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El informe que presentó Alberto Brunori, representante de la alta comisionada para los DD.HH. de Naciones Unidas en Colombia, molestó hasta tal punto al Gobierno que el mismo presidente Iván Duque señaló que algunas de las recomendaciones documentadas allí eran una intromisión a la soberanía del país.
Es por esto que, para bajar la tensión entre el Gobierno y el equipo de Naciones Unidas, conformado por agencias, fondos, misiones y programas, la organización multilateral emitió un comunicado reiterando la naturaleza de su presencia en el país.
Para contexto: Las tensiones que se acentúan con el informe de la ONU.
🔵#ComunicadoDePrensa. Cada una de las entidades de la ONU, incluida la @MisionONUCol, trabajan de manera coordinada para fortalecer las capacidades nacionales en las áreas de Desarrollo Sostenible, Ayuda Humanitaria, Derechos Humanos y Paz. 👉 https://t.co/cCVZdkfgkD pic.twitter.com/iqclW4xk4E
— Misión de la ONU en Colombia (@MisionONUCol) March 1, 2020
Con esta explicación, ONU reiteró su deseo de seguir trabajo en Colombia, “afianzando el diálogo respetuoso y apoyando al país en la construcción de un futuro próspero y en paz”, detalló. Bajo esa premisa, recordó que hasta los próximos cuatro años tiene asegurada su permanencia en el territorio nacional para trabajar en los pilares de paz, migración y Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Esta petición se da en el marco de una ola de ciudadanos que están pidiendo a través de redes retirar la oficina de la alta comisionada para los DD.HH. de Colombia. Entre ellos se encuentra el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. “El presidente Iván Duque debería de revisar la relación con Naciones Unidas y cerrar la oficina de la comisionada de DD.HH., convertida en guarida politiquera con sesgo ideológico pasional. Acá tenemos Procuraduría, Defensoría del Pueblo y Consejería para los DD.HH.”, escribió en su cuenta de Twitter.
En noviembre del año pasado, tras una polémica por un borrador de la Cancillería, conocido por El Espectador, en el que pretendían reducir el papel de la oficina de DD.HH. de la ONU en el país, el Gobierno y el despacho de Michele Bachelet prorrogaron la presencia de esa agencia por tres años más.
También: El giro que quiere Duque en su relación con la Oficina de DD.HH. de la ONU.
El informe presentado por Brunori alerta sobre el desempeño del Esmad, especialmente en el marco de las protestas del paro nacional, cuando su equipo registró irregularidades del cuerpo especial de la Policía. Así mismo, recomendó que la institución dirigida por el general Óscar Atehortúa pase a jurisdicción del Ministerio del Interior, principal motivo que llevó a Duque calificar el informe de "intromisión a la soberanía".
En el marco de estas tensiones, se conoció que un relator especial de Naciones Unidas, Michel Forst, denunció ante Revista Semana que el Gobierno le impidió la entrada al país el año pasado, cuando estaba adelantando un informe especial de evalución, diagnóstico y recomendaciones sobre la situación de los líderes sociales que comenzó en 2018 tras hablarlo con el entonces presidente Juan Manuel Santos.
"Le escribí cartas al Gobierno, me reuní con el embajador en Ginebra, pero nada resultó. Incluso, sostuve largas reuniones con el asesor del presidente (hoy fiscal) Francisco Barbosa en París y Ginebra. Nada de esto sirvió. En una de ellas él me aseguró que el Gobierno estaba tratando de poner en práctica mis recomendaciones", dijo Forst a Semana. Según cree, el impedimento para entrar al país se debe porque "no están contentos con el reporte que entregué". El próximo 4 de marzo, el documento se hará público desde Ginebra (Suiza).
Vea El Gobierno y la ONU tienen diferente balance sobre la paz: ¿A quién le cree?