Ongs y Gobierno, 'agarrados' por ley de Justicia y Paz

Para el presidente de la Comisión Nacional de Juristas, Gustavo Gallón, desde que inició la aplicación de la ley de Justicia y Paz, en Colombia han sido asesinadas más de tres mil personas en desarrollo de este proceso. Agregó que hasta ahora la reparación a las víctimas de los ‘paras' no se ha llevado a cabo.

Enseguida el ministro del Interior, Carlos Holguín, respondió a las reparaciones de Gallón y defendió la efectividad del proceso. El funcionario aseveró que el Gobierno jamás ha atacado a las Ongs e insistió en que estas organizaciones hacen pasar a los guerrilleros dados de baja en combate, como civiles.

A su turno, Iván Cepeda del Movimiento de Víctimas de Estado y columnista de El Espectador criticó las declaraciones de Holguín.

"Yo llamo la atención de que afirmaciones como las que acaba de hacer el Ministro de que no sabe quiénes son los miembros de la Comisión Colombiana de Juristas, una organización que tiene reconocimiento internacional por las Naciones Unidas, ese tipo de afirmaciones en un contexto tan polarizado como el que vive el país son ni más ni menos incitaciones a la violencia", afirmó Cepeda.

Gallón se sumó a los argumentos de Cepeda y aseguró que "insinuar eso de quienes sí hacemos el trabajo es una falta de consideración y también atenta contra la seguridad eso es un irrespeto además a este evento".

Por su parte, el vicepresidente, Francisco Santos, defendió el proceso de los paramilitares desmovilizados "sin precedentes".

Santos fue categórico al mencionar la Justicia colombiana como garante de la investigación por su supuesta participación como promotor de grupos paramilitares, como denunció hace unos meses el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La declaración la hizo en referencia a que en la sesión final del Seminario, Gallón dijo que Santos "debe una explicación" sobre las acusaciones de Mancuso de que el Vicepresidente se reunió con los paramilitares varias veces entre 1997 y 1999 para decidir la creación de un grupo armado ilegal en Bogotá.

Santos agregó que en 2002 el país atravesaba una "profunda crisis" y la población "demandaba a gritos" una protección que las "instituciones débiles" no podían ofrecer. El país era el escenario de un "crecimiento exponencial" de las Autodefensas y de "toda clase de atrocidades" perpetradas por grupos armados ilegales.

En este contexto, según el vicepresidente, fue diseñada la llamada "Política de Seguridad Democrática", con la que han sido combatidos -dijo- "todos los grupos ilegales, sin distinción, con el propósito de llevar la institucionalidad y el Estado de Derecho a todo el territorio" de Colombia.

Mientras tanto, Carlos Rodríguez, miembro de la Corporación Reiniciar, que denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el "exterminio" de la Unión Patriótica (UP) dijo que la Ley de Justicia y Paz "no es adecuada para esclarecer este caso ni para las correspondientes reparaciones".

Rodríguez reconoció "los esfuerzos" de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación, pero aseguró que Colombia "requiere otro marco legal" para investigar el asesinato de más de 2.000 miembros de la UP y otras 5.000 víctimas de violaciones de derechos humanos entre 1985 y 1990.

"Es necesario -dijo- investigar hechos cometidos por servidores públicos" pues, en su opinión, "la mayoría de los crímenes contra la Unión Patriótica fueron cometidos por servidores públicos".

Asimismo, en una concentración callejera de ciudadanos contrarios al gobierno Uribe, celebrada al término del seminario, el coordinador de Política Internacional y Derechos Humanos de la coalición española Izquierda Unida (IU), Francisco José Pérez, dijo que "el Gobierno de Uribe protege el paramilitarismo con esta ley de impunidad".

Junto a un grupo de ciudadanos colombianos, entre contradictores del Gobierno, exiliados y refugiados políticos, el miembro de IU aseguró que la concentración quería denunciar "los vínculos claros entre los paramilitares y el Gobierno de Uribe".

Para el presidente de la Comisión Nacional de Juristas, Gustavo Gallón, desde que inició la aplicación de la ley de Justicia y Paz, en Colombia han sido asesinadas más de tres mil personas en desarrollo de este proceso. Agregó que hasta ahora la reparación a las víctimas de los ‘paras' no se ha llevado a cabo.

Enseguida el ministro del Interior, Carlos Holguín, respondió a las reparaciones de Gallón y defendió la efectividad del proceso. El funcionario aseveró que el Gobierno jamás ha atacado a las Ongs e insistió en que estas organizaciones hacen pasar a los guerrilleros dados de baja en combate, como civiles.

A su turno, Iván Cepeda del Movimiento de Víctimas de Estado y columnista de El Espectador criticó las declaraciones de Holguín.

"Yo llamo la atención de que afirmaciones como las que acaba de hacer el Ministro de que no sabe quiénes son los miembros de la Comisión Colombiana de Juristas, una organización que tiene reconocimiento internacional por las Naciones Unidas, ese tipo de afirmaciones en un contexto tan polarizado como el que vive el país son ni más ni menos incitaciones a la violencia", afirmó Cepeda.

Gallón se sumó a los argumentos de Cepeda y aseguró que "insinuar eso de quienes sí hacemos el trabajo es una falta de consideración y también atenta contra la seguridad eso es un irrespeto además a este evento".

Por su parte, el vicepresidente, Francisco Santos, defendió el proceso de los paramilitares desmovilizados "sin precedentes".

Santos fue categórico al mencionar la Justicia colombiana como garante de la investigación por su supuesta participación como promotor de grupos paramilitares, como denunció hace unos meses el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso.

La declaración la hizo en referencia a que en la sesión final del Seminario, Gallón dijo que Santos "debe una explicación" sobre las acusaciones de Mancuso de que el Vicepresidente se reunió con los paramilitares varias veces entre 1997 y 1999 para decidir la creación de un grupo armado ilegal en Bogotá.

Santos agregó que en 2002 el país atravesaba una "profunda crisis" y la población "demandaba a gritos" una protección que las "instituciones débiles" no podían ofrecer. El país era el escenario de un "crecimiento exponencial" de las Autodefensas y de "toda clase de atrocidades" perpetradas por grupos armados ilegales.

En este contexto, según el vicepresidente, fue diseñada la llamada "Política de Seguridad Democrática", con la que han sido combatidos -dijo- "todos los grupos ilegales, sin distinción, con el propósito de llevar la institucionalidad y el Estado de Derecho a todo el territorio" de Colombia.

Mientras tanto, Carlos Rodríguez, miembro de la Corporación Reiniciar, que denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos el "exterminio" de la Unión Patriótica (UP) dijo que la Ley de Justicia y Paz "no es adecuada para esclarecer este caso ni para las correspondientes reparaciones".

Rodríguez reconoció "los esfuerzos" de la Fiscalía y de la Procuraduría General de la Nación, pero aseguró que Colombia "requiere otro marco legal" para investigar el asesinato de más de 2.000 miembros de la UP y otras 5.000 víctimas de violaciones de derechos humanos entre 1985 y 1990.

"Es necesario -dijo- investigar hechos cometidos por servidores públicos" pues, en su opinión, "la mayoría de los crímenes contra la Unión Patriótica fueron cometidos por servidores públicos".

Asimismo, en una concentración callejera de ciudadanos contrarios al gobierno Uribe, celebrada al término del seminario, el coordinador de Política Internacional y Derechos Humanos de la coalición española Izquierda Unida (IU), Francisco José Pérez, dijo que "el Gobierno de Uribe protege el paramilitarismo con esta ley de impunidad".

Junto a un grupo de ciudadanos colombianos, entre contradictores del Gobierno, exiliados y refugiados políticos, el miembro de IU aseguró que la concentración quería denunciar "los vínculos claros entre los paramilitares y el Gobierno de Uribe".