Obstáculos para el retorno de miles de campesinos a sus tierras

Se cumplieron cuatro años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una apuesta ambiciosa que comenzó a allanar el camino del retorno de miles de campesinos que fueron despojados por cuenta de grupos ilegales, empresas que acumularon territorios burlando las normas e inescrupulosos que se asentaron en predios con historiales dramáticos de violencia. Sin embargo, y a pesar de que las intenciones de ley son generosas, aclarar la usurpación y devolver la tierra ha sido más complejo de lo que se esperaba.

Quitarles la tierra a los victimarios y entregarla a las víctimas supone un proceso simple basado en la identificación de dos bandos. Pero, ¿qué hacer cuando hay más de dos personas que reclaman un mismo predio? ¿Cómo saber quién es el legítimo propietario cuando la tierra fue entregada a parceleros por el Gobierno, después de que los dueños fueron desplazados? ¿A quién se le da el título de legítimo reclamante cuando se sabe que muchos están pescando en río revuelto para apropiarse de lo que no es suyo? ¿Los retornos por vías de hecho son reclamos o son invasiones? Un panorama difícil.

Las críticas por el tiempo que está tomando el proceso no se han hecho esperar, y justo esta semana las cifras han cobrado protagonismo. En un artículo publicado este miércoles por El Espectador se presentaron los resultados de un estudio hecho por la Fundación Forjando Futuros, en el cual se llama la atención sobre el número de casos de restitución resueltos (1.980) comparado con el número de solicitudes, que superan las 76.000. Este diario habló con Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución, sobre estas cifras y sobre tres de los grandes problemas en las regiones del país que son objeto de reclamación: las invasiones, es decir, retornos sin acompañamiento o por vías de hecho, los falsos reclamantes y los segundos ocupantes.

La primera claridad que hizo Sabogal fue con respecto al plazo de la inscripción de las víctimas en el registro, pues la ley contemplaba precisamente que el cuarto año sería la fecha límite para ello. No obstante, según el director de la Unidad, considerando que existen zonas donde aún hay desplazamiento y que el funcionamiento del programa está previsto para terminar en 2021, la Unidad continuará recibiendo y tramitando solicitudes en aquellas zonas donde se evidencie la ocurrencia de hechos de despojo. Además precisó que son 76.000 las solicitudes de restitución interpuestas hasta ahora por las víctimas, no 360.000, como se ha dicho, pues la cifra fue sólo un cálculo inicial y se hizo en un momento en el que no había documentación formal sobre despojo. Agregó también que más de 34.000 de esas 76.000 solicitudes están en trámite, sea administrativo o judicial.

Una nota publicada por El Espectador el martes pasado presentó las reacciones y las decisiones que por la lentitud del proceso están tomando los reclamantes, muchos de los cuales están entrando a sus territorios por vías de hecho, sin acompañamiento de las autoridades y sin mediación de una orden judicial. El director de la Unidad explicó que esas acciones están minando la institucionalidad y, teniendo en cuenta que es la primera vez que en gran parte del territorio colombiano se adelanta un proceso de restitución, dijo: “Toda la vida se habían robado la tierra y esta es la primera vez que tienen jueces y instituciones y se están resolviendo los conflictos. Entonces hay dos posibilidades: volver a lo de antes, a las vías de hecho, a los actores armados, o atenernos a lo que digan los jueces”. Además explicó que las invasiones no pueden ser la forma en que la gente vuelva a sus tierras y que mucho menos sea la oportunidad para apropiarse de tierras sobre las cuales no se tienen derecho.

Sobre el argumento del tiempo que está tomando el proceso, Sabogal manifestó enfático: “Pudimos haber hecho este proceso sin focalización, para tener muchas sentencias que enmarcar. Pero en Justicia y Paz, por ejemplo, empezaron a devolver tierra, y yo recuerdo un predio en Córdoba por el que, a los ocho días de haber sido devuelto a la gente, ya habían asesinado a uno de ellos. Por eso este proceso hay que hacerlo de manera responsable si queremos que esas cosas no vuelvan a suceder. Una muestra de que esto está funcionando es que la gente que ha entrado no ha vuelto a salir”.

Con respecto a los falsos reclamantes, algo que desde la ley había sido establecido y para lo cual se contemplaron penas de entre ocho y 12 años de prisión, Sabogal explicó que, aunque no hay una sola condena, sí hay procesos judiciales con sentencias muy cercanas. La Unidad ha presentado más de 120 denuncias contra reclamantes inescrupulosos y avanza en otros procesos.

Por último respondió a la pregunta de cómo está manejando la Unidad el tema de los segundos ocupantes, muchos de los cuales llegaron a los territorios por instrucción o con proyectos apoyados por entes gubernamentales, como en el caso de los parceleros que entraron de la mano de Asoprobeba a Urabá y que repoblaron tierras que habían sido despojadas. Sabogal indicó: “Tenemos un programa de atención a segundos ocupantes cuya misión es buscarle un espacio en el territorio a esta población pobre y vulnerable que está asentada en tierras que ahora son reclamadas. Se instrumenta a partir de las órdenes que nos dan los jueces para la atención de segundos ocupantes, para quienes se busca un espacio en el mismo territorio. Pero ahora bien, no sólo encontramos población que fue movida por actores armados o población campesina que no tiene otra posibilidad, sino que también encontramos empresarios buenos, que compraron tierras sin saber que tenían problemas en el pasado. Ellos tienen derecho también a reclamar, y la ley para esos casos tiene contempladas indemnizaciones”.

