Según esos nuevos estatutos, habrá “suspensión automática a cualquier miembro de la colectividad cuando en su contra se profiera una acusación formal dentro de investigaciones legales, fiscales o disciplinarias o de cualquier otra índole, que causen daño a la credibilidad, imagen y buen nombre del partido. Inclusive, se podrá decidir su expulsión inmediata si existe condena en firme”.
Palabras más palabras menos, casos como el del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, acusado de irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro y hoy acusado formalmente por la Fiscalía, implicarían su suspensión automática sin tener que surtir un interminable proceso disciplinaria dentro del partido, como ha sucedido.
De otro lado, en la escogencia de candidatos presidenciales habrá varias alternativas y la consulta popular será la última a considerar. Lo primero a tener en cuenta es el consenso, pero también podría escogerse a través de una encuesta de opinión o incluso en la convención de la colectividad.
Asimismo, los expresidentes de la República conservadores podrán asistir a las reuniones del Directorio Nacional, con derecho a voz y voto. Sin embargo, su ausencia no se tendrá en cuenta para determinar el quórum para deliberar y tomar decisiones.
La reforma a los estatutos determinó igualmente eliminar el Tribunal Disciplinario y dejar sólo la Veeduría y el Consejo de Control Ético del Partido. Dicha Veeduría investigará y acusará ante el Consejo de Control Ético, que a su vez será el que sancione.
El próximo 4 de octubre, aniversario de fundación del partido, se realizará en Bogotá la Convención Nacional Conservadora para elegir los miembros de su Directorio Nacional. Allí se aprobará la reforma a los estatutos y se escogerá, de acuerdo con las circunstancias políticas, un director único.
Por Redacción Bogotá
