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El Gobierno podría tener una razón de peso para ocultar los contratos con Pfizer y AstraZeneca. Con la expedición de la Ley 2014 de 2019, un artículo de la Ley 80 sufrió una importante reforma. La norma original establecía que cualquier empresa cuyos socios o empleados hubiesen sido condenados por actos de corrupción quedaba inhabilitada para contratar con el Estado. Con la reforma, la norma amplió la inhabilidad a cualquier empresa extranjera o domiciliada en Colombia cuya matriz hubiese sido condenada en el extranjero por corrupción. El Gobierno incluso expidió el Decreto 1358 de 2020, que le dio a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la responsabilidad de requerir a las autoridades extranjeras el envío de las sentencias, decisiones condenatorias (settlements) en contra de las empresas sancionadas.
Tanto Pfizer como AstraZeneca han sido condenadas en el extranjero por la comisión de docenas de crímenes y otras infracciones. Pfizer ha sido condenada a pagar sanciones y multas por cerca de US$4.700 millones por conductas como violaciones a las reglas de etiquetado de productos, violaciones al derecho de la competencia y soborno (ver acá). Por etiquetar y comercializar ilegalmente cuatro medicamentos; por ejemplo, Bextra, un paliativo del dolor, debido a los riesgos que generaba, “incluyendo una extraña, incluso mortal, reacción de la piel, que excedía sus beneficios”, fue sancionada a pagar US$2.300 millones (ver acá). Por el caso de soborno, en 2009 llegó a un acuerdo con el gobierno de los EE. UU. por el cual se comprometió a pagar US$10 millones.
Durante los últimos años, AstraZeneca ha debido pagar más de US$1.000 millones en multas y acuerdos de transacción por corromper pruebas clínicas de sus productos y promover antipsicóticos de manera ilegal. También ha tenido que lidiar con numerosas demandas de pacientes según los cuales sus productos generan perjuicios para su salud (ver acá); además, se ha visto involucrada en problemas por denuncias por el presunto pago de soborno a funcionarios del gobierno de Saddam Hussein para obtener contratos (ver acá). En mayo de 2018, llegó a un acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores de los EE. UU., por el cual se comprometió a pagar US$5,5 millones por hechos relacionados con la violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y el presunto pago de sobornos a funcionarios chinos y rusos.
Ahora bien, teniendo en cuenta que ambas empresas han incurrido en actos de corrupción, un observador imparcial podría considerar que están inhabilitadas para contratar con el Estado, como en efecto lo están. Sin embargo, el gobierno Duque dice haber “cerrado acuerdos con ellas”. El problema consiste en que según la ley colombiana cualquier servidor público que tramite, apruebe o celebre un contrato con una persona natural o jurídica inhabilitada bajo las normas de contratación estatal incurre en el delito de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, regulado por el artículo 408 del Código Penal, el cual contempla penas de prisión que van desde los 64 meses a los 216 meses.
Por obvias razones, incluyendo motivos de interés público, al igual que el hecho de que el Gobierno tiene un fiscal de bolsillo, esa infracción jamás será investigada; pero al Gobierno nacional le quedará muy difícil explicarles a las demás empresas a las que les quería aplicar la norma, incluyendo a Odebrecht, porque a ellos sí les aplica el régimen de inhabilidades y a las farmacéuticas no. Así, la cacareada “tolerancia cero contra la corrupción” quedará en nada.
P.d.: ¿Aún es director de Colombia Compra Eficiente —la agencia que debe liderar la integridad de la contratación estatal— José Andrés O’Meara, hermano de Luis Camilo O’Meara, quien le giró a Teodolindo Avendaño cheques por cerca de $500 millones, tras ser nombrado notario 67 por Álvaro Uribe y Sabas Pretelt de la Vega?
* Director del Instituto Anticorrupción.