Se cumplieron cuatro años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una apuesta ambiciosa que comenzó a allanar el camino del retorno de miles de campesinos que fueron despojados por cuenta de grupos ilegales, empresas que acumularon territorios burlando las normas e inescrupulosos que se asentaron en predios con historiales dramáticos de violencia. Sin embargo, y a pesar de que las intenciones de ley son generosas, aclarar la usurpación y devolver la tierra ha sido más complejo de lo que se esperaba.

Quitarles la tierra a los victimarios y entregarla a las víctimas supone un proceso simple basado en la identificación de dos bandos. Pero, ¿qué hacer cuando hay más de dos personas que reclaman un mismo predio? ¿Cómo saber quién es el legítimo propietario cuando la tierra fue entregada a parceleros por el Gobierno, después de que los dueños fueron desplazados? ¿A quién se le da el título de legítimo reclamante cuando se sabe que muchos están pescando en río revuelto para apropiarse de lo que no es suyo? ¿Los retornos por vías de hecho son reclamos o son invasiones? Un panorama difícil.

Las críticas por el tiempo que está tomando el proceso no se han hecho esperar, y justo esta semana las cifras han cobrado protagonismo. En un artículo publicado este miércoles por El Espectador se presentaron los resultados de un estudio hecho por la Fundación Forjando Futuros, en el cual se llama la atención sobre el número de casos de restitución resueltos (1.980) comparado con el número de solicitudes, que superan las 76.000. Este diario habló con Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución, sobre estas cifras y sobre tres de los grandes problemas en las regiones del país que son objeto de reclamación: las invasiones, es decir, retornos sin acompañamiento o por vías de hecho, los falsos reclamantes y los segundos ocupantes.

La primera claridad que hizo Sabogal fue con respecto al plazo de la inscripción de las víctimas en el registro, pues la ley contemplaba precisamente que el cuarto año sería la fecha límite para ello. No obstante, según el director de la Unidad, considerando que existen zonas donde aún hay desplazamiento y que el funcionamiento del programa está previsto para terminar en 2021, la Unidad continuará recibiendo y tramitando solicitudes en aquellas zonas donde se evidencie la ocurrencia de hechos de despojo. Además precisó que son 76.000 las solicitudes de restitución interpuestas hasta ahora por las víctimas, no 360.000, como se ha dicho, pues la cifra fue sólo un cálculo inicial y se hizo en un momento en el que no había documentación formal sobre despojo. Agregó también que más de 34.000 de esas 76.000 solicitudes están en trámite, sea administrativo o judicial.

Una nota publicada por El Espectador el martes pasado presentó las reacciones y las decisiones que por la lentitud del proceso están tomando los reclamantes, muchos de los cuales están entrando a sus territorios por vías de hecho, sin acompañamiento de las autoridades y sin mediación de una orden judicial. El director de la Unidad explicó que esas acciones están minando la institucionalidad y, teniendo en cuenta que es la primera vez que en gran parte del territorio colombiano se adelanta un proceso de restitución, dijo: “Toda la vida se habían robado la tierra y esta es la primera vez que tienen jueces y instituciones y se están resolviendo los conflictos. Entonces hay dos posibilidades: volver a lo de antes, a las vías de hecho, a los actores armados, o atenernos a lo que digan los jueces”. Además explicó que las invasiones no pueden ser la forma en que la gente vuelva a sus tierras y que mucho menos sea la oportunidad para apropiarse de tierras sobre las cuales no se tienen derecho.

Sobre el argumento del tiempo que está tomando el proceso, Sabogal manifestó enfático: “Pudimos haber hecho este proceso sin focalización, para tener muchas sentencias que enmarcar. Pero en Justicia y Paz, por ejemplo, empezaron a devolver tierra, y yo recuerdo un predio en Córdoba por el que, a los ocho días de haber sido devuelto a la gente, ya habían asesinado a uno de ellos. Por eso este proceso hay que hacerlo de manera responsable si queremos que esas cosas no vuelvan a suceder. Una muestra de que esto está funcionando es que la gente que ha entrado no ha vuelto a salir”.

Con respecto a los falsos reclamantes, algo que desde la ley había sido establecido y para lo cual se contemplaron penas de entre ocho y 12 años de prisión, Sabogal explicó que, aunque no hay una sola condena, sí hay procesos judiciales con sentencias muy cercanas. La Unidad ha presentado más de 120 denuncias contra reclamantes inescrupulosos y avanza en otros procesos.

Por último respondió a la pregunta de cómo está manejando la Unidad el tema de los segundos ocupantes, muchos de los cuales llegaron a los territorios por instrucción o con proyectos apoyados por entes gubernamentales, como en el caso de los parceleros que entraron de la mano de Asoprobeba a Urabá y que repoblaron tierras que habían sido despojadas. Sabogal indicó: “Tenemos un programa de atención a segundos ocupantes cuya misión es buscarle un espacio en el territorio a esta población pobre y vulnerable que está asentada en tierras que ahora son reclamadas. Se instrumenta a partir de las órdenes que nos dan los jueces para la atención de segundos ocupantes, para quienes se busca un espacio en el mismo territorio. Pero ahora bien, no sólo encontramos población que fue movida por actores armados o población campesina que no tiene otra posibilidad, sino que también encontramos empresarios buenos, que compraron tierras sin saber que tenían problemas en el pasado. Ellos tienen derecho también a reclamar, y la ley para esos casos tiene contempladas indemnizaciones”.