La amnistía general que plantea el Centro Democrático y en la cual ojalá no se monte el gobierno, es anacrónica en términos internacionales e inmoral en sus pretensiones jurídicas porque busca lavar las culpas de un grupo de delincuentes extendiéndoles un cheque de impunidad a cambio de ningún compromiso con la sociedad o las víctimas. Se trata, como bien lo ha señalado el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, de una emboscada al proceso de paz que con mezquino interés electoral, reitera la tesis, no compartida por la mayoría de los colombianos, de que el camino para superar el conflicto es el de regresar a la guerra. Si lo que busca es resucitar el dilema de guerra o paz de cara a la próxima campaña, es bueno que los promotores de la figura se enteren de que Colombia, que ya se asomó aunque con alguna timidez a la paz, votará masivamente porque el proceso, terminado este gobierno, se mantenga.
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En América Latina fueron muy comunes las amnistías generales que, presentadas como leyes de punto final, ofrecían a los victimarios de todo tipo de delitos atroces (asesinatos, desapariciones, torturas, extorsiones, robo de niños, etcétera) la salida fácil del “borrón y la cuenta nueva”. Así consiguieron la paz hechiza varios de los dictadores militares del pasado. La evolución de las nuevas teorías constitucionales sobre los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, activadas por organizaciones internacionales, consiguió que estos juicios y procesos fueran reabiertos para que los actores exonerados respondan ante sus víctimas por sus acciones amnistiadas. Así mismo, consiguió que, hacia adelante, las amnistías fueran referidas exclusivamente a delitos políticos, como sucede hoy en la normatividad constitucional de Colombia.
El caso regional más conocido de este proceso expiatorio fue el de las Madres de la plaza de Mayo en Argentina. En Colombia vivimos un proceso parecido de amnistía parcial promovido durante el gobierno del presidente Uribe para la desmovilización de los grupos paramilitares. A través de las normas de justicia y paz se les ofreció a los jefes de estas organizaciones que se desmovilizaran, entregaran sus armas, aceptaran unas condenas que no superaron los 8 años y contaran a las víctimas la verdad sobre sus acciones criminales. Si lo hacían no serían extraditados. Los paramilitares se desmovilizaron, entregaron algunas de sus armas, se sometieron a la justicia y cuando debían empezar a contar la verdad acordada, fueron extraditados a los Estados Unidos por delitos de narcotráfico, para silenciarlos.
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Mientras tanto, en el país se abría paso la necesidad de encontrar caminos para acabar la guerra, distintos a los de la costosa e inocua confrontación armada que se vivía desde hacía cinco décadas. Esta voluntad pacifista quedó plasmada en la Ley de Víctimas donde se reconoció que lo que existía en el país, además de una amenaza narcoterrorista – que legitimaba el uso excesivo de la fuerza sin consideraciones legales o humanitarias – era un conflicto armado, que podía acabarse a través de una negociación política que debía partir del reconocimiento, por parte de los negociadores, del Derecho Internacional Humanitario, los derechos humanos y la verdad que exigían las víctimas. Mientras los anteriores procesos de paz se habían preocupado por la reincorporación de los victimarios, este, por primera vez, tenía como destinatarias las nueve millones de víctimas del conflicto. De estas últimas, más de 280.000 fueron víctimas mortales. Para tramitar este resarcimiento se estableció el sistema de justicia transicional que debía actuar como puente entre el conflicto armado y el posconflicto de la reconciliación. Se concretó así el triunfo de la paz negociada sobre la pax romana, la de la tierra arrasada, a la que estábamos acostumbrados.
Algunos grupos políticos -el Centro Democrático y Cambio Radical, entre ellos- se empeñaron, de manera poco responsable, en dejar por fuera del sistema de justicia transicional, -cuya normatividad se tramitó en el Congreso-, a los denominados “terceros” que eran, nada más ni nada menos, que todos los colombianos que no formaran parte de las fuerzas armadas constitucionales o revolucionarias que habían participado en la guerra. Como si el conflicto de los últimos cincuenta años hubiera sido un enfrentamiento solitario y aislado entre las armas legales e ilegales, se eximió a todos los ciudadanos de su obligación de contribuir a la verdad para resarcir a las víctimas.
Por esta razón, la solicitud de una nueva amnistía general resulta peculiar, por decir lo menos porque de haberse aceptado, que todos los ciudadanos estaban obligados a colaborar, inclusive como sujetos activos de la violencia, con el sistema de justicia transicional conformado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, hubiera resultado más fácil haber convocado a todos los victimarios del conflicto y llegar así a una narrativa histórica y judicial que nos involucrara a todos.
El hecho significativo, de que, al final, habremos acudido al sistema todos los expresidentes -incluido el expresidente Uribe que no creía en él- gracias a las gestiones del padre Francisco de Roux, a la Comisión de la Verdad para cumplir el compromiso moral que tenemos con las víctimas del conflicto de aliviar la carga de su duelo, demuestra que lo que se está proponiendo con la nueva figura no tiene nada que ver con el proceso de transición restaurativa que estamos viviendo. Se trata de una cuestionable estrategia electoral para ganar el apoyo de paramilitares irredentos, políticos corruptos y muchos delincuentes.
En lo que tiene que ver con los primeros, bastaría con que la Jurisdicción Especial para la Paz abriera sus puertas, en aras del mismo derecho de las víctimas, para que los exjefes paramilitares que fueron parte del conflicto y extraditados a Estados Unidos para callarlos, respondan ante la JEP, recibiendo los mismos beneficios de militares y exguerrilleros, por las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que cometieron sus crímenes.
Existen todavía personas y sectores que no entienden, o no quieren entender, la diferencia entre el sistema de justicia transicional y su carácter restaurativo y el de justicia ordinaria, punitiva e inquisitiva. Al pasar por encima de esta diferencia, fundada nuevamente en el interés prioritario del derecho de las víctimas a la verdad, se explican obsesiones, como la expresada por el expresidente Uribe, de que los antiguos miembros del Secretariado de las FARC, a cambio de su desmovilización y su verdad, obtengan un espacio de reincorporación democrática a cambio del abandono definitivo de las armas y el resarcimiento de sus víctimas. ¿Cuántos de ellos hubieran aceptado la oferta de dejar el monte para pasar el resto de sus vidas tras las rejas?. Se trata, exactamente, de lo mismo que ha sucedido con todos los procesos exitosos de paz en el mundo: violencia o democracia.