Son dos las empresas extranjeras que tienen bajo su poder la plataforma de contratación pública del país, Secop, y que para antes del próximo año podrían estar saliendo de este proceso. Eso es lo que espera el gobierno del presidente Gustavo Petro, que abrió un contrato por $23.000 millones para la creación de una nueva herramienta que sea dirigida por el Estado y no por Vortal y Coupa, que, según Colombia Compra Eficiente (CCE), tienen toda la información contractual colombiana.
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La agencia de contratación CCE dejó claro que este millonario contrato responde a una necesidad: la de no depender de proveedores, pues hay riesgos de ciberseguridad detrás, numerosas quejas del funcionamiento actual del Secop y la inviabilidad de hacer cambios en el sistema para que se ajuste a las necesidades del mercado.
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“Las plataformas existentes no permiten realizar nuevas funcionalidades de manera autónoma. La entidad no tiene los derechos de propiedad sobre código fuente y se genera una dependencia con los proveedores Coupa y Vortal, provocando altos costos operativos”, dijo CCE.
Como pudo establecer este diario, desde 2013, durante el primer mandato de Juan Manuel Santos, Colombia trabaja con la firma portuguesa Vortal, a la que ese mismo año se le adjudicó un proceso por alrededor de 2.7 millones de euros para el suministro de la plataforma de contratación pública electrónica, que fue llamada Secop II.
La licencia que se le entregó a CCE, denominada Next, aunque es de uso a perpetuidad, no permite ningún tipo de modificación al código fuente, que es precisamente lo que busca cambiar la Casa de Nariño con la creación de un nuevo software.
Y si bien en 2019, Colombia y la firma de Portugal firmaron otro contrato por $4.554 millones para el mantenimiento de la licencia, la agencia de contratación asegura que han sido repetidas las veces en las que el Secop ha presentado fallas. Estas tienen sus costos.
Solo el año pasado, el Gobierno pagó $24.000 millones para mantener y actualizar la plataforma del Secop y en la última década, la inversión fue de $127.000 millones.
De hecho, Colombia es el único país que continúa haciendo uso de la licencia Next y según la agencia de la contratación, la misma empresa portuguesa les ha invitado a adquirir otra de sus versiones actualizadas.
Pero esta opción no está contemplada, como lo indicó el director de CCE, Cristóbal Padilla, quien dijo que después de varios estudios técnicos y mesas con otras entidades y expertos se definió que la mejor opción es crear un propio software que permita hacer modificaciones, tener mayor autonomía y resguardar los datos.
En palabras simples, agregó el subdirector Guillermo Buenaventura “toda la información de Colombia está fuera del país y el control de las licencias las tienen los proveedores”.
Allí también entra la empresa estadounidense Coupa, que le brinda al Gobierno una plataforma para que los proveedores gestionen sus órdenes de compra, emitan sus facturas, créditos y gestionen pagos a clientes. Esta herramienta es gratuita, por lo que pasar a otra implicará costos.
Parte de esto fue abordado en el debate de control político al que citó la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) en la Comisión Cuarta del Senado. Menos de un mes ha transcurrido desde que el Ejecutivo lanzó el millonario proceso para crear la nueva plataforma en reemplazo del Secop I, Secop II y la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) y ya el Congreso llamó al tablero a quienes lideran la iniciativa.
Y es que más allá de los proveedores, algunos congresistas y expertos invitados a la sesión advirtieron que los tiempos previstos para poner a andar una nueva plataforma son realmente apretados y podrían ocasionarse dificultades por la proximidad que tiene con la ley de garantías, que iniciará en noviembre para las elecciones al Congreso y en enero de 2026 para las presidenciales.
“Se les está yendo la mano por hacer un proceso en una carrera contra el tiempo. El Gobierno, con su habitual complejo de Adán, pretende reemplazar en solo 8 meses una plataforma que ha operado por 22 años. Están a tiempo de blindar el proceso y mejorarlo”, señaló Lozano, quien preside la Comisión Cuarta del Senado donde se llevó a cabo el debate.
El director de CCE respondió que aunque tendrán en cuenta las sugerencias hechas por los legisladores, no significa que vaya a haber cambios en el cronograma, pues eso denotaría una improvisación de la que se han cuidado. Por ello, el próximo 29 de enero podría estar firmándose el contrato de $23.000 millones para la creación del software del nuevo Secop.
Pero no es un tema sencillo, menos cuando hay aún 633 municipios sin siquiera transitar del Secop I (creado en 2003), al Secop II y cuando siguen existiendo denuncias sobre irregularidades contractuales y “trampas” que son difíciles de advertir por el sistema de la contratación en el país.
Igualmente, está el precedente de las cédulas de extranjería, proceso que antes tenía la firma Thomas Greg, se les entregó el año pasado a Migración Colombia y a la Imprenta Nacional y ha reportado fallas en las fotografías e impresiones del documento. El Ejecutivo ha intentado lo mismo, sin éxito, con los pasaportes, y tal parece que los privados seguirán presentes por falta de preparación de la Imprenta.
En todo caso, todos los presentes en la sesión reconocen que hay debilidades en el Secop por mejorarse, pero varios temen que los tiempos no alcancen para que en diciembre esté operando la nueva plataforma y se terminen generando riesgos al sistema de contratación, tropiezos para los procesos e incluso una duplicidad de plataformas.
“Del afán solo queda el cansancio. El proceso todavía no es formal y se puede replantear y se tiene que prever que habrá un volumen alto de contratación en enero, antes de que inicie la ley de garantías por las presidenciales”, dijo el experto Iván Unigarro, quien también advirtió que podrían presentarse prórrogas y adiciones.
Unigarro, quien habló con El Espectador para una anterior entrega de este caso, señaló también que el equipo de trabajo solicitado en los pliegos es insuficiente, pues 21 personas para 66.264 horas de trabajo implica que cada persona deberá trabajar 18 horas diarias sin parar para cumplir las condiciones contractuales.
En medio de todo, en la Comisión Cuarta fue traída a colación otra necesidad: hacer una reforma integral a la contratación en Colombia, un camino que según los mismos congresistas parece más lejano que la elaboración del nuevo Secop.
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