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En la mañana de este jueves, desde el Espacio Territorial de Capacitación y Reintegración Mariana Páez se denunció el asesinato de una familia en una zona aledaña al espacio territorial donde se concentran las Farc. “En la Vereda Buena vista del municipio de Mesetas departamento del Meta y donde se encuentra ubicado nuestro ETCR Mariana Páez fue asesinada una familia en el día de hoy sin tener claridad aun sobre los responsables de los hechos”, informan en un comunicado público.
La insurgencia, ahora sin armas, puntualizó que las personas asesinadas son: Diana Marcela Calvo Rojas y su primo Robinson; y que se encuentra Diego Ferney Pilcue, esposo de Calvo Rojas. También relata la denuncia que en el lugar del crimen fueron encontrados, dramáticamente afectados, dos menores de edad: dos niñas de cuatro y seis años, hijas de la pareja. Situación que preocupa a los miembros de las Farc por tratarse de una familia conocida en la región y porque ocurre en las faldas del espacio donde se concentra la militancia del nuevo partido político.
“Estos hechos sumados a los demás acaecidos en todo el territorio nacional generan gran preocupación para la militancia Fariana en proceso de reincorporación a la vida civil, política y social y de igual manera para el resto de la población civil que no ve aun el cumplimiento en materia de seguridad como lo estipulan los acuerdos de Paz. Pedimos al Gobierno Nacional y a las demás autoridades competentes se investigue y se aclare lo sucedido”, agrega el comunicado.
Los hechos ocurrieron el miércoles 25 de noviembre en un área cercana al espacio territorial donde se realizó el acto final de dejación de armas por parte de las Farc, el pasado 27 de julio. Una de las zonas veredales más grandes y que acogió el mayor número de presos de la insurgencia, pero además, de los más atrasados en construcción de infraestructura. (Leer: Dejación de las armas: el tiempo de la palabra)
El homicidio preocupa a los excombatintes, que denuncian no tener garantías de seguridad. En lo que va corrido del año de implementación del acuerdo, mal contados han sido asesinados 31 excombatientes y familiares. El 2 de octubre, cuando se hizo un balance en el Congreso de la República, un año después de la derrota del Acuerdo en el Plebiscito, los voceros de la guerrilla denunciaron que hasta ese día tenían registro de 13 excombatientes y 11 familiares de miembros de la organización. Sin embargo, este número ha crecido. (Leer también: El amargo balance de la implementación)
El 18 de octubre, en El Charco, Nariño, un territorio donde se ubica el espacio territorial de Aldemar Galán se registró el asesinato de seis excombatientes. Según Edisón Romaña, dirigente de las Farc en Tumaco, los miembros de la organización fueron asesinados por grupos paramilitares que los buscaban reclutar forzadamente. Dos días después, el viernes 20 de octubre, apareció ultimado, en el municipio de Miranda (Cauca), Henry Meneses Ruiz, quien también figura en el listado de las Farc, y que tras permanecer recluido en una cárcel desde el 2013, obtuvo la boleta de libertad en agosto. (Leer entrevista: “Romaña no volverá a las armas”)
En este contexto, la segunda misión de la ONU, encargada de verificar la situación de seguridad y la reincorporación de los excombatientes, está en mora de presentar el primer informe de los casos de violencia registrados contra miembros de la guerrilla en proceso de reincorporación. Así como de exigir al Gobierno medidas para frenar esta oleada de violencia, que desata los fantasmas del genocida de la Unión Patriótica, donde fueron asesinados más de 3.000 de sus miembros, incluyendo a sus principales dirigentes. Muchos de los que sobrevivieron regresaron al monte, como Iván Márquez, quien ocupaba una curul en la Cámara de Representantes por esos días.