuales, agrupados en la Cumbre Agraria, están convocando a un gran paro nacional el próximo 30 de mayo. “En el Catatumbo se ha hablado, como en otras regiones, de modelos de economía propia, campesinas, que permitan dar alternativas, y el Gobierno no ha podido avanzar realmente en nada de eso. La discusión pasa además por la política antidrogas a nivel nacional, porque si no se cierran los circuitos económicos, los que generan todo ese tráfico de drogas, toda solución será un simple saludo a la bandera”, explicó Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los Pueblos.

A pesar del sentir de las comunidades, el Gobierno ha insistido en la importancia que tiene la región en el contexto actual del país y de cara a un escenario de posconflicto tras la firma de un acuerdo final con las Farc. El presidente Juan Manuel Santos lo reconoció hace unas semanas al señalar que una de las razones de ser de los diálogos es lograr que zonas como el Catatumbo, que han sufrido por cuenta de los cultivos ilícitos y el narcotráfico, puedan sentir, por fin, alternativas de desarrollo y progreso para las comunidades. De ahí que el jefe de Estado tenga a esta región como una de las primeras en las que empezarán a operar los Contratos Paz, la estrategia con la que el Gobierno busca llegar con inversión y desarrollo integral a los territorios.

Pero mientras se implementan las medidas, pensadas para un escenario de posconflicto, la confrontación en la zona persiste. Si bien es cierto que las actividades de las Farc han disminuido considerablemente como consecuencia del cese del fuego unilateral acordado en La Habana, también lo es que el Eln ha arreciado los ataques y que el Epl ha comenzado a buscar un protagonismo que antes no parecía interesarle. A eso se suma que, tal como lo señaló la Fundación Ideas para la Paz en 2015 al hacer una radiografía del departamento, las bandas criminales han cobrado relevancia en los últimos meses y su número de integrantes y el territorio que cubren se ha extendido en el Catatumbo. Un panorama difícil que plantea retos para un futuro inmediato frente a una implementación exitosa de los acuerdos de paz en una región azotada por la guerra.