“Nuestro juez es el resultado electoral”: Leandro Izquierdo, director del gremio de las encuestadoras

Esta semana, los senadores Rodrigo Lara y Armando Benedetti, por separado, presentaron dos propuestas para tener mayor control sobre las encuestas electorales y las firmas que las realizan. Algunos de los puntos son, por ejemplo, que un requisito para el registro de una encuestadora ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea que se haya constituido por lo menos tres años antes, y así evitar el fenómeno de las mediciones hechas por empresas que solo aparecen durante las campañas electorales.

Esta semana, los senadores Rodrigo Lara y Armando Benedetti, por separado, presentaron dos propuestas para tener mayor control sobre las encuestas electorales y las firmas que las realizan. Algunos de los puntos son, por ejemplo, que un requisito para el registro de una encuestadora ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) sea que se haya constituido por lo menos tres años antes, y así evitar el fenómeno de las mediciones hechas por empresas que solo aparecen durante las campañas electorales.

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También se plantea determinar que el margen de error de una medición sea del 2 %, cuando actualmente está, por lo general, en el 3 %. Para Leandro Izquierdo, director de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados y Opinión Pública (ACEI), de la que forman parte firmas como Invamer, Ipsos, Cifras & Conceptos, Centro Nacional de Consultoría y Yanhaas, esa modificación duplicaría el costo de las encuestas innecesariamente y no garantizaría mayor fiabilidad. En entrevista con El Espectador, comenta las iniciativas y explica por qué muchos ciudadanos desconfían de las encuestadoras.

Como gremio, ¿cuál es su posición sobre los temas estructurales que plantean los proyectos presentados por los senadores Benedetti y Lara para regular las encuestas electorales?

La legislación que hay en Colombia es de 1996. Nosotros, como asociación, estamos de acuerdo con que es necesaria una actualización de la norma. Las circunstancias han cambiado, sin embargo, diferimos en algunos puntos porque creemos que pueden limitar el papel de las firmas encuestadoras y limitar el acceso a la información en el proceso democrático colombiano.

¿Como cuáles?

Uno tiene que ver con el control de los tamaños de las muestras que se deben tomar y rebajar el margen de error al 2 %. Eso lo contempla el proyecto de Lara y hace que tengamos que hacer un trabajo de campo mayor, pero no garantiza que los estudios sean más confiables. Si vamos al tema técnico, lo realmente importante es cómo se selecciona la muestra. Tener un tamaño de muestra mayor no da más confiabilidad, pero significa un aumento en los costos de los estudios y no todas las empresas, medios o partidos políticos están dispuestos o tienen los recursos para hacerlos. La consecuencia será que la ciudadanía tendrá menos fuentes de información y el sistema democrático se deteriora al no tener información plural.

Es decir, ¿una encuesta con mayor número de consultados no significa mayor confiabilidad?

No necesariamente, porque la teoría estadística, sin entrar en detalles, dice que a partir de un determinado número de muestras suficiente ya hay un nivel de confiabilidad y un margen de error mínimo, lo que hace el estudio confiable.

Esa es una de las críticas que más hace la gente, porque se ven mediciones que tienen 800 encuestas, otras, 1.200 o 1.500. Y las personas se preguntan: si somos 50 millones, ¿por qué se define una encuesta con 800 muestras? ¿Cómo explicar ese factor técnico?

Entendemos que a la ciudadanía le llama la atención cuando se ven muestras de 800 o 1.000, incluso de 2.000 o 3.000. Entonces, se asume de primer vistazo que es más confiable la de 3.000. Pero todo depende de cuál es el alcance, a qué población representa esa muestra y, sobre todo, cómo se seleccionan esas personas.

¿Está de acuerdo con que falta más control a las encuestadoras?

Sería tapar el sol con un dedo si no se reconoce que muchas veces, en períodos electorales, aparecen encuestadores sin trayectoria que hacen trabajos de campo en esa coyuntura y muchas veces no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Creemos que se deben estandarizar y actualizar los procesos de calidad y que debemos tener en el Consejo Nacional Electoral (CNE) un verificador de esas políticas. La ciudadanía también debe saber que hay diferencias entre un estudio científico, una encuesta con un método estadístico y un simple sondeo. Vemos con inquietud cómo se hacen esos famosos sondeos digitales, en redes sociales y medios de comunicación, que no tienen control estadístico.

Los proyectos plantean que los estudios tengan una trazabilidad, que se guarde la información durante al menos dos años para auditorías posteriores. ¿Hoy hay acceso a esa información o es reservada?

La mayoría de las firmas, especialmente las que están en ACEI, ya tienen certificaciones de calidad y cumplen con requisitos, como la norma internacional ISO 20252, que habla sobre la trazabilidad. Normalmente, las firmas almacenan la información durante tres, cinco o incluso 10 años, y pueden garantizar esa trazabilidad. Nuestro mayor juez es el resultado electoral, pero no somos infalibles, somos elementos de información y la ciudadanía debe estar tranquila de que las encuestas son serias y usan métodos científicos para recolectar la información.

Hay encuestadoras que hacen mediciones de intención de voto y, al tiempo, estudios privados para candidatos. Sería bueno saber cuando ocurra esto, para tener mayor transparencia…

Ni la ley actual ni los proyectos de ley contemplan este asunto. La norma está hecha para los estudios que son públicos, y creería que muchas empresas solicitan a las firmas de investigación estos tipos de estudio de forma privada, y están en todo su derecho, para tomar decisiones. Creería que no hay necesidad porque, al final, lo que debe tener muy claro la ciudadanía es que la información que es pública cumple con unos estándares mínimos.

A veces somos muy agudos al momento de criticar a las firmas encuestadoras, quiénes son sus dueños, quién las financia, de dónde sacan la información, y es importante, pero a veces no se ven aspectos claves, como la trayectoria. Imaginen una empresa con 30 o más años de trayectoria, ¿qué le va a interesar poner en riesgo su reputación por un evento electoral?

¿Cuánto cuesta una encuesta para intención de voto presidencial?

No te puedo dar una cifra exacta, pero todo depende del alcance, si se está midiendo un municipio, las principales ciudades o todo el país. También depende de la negociación que se haga con quien la contrata, porque pueden ser varios estudios que tengan un costo más rentable. En controlar menores márgenes de error, que no significa mayor confiabilidad, puede duplicar. Si un estudio costará $50 a $100 millones, bajar los niveles de error muestral va a duplicar ese costo. El costo es importante, pero lo principal es la confiabilidad. Hay una realidad y es que, si se aumentan los costos de los estudios, vamos a tener menos empresas haciendo encuestas y eso afecta al final, porque tener varias permite comparar y saber cuáles son más confiables.

Como gremio, ¿qué han hecho para generar mayor confianza en la ciudadanía que cree que las encuestas son amañadas o que favorecen a candidatos?

Hay dos ejes para eso. En la parte interna, a nuestros asociados les exigimos estándares de calidad con certificaciones locales e internacionales con auditoría. Y a nivel externo, como empresas autorizadas por el CNE, permanentemente trabajamos en suministrar la información, ser fuentes de información técnica con las firmas cuando vemos que hay algún problema.

¿A qué atribuye que mucha gente no crea en las encuestas?

Hay varios factores. Uno de ellos es la famosa veda electoral. En los proyectos de ley presentados se incluye que se puedan publicar encuestas hasta 24 horas antes de las elecciones, actualmente está ocho días antes. En ellos pueden pasar muchos sucesos, entonces, mientras se recolecta la información y se presenta el evento electoral, hay mucho tiempo. Ese es uno de los factores que a veces hacen que los resultados cambien un poco. Además, los sondeos como urnas virtuales o Twitter, sin sustentos científicos, también confunden a la gente. Incluso, hay medios de comunicación que publican encuestas que no son avaladas.

En el caso de las grandes y reconocidas encuestadoras, en donde uno ve que una, por ejemplo, saca muy alta la desaprobación del presidente Duque, pero en otra sale no tan arriba, ¿hay alguna estandarización de las metodologías?

Todo depende de lo que se esté contratando por parte del cliente. Si un medio de comunicación pide una encuesta de tipo nacional con ciertas características, para que sea exactamente igual, con el mismo nivel de confianza y margen de error, tiene que repetirse la misma encuesta en las mismas condiciones. Eso es lo que dice el método científico: si yo hago el mismo estudio con las mismas condiciones, con el mismo diseño muestral, debería dar igual, dentro de los márgenes de error.

Pero si eso no sucede, como pasa en la mayoría de los casos, porque las encuestas son diferentes, posiblemente dé resultados distintos. Lo importantes es conocer la ficha técnica, qué universo está representando, cómo se seleccionó la muestra. Estandarizar los procesos es muy difícil y me llama la atención quienes dicen que hay países con regulaciones que estandarizan estos procesos. Más bien, creo que debemos tener procesos que tengan normas de calidad que permitan saber de dónde sale la información.