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El gobierno del presidente Iván Duque ha trabajado desde el comienzo de su mandato para dignificar el papel de la mujer colombiana dentro de la sociedad, superar el machismo y brindarles mejores oportunidades. De ahí su compromiso en la implementación, a partir de la política de Paz con Legalidad, con el enfoque de mujer y género, a través de la materialización de los 51 disposiciones del Plan Marco de Implementación (PMI), disposiciones acordadas y que conforman el capítulo pertinente.
Estos compromisos son transversales, participativos y permean todos los puntos de la política de Paz con Legalidad, con acciones en enfoque de género, garantías políticas y jurídicas, víctimas, reincorporación, sustitución, PDET y desarrollo rural integral.
La manifestación política del Gobierno ha sido absoluta para avanzar con las mujeres que hacen parte y son beneficiarias activas del Acuerdo, y esta se ve reflejada en la puesta en funcionamiento de la Alta Instancia de Género, la cual ha sesionado diez veces en plenaria desde el 2018, y en la creación de un equipo interdisciplinario en la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación, a cargo del seguimiento a la implementación, con el único propósito de impulsar el cumplimiento de las 51 disposiciones.
Cómo resultado, hoy contamos con 13 de las 51 disposiciones finalizadas; nueve se han cumplido en esta administración. Desde la Consejería para la Estabilización hemos coordinado el impulso de estos compromisos garantizando la planeación anualizada y avanzando en la proyección a largo plazo para cada uno de ellos. Hay un compromiso real.
En materia de víctimas, de los 9,2 millones de colombianos del Registro Único, el 48,8% corresponde a mujeres. Se han realizado esfuerzos para priorizarlas y fortalecer la inversión presupuestal. Más de un billón de pesos ha sido invertido en atención a víctimas, de las cuales el 50% del total de las personas indemnizadas son mujeres. Más de 8.000 de ellas han sido víctimas de violencia sexual. A la fecha hemos avanzando con 33 comunidades reubicadas o retornadas, acompañadas con enfoque territorial y de género.
La participación femenina ha sido fundamental en la implementación: 3.000 de ellas han ido capacitadas en control social y veedurías ciudadana, así como en talleres de liderazgo, y otras 5.000 en formación de derechos políticos y participación. De igual manera, las mujeres víctimas y en proceso de sustitución han tenido voz y participación en el 100% de las instancias. En sustitución, 32% de las 100.000 familias beneficiadas son madres cabeza de hogar.
En materia de restitución de tierras se avanza con los núcleos de exigibilidad de derechos, que son grupos de mujeres restituidas que tienen por objetivo fortalecer sus conocimientos alrededor del contenido de las sentencias y generar capacidades para exigir el cumplimiento de órdenes que garantizan una reparación integral.
En esa misma línea, en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), para la consolidación de las iniciativas se contó con la participación de 65.000 mujeres y 800 organizaciones civiles de mujeres, que actualmente siguen teniendo espacios de participación, a través de grupos conformados con otros grupos poblaciones, para hacer seguimiento y priorizar las iniciativas PDET. Específicamente, hoy hay 207 iniciativas que se refieren a la autonomía en la toma de decisiones, participación y ciudadanía activa de las mujeres, el fortalecimiento de la institucionalidad de género y la prevención y atención de violencias, con ruta de gestión activa.
Más de un millón de mujeres han sido beneficiadas por las acciones de formalización, adjudicación de tierras, entrega de subsidios integrales y demás acciones relacionadas al desarrollo rural integral. A 31 de diciembre de 2021, 29.758 mujeres rurales se han beneficiado de la formalización y adjudicación de 398.290 hectáreas, siendo estas el 45% de los beneficiarios.
De las más de 12.000 personas que se encuentran en proceso de reincorporación, el 25% son mujeres. Desde la ARN se trabajó para que la hoja de ruta de reincorporación (individual o colectiva) incorporara el enfoque de género de manera transversal y estableciera las condiciones para el acceso y cumplimiento de los beneficios sociales y económicos. Todo lo anterior se articula a través de la Mesa Técnica de Género del CNR, la cual este gobierno puso en funcionamiento y corresponde a lo establecido en la Resolución 1325 sobre mujeres, paz y seguridad de la Naciones Unidas. Actualmente el 85% de mujeres en reincorporación se encuentra vinculada a proyectos productivos o en ruta de inclusión laboral. El 100% de los proyectos productivos aprobados cuenta con enfoque de género.
* Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación
Por Emilio José Archila Peñalosa*
