Vuelven las presiones tanto oficialistas como de oposición para que en la Corte Constitucional se tome una decisión referente a la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional. Así lo dejó ver el ministro del Interior, Eduardo Montealegre, quien durante este lunes pidió la renuncia del presidente del alto tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, a quien previamente había señalado de querer sabotear esta reforma de la administración Petro.
Montealagre señaló a través de un mensaje de WhatsApp que “si Ibáñez Najar quiere convertirse en ‘líder’ de la oposición —sin ningún apoyo social— la salida es muy sencilla: renuncie a su cargo de magistrado y hágase elegir popularmente. Lo que resulta contrario a la ética pública, es que utilice su cargo de presidente de la Corte Constitucional, para hacer politiquería y colocar la institución al servicio de los poderosos”.
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Quien también fuese presidente de esta corporación manifestó que la Corte ha girado “hacia la protección salvaje del gran capital y aplaudida por él, humillando a los trabajadores y los humildes, causa desprecio”. Además, al tildar como posible “líder de oposición” a Ibáñez Najar, agregó que muchos juristas y líderes de opinión están guardando silencio ante lo que bajo el concepto del ministro Montealegre es una “evidente participación política”.
Sus palabras se conocen en el marco una decisión próxima a conocerse referente a la reforma pensional que debía entrar en vigor desde el 1 de julio, pero que ha estado suspendida por nuevos estudios solicitados por el magistrado Ibáñez para determinar si el debate surtido en la Cámara de Representantes estuvo viciado o no.
Y si bien en la corporación se realizaron sesiones extraordinarias para subsanar vicios de trámite por falta de debate del articulado que llegó desde el Senado, sectores opositores señalaron que el anuncio del proyecto fue viciado al no tener el quorum decisorio necesario para la aprobación del orden del día, y con ello, proceder a anunciar un proyecto que se votaría nuevamente el pasado 28 de julio.
En el otro frente, la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) remitió una nueva solicitud a la Corte para que esta ley no sea aprobada, argumentando “que la Cámara no subsanó el vicio y la reforma pensional debe declararse inexequible”. Según su sustentación, la mesa directiva entonces presidida por Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde) “tramitó mal la subsanación del vicio de procedimiento y no permitió que se debatieran las proposiciones”.
La precandidata señala que tanto la convocatoria a extras se realizó de forma ilegítima, pues el presidente Gustavo Petro no se encontraba en el país mientras el decreto consignaba su firma al momento de ser emitido; la sesión se sustentó “en un comunicado de prensa” y no propiamente en un fallo; y agregó que existió “una compraventa de votos” con dineros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd).
Es por lo anterior que, línea similar a la de su ministro de Justicia, el presidente Gustavo Petro aseguró que “lo que hace la oposición contra los viejos de Colombia no tiene nombre. Creo que hace tiempo se cumplieron los pasos para validar la ley de pensiones”.
“Quien dijo que un anuncio debe ser aprobado, eso no lo ordena ninguna norma, están abusando de su poder y niegan los derechos de la gente establecidos en 1991”, aseguró el Jefe de Estado a través de su cuenta de X. No es la primera vez que el mandatario profiere críticas a Ibáñez, quien además ha alegado por un respeto a la separación de poderes.
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Mientras tanto, la agenda de la Sala Plena de la Corte Constitucional de esta semana no contempla la discusión de este proyecto, por lo que se prevé, aún queda tiempo de espera para conocer decisión sobre la iniciativa.
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