Han pasado más de seis meses desde que el presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de amnistía con la que miles de presos de las Farc, procesados por los delitos de rebelión y conexos, podrían contar con una boleta de libertad segura en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
Y aunque es cierto que varios de ellos han contado con los beneficios que les otorgó esta norma -la primera expedida tras la firma de los textos de La Habana- también lo es que ha habido un serio retraso en su aplicación.
De eso, da muestra la huelga de hambre que iniciaron varios miembros de la guerrilla (hoy desarmada), a la que se adhirió Jesús Santrich, miembro del Secretariado de las Farc, para exigir cumplimiento por parte del Gobierno Santos. A ese llamado, se han sumado varias organizaciones sociales y líderes políticos quienes, a través de una carta enviada al jefe de Estado, pidieron hechos concretos para materializar la paz.
"La paz no se construye sólo con el silencio de los fusiles", señala la misiva firmada por el Congreso Nacional de Paz de la que hacen parte, entre otros, el senador Iván Cepeda, los representante Ángela María Robledo y Alirio Uribe, la excongresista Piedad Córdoba, el movimiento Paz a la Calle, y una treintena de firmas más para pedir celeridad en la ley de amnistía.
Y es que desde que arrancó la huelga de hambre por parte de los excombatientes que se encuentran en 23 cárceles del país, a hoy, se cuentan, al menos, unos 1486 integrantes de las Farc. Además, otros 1760 han anunciado desobediencia civil, lo que ha abierto serios interrogantes al momento de evaluar el cumplimiento del Gobierno en torno a lo pactado en Cuba.
De momento, no obstante, la ley de amnistía está siendo estudiada por la Corte Constitucional lo que podría explicar, en cierta medida, la precaución que estaría teniendo el Ejecutivo a la hora de poner en marcha uno de los ejes centrales del Acuerdo Final.
Por Redacción Politíca
