Opinión: La justicia es con hechos

Pese a todas las vicisitudes de los últimos dos años y a las adversidades, por todos conocidas, que trajo la pandemia del COVID-19, además de las consecuencias de los bloqueos y actos de vandalismo registrados durante las manifestaciones presentadas desde el pasado 28 de abril, el Gobierno Nacional ha entregado importantes resultados para el fortalecimiento de las políticas públicas del país.

Puedo dar cuenta de destacados logros que se han obtenido en el sector justicia, luego de un año de estar al frente del Ministerio de Justicia y el Derecho, cargo que asumí el 5 de octubre de 2020, cuando el presidente Iván Duque Márquez me llamó para hacer parte del Ejecutivo.

Grandes esfuerzos se han sumado para combatir el problema de las drogas ilícitas, que por décadas nos ha afectado. La principal herramienta creada por el presidente de la República en ese objetivo es la política integral “Ruta Futuro”, con la que se atacan los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico. De esta manera, el Gobierno rompió la tendencia de aumento de cultivos ilícitos, pasando de 171.000 hectáreas sembradas en 2017 a 143.000, es decir, una reducción del 17 %.

Desde el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, en desarrollo del programa “Familias Fuertes”, se ha logrado beneficiar a más de 40.000 familias de sitios de alto riesgo para el consumo de drogas alucinógenas. Esta es una iniciativa desarrollada en coordinación con Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), dirigida a los padres de familia y adolescentes, para reducir el abuso de sustancias psicotrópicas y otros comportamientos de riesgo asociados a los jóvenes.

Se registraron resultados destacados en la lucha contra la criminalidad, como las 285 extradiciones que fueron firmadas en este año, para que aquellas personas que cometieron delitos en el exterior o que tengan repercusiones transnacionales, respondan ante los jueces competentes por el daño que causaron. Pero tal vez el avance más importante en ese objetivo de luchar contra la delincuencia organizada es la creación del Plan Nacional de Política Criminal, aprobado por el Consejo Nacional de Política Criminal para hacer frente a la criminalidad y atender los problemas sociales que generan mayor incidencia en la seguridad de los ciudadanos.

En este periodo también se registró el hacinamiento histórico más bajo de los establecimientos de reclusión, pasando de un 54.5% al 16.7%. Pero además, para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad y ofrecer mayores garantías de seguridad, se construyeron 1.360 cupos carcelarios y a finales del presente año se entregarán unos 2.000 cupos más, sin contar con proyectos cuyas obras ya iniciaron para nuevos establecimientos de reclusión.

Muy importante: después de 25 años se logró la aprobación de la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, una norma que busca descongestionar los despachos judiciales, aumenta el presupuesto de la Rama, acerca la justicia a los lugares más apartados con la creación de los juzgados itinerantes, y consolida un marco legal para hacer realidad la transformación digital del sector, entre otros aspectos. En esa meta de lograr la digitalización de la justicia, se consiguió su financiación con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, que tendrá un desembolso en una primera fase de 100 millones, cuya ejecución está contemplada en un lapso de cuatro años.

Podría citar muchos más resultados, como la reglamentación de la industria del ‘cannabis’, que procura un acceso seguro e informado para ese sector, con regulaciones destacadas, como el levantamiento de la prohibición de la exportación de la flor seca.

Estos logros son apenas una muestra del trabajo que viene adelantando el Gobierno Nacional, en el empeño por implementar políticas en todos los ámbitos para el beneficio de los colombianos.

* Ministro de Justicia y del Derecho

Pese a todas las vicisitudes de los últimos dos años y a las adversidades, por todos conocidas, que trajo la pandemia del COVID-19, además de las consecuencias de los bloqueos y actos de vandalismo registrados durante las manifestaciones presentadas desde el pasado 28 de abril, el Gobierno Nacional ha entregado importantes resultados para el fortalecimiento de las políticas públicas del país.

Puedo dar cuenta de destacados logros que se han obtenido en el sector justicia, luego de un año de estar al frente del Ministerio de Justicia y el Derecho, cargo que asumí el 5 de octubre de 2020, cuando el presidente Iván Duque Márquez me llamó para hacer parte del Ejecutivo.

Grandes esfuerzos se han sumado para combatir el problema de las drogas ilícitas, que por décadas nos ha afectado. La principal herramienta creada por el presidente de la República en ese objetivo es la política integral “Ruta Futuro”, con la que se atacan los diferentes eslabones de la cadena del narcotráfico. De esta manera, el Gobierno rompió la tendencia de aumento de cultivos ilícitos, pasