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Una eterna disputa tendrá pronto un nuevo capítulo. La regulación de las plataformas tecnológicas de transporte empezará su trámite en el Congreso este viernes, con una audiencia pública en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para discutir alrededor de las seis propuestas que ya están radicadas.
“Llegó la hora de regular las plataformas de transporte, así a las empresas de taxis no les guste”, señaló el representante Mauricio Toro, autor de una de las seis iniciativas, quien busca que las leyes en la materia se basen en el libre mercado y que el usuario pueda escoger en qué se quiere movilizar.
Además de Toro, hay proyectos de los congresistas Edwin Ballesteros (Centro Democrático), el exsenador Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático), Ciro Rodríguez (Conservador), Carlos Acosta (Colombia Justa-Libres) y Jorge Robledo.
Esa audiencia se realiza, además, en medio del llamado de los taxistas a un paro nacional, que quedó programado para el 30 de noviembre y el 1° de diciembre. Hugo Ospina, uno de los voceros del gremio amarillo, manifestó su desacuerdo con las propuestas en el Congreso y puso sobre la mesa la dificultad que ha representado para el sector la pandemia. Esto proponen los proyectos que están en el Congreso.
El de Jorge Robledo
Está enfocado en los taxistas y en su acceso a plataformas digitales. Busca que las empresas de este servicio que usen estas herramientas se registren ante el Ministerio de Transporte y no cobren comisiones por intermediación entre taxista y pasajero de más del 5 %. También pretende que estas empresas verifiquen mes a mes la vinculación de los conductores a Seguridad Social, so pena de las sanciones de ley.
Robledo propone que los impuestos de estas empresas estén en los términos de los artículos 240 y 241 del Estatuto Tributario y que ninguna de estas empresas cobre IVA ni se traslade este a la tarifa.
El de Mauricio Toro
El representante de la Alianza Verde plantea una regulación para la prestación de servicio público de transporte individual en vehículos particulares intermediados por plataformas. Crea definiciones para las empresas y los conductores que operen bajo este esquema y un registro único nacional para ellos.
Además, propone que los OPIM definan su esquema tarifario bajo “libre fijación” y les pone obligaciones, como inscribir conductores en el registro nacional. También les da la libertad de “disponer de las formas contractuales que considere pertinentes, siempre y cuando sean legales, típicas o atípicas, en la legislación colombiana para la vinculación de usuarios conductores”.
El de Álvaro Uribe
El que dejó radicado el exsenador busca condiciones técnicas mínimas como no tener más de cinco años, frenos ABS, bolas de aire frontales, aire acondicionado o baúl para equipaje. También obligaría a estos vehículos a tomar pólizas de seguros y que su cantidad esté sometida a la capacidad transportadora de los municipios. En ningún cao podrán exceder “el 10 % de los taxis básicos”. Sobre las tarifas, señala que serán determinadas por las plataformas “mediante un algoritmo que atienda a las necesidades de oferta y demanda en el momento de la solicitud del servicio”.
El de Carlos Acosta
Un extenso proyecto de 48 artículos que detalla cómo deben operar las plataformas, crea un marco de regulación para conductores, usuarios y servicio y establece un registro único para conductores de vehículos que presten el servicio de transporte individual. Algo que llama la atención es que propone la eliminación de la restricción del incremento de taxis, es decir, el desmonte del cuestionado sistema de cupos, y le da seis meses al Mintransporte para regular esa medida.
El de Ciro Rodríguez
Este proyecto agrega varios parágrafos al artículo 23 de la Ley 336 de 1996 para que los particulares podrán prestar el servicio de transporte en el nivel “de lujo”. Prohíbe a los propietarios tener más de dos vehículos destinados para este servicio y declara que estos “no harán parte de la capacidad transportadora global en la modalidad de servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros”. Estipula que todos estos vehículos deberán “ser impulsados exclusivamente por motor eléctrico”.
El de Edwin Ballesteros
Determina radios de acción para el servicio de transporte público en vehículos particulares, como municipal o metropolitano, para efectos de su control por las autoridades locales y el operador deberá pedir un permiso a dicha autoridad para operar, y que será vigente por un año y de dos años cuando el vehículo cuente con “tecnología de bajas o cero emisiones, o híbridos, eléctricos, o a gas natural dedicado”. La tarifa base para el cobro que propone este proyecto “no podrá ser inferior a la tarifa base regulada por la autoridad de transporte competente en la respectiva jurisdicción”.