Hoy se inicia un nuevo ciclo de diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba). Se trata de la ronda 37 y se rumora que de ella saldrán buenas nuevas para la paz de Colombia. Pero al margen de las especulaciones hay hechos ciertos que dan señales de la importancia de este nuevo encuentro: primero, la designación de nuevos negociadores plenipotenciarios por parte del Gobierno; segundo, la realización de la tercera reunión con las Comisión Asesora para la Paz —integrada por distintas personalidades de la vida pública—, y tercero, la firma de un decreto presidencial que le da vía jurídica al plan piloto de desminado humanitario acordado en marzo pasado por el Ejecutivo y la guerrilla.
El refuerzo del equipo negociador del Gobierno lo encabeza la canciller María Ángela Holguín, quien permanecerá en su cargo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Santos también nombró como negociador al empresario antioqueño Gonzalo Restrepo, quien se ha desempeñado como presidente de Bancolombia y miembro de la junta directiva del Grupo Éxito. El jefe de Estado justificó los nombramientos pidiendo un mayor ritmo en el avance de los diálogos. “La paciencia de los colombianos no es infinita, y es responsabilidad de la mesa de diálogo que dicha paciencia no se agote”, expresó al terminar la reunión con la comisión asesora.
Santos también señaló que “los ojos del mundo están puestos en nosotros. El conflicto colombiano —entre decenas de conflictos y guerras en el mundo— es el único que está en vía de solución, y la comunidad internacional nos mira con esperanza y con simpatía. Pero el interés y el respaldo de la comunidad internacional tampoco son eternos”. Palabras que hacen pensar que la llegada de la canciller a Cuba incluye tareas para fortalecer el apoyo internacional a las negociaciones de paz.
El mandatario recordó que “de cinco puntos temáticos que componen la agenda de negociación, ya fueron acordados tres y estamos discutiendo los dos últimos, que son complejos, que son difíciles: los derechos de las víctimas —que incluye el tema fundamental de la justicia transicional—, y el fin mismo del conflicto —que incluye la dejación de armas y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil—”, y agregó que estos dos puntos se abordan actualmente de forma simultánea en la mesa de diálogos.
Santos destacó la tarea que adelanta la subcomisión para el fin del conflicto, de la que hacen parte altos oficiales de la Fuerza Pública y jefes guerrilleros del más alto nivel. Dicha subcomisión, como lo informó el presidente, se ha reunido en cuatro ocasiones y “ya se fijó una metodología de trabajo y se está estudiando la forma en que se pondrá en práctica el cese bilateral y definitivo de fuego y hostilidades y la dejación de armas”, puntualizó.
De igual forma recordó que, como medida para desescalar el conflicto, se acordó con las Farc un plan de desminado humanitario. Al respecto, precisamente, ayer se conoció un decreto firmado por el saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y el ministro para la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, en el cual se le da piso jurídico al plan piloto de desminado humanitario y limpieza del territorio de artefactos explosivos improvisados y municiones sin explotar, acordado entre el Gobierno y las Farc el pasado 7 de marzo en La Habana. En términos generales, el decreto establece el protocolo para desarrollar el programa con el liderazgo de la Ayuda Popular Noruega (APN), organización especializada en la materia.
Otro de los aspectos tratados por el presidente Santos en su anuncio es el referente al modelo de justicia que debe resultar luego del acuerdo de paz con las guerrillas. “En el tema de justicia estamos trabajando en varios frentes, buscando, como lo he dicho en varias ocasiones, satisfacer y reparar a las víctimas, pero al mismo tiempo lograr el fin del conflicto. Es decir, lograr la máxima justicia que nos permita la paz”, acotó el jefe de Estado.
De igual manera sostuvo que hace unos días el equipo negociador y él se reunieron con el vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, quien les dejó claro que, “en materia de penas, los estados tienen una amplia discrecionalidad, pero, al mismo tiempo, las penas deben cumplirse efectivamente”. Y añadió: “Esto es crucial en nuestro empeño de lograr un acuerdo de paz que esté conforme con nuestras obligaciones internacionales, en particular las emanadas del Estatuto de Roma”.
Al final el presidente concluyó: “Como se ve, avanzamos en diversos temas y al mismo tiempo. Pero son temas difíciles, donde los acuerdos se construyen, por supuesto, con paciencia y serenidad. Mis instrucciones a los negociadores es que sigan impulsando avances efectivos que nos lleven al puerto deseado de la paz. La paciencia de los colombianos no es infinita y llegó el momento de las decisiones, el momento de trabajar más intensamente. No podemos desaprovechar esta oportunidad. No dejemos que pase el tren de la historia. El tiempo se volvió enemigo de la confianza en el proceso”.
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