Al cierre de su visita a Colombia, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, no escondió su sorpresa ante la decisión del Gobierno de extender el mandato de la oficina en el país tan sólo por un año, cuando tres meses atrás, en Ginebra, el vicepresidente Angelino Garzón había hecho pública la intención del Ejecutivo de ampliar este mandato por tres años más. “Es cierto que en una forma muy pública el Gobierno colombiano se comprometió”, dijo Pillay.
La alta comisionada reconoció que en su última visita, hace cinco años, se encontró con un país convulsionado por el escándalo de los falsos positivos y que hoy Colombia “mira hacia el futuro” por cuenta del proceso de paz y los programas de reparación a víctimas y restitución de tierras. Sin embargo, también señaló que persisten numerosas violaciones a los derechos humanos, que se ven reflejadas en las preocupaciones y advertencias que organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios y otros miembros de la sociedad civil le manifestaron esta semana, sobre todo en el sentido de que los beneficios de tan ambiciosos programas de restitución y reparación no están llegando a las regiones. A nivel internacional la calificación en esta materia tampoco es tan positiva.
El Comité de Derechos Humanos, integrado por 18 expertos de diferentes regiones del mundo, recientemente le dio al gobierno colombiano la peor calificación posible, al pasarlo de B2 a E por no cumplir las recomendaciones para enfrentar la impunidad en los mal llamados falsos positivos. Este comité, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, no solamente ha advertido que esa recomendación no se ha cumplido, sino que el Gobierno ha tomado medidas contrarias a ella, por ejemplo con la ampliación al fuero militar, que siempre ha suscitado serias preocupaciones en Naciones Unidas. Así se lo señaló Pillay ayer cuando dijo que seguirá monitoreando de cerca la implementación de la ley estatutaria de la justicia penal militar, para asegurarse de que no haya impunidad.
Algo más claro tiene la oficina de derechos humanos de la ONU y es que un acuerdo de paz con las Farc sólo sería la primera fase, pues “lo que realmente importa es cómo serán implementados los acuerdos de paz, cómo van a cesar las violaciones y a no repetirse, cómo va a mejorar la paz los derechos a la participación política, a la salud, a la educación, y cómo van a reducirse la pobreza y la extrema pobreza”. Los informes que dan cuenta de víctimas civiles, de muertes y mutilaciones provocadas por minas antipersonas y del desplazamiento generado por la violencia son algunas de las preocupaciones de Pillay que la llevan a decir que, aunque entiende las razones del presidente Santos para prorrogar su mandato sólo por un año, es apremiante que un observador internacional tenga asiento en el país.
Así lo dejaron claro varios dirigentes políticos ayer en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. El alcalde Gustavo Petro dijo: “Esperamos que ustedes permanezcan aquí, por ello les entregamos las llaves de la ciudad. Gracias a ustedes tenemos menos muertos; entre más vidas, mejor”.
Por su parte, el vicepresidente Angelino Garzón defendió el trabajo de la oficina en el país y expresó que “si Santos es el próximo presidente, seré el primero en decirle que la oficina de derechos humanos de la ONU se quede”. Y para el abogado Gustavo Gallón, al “gobierno colombiano no le correspondería dictaminar si están o no dadas las condiciones para cesar el acompañamiento de Naciones Unidas, así como tampoco le corresponde al enfermo decidir cuándo está en condiciones de abandonar el hospital”.
Por Redacción Política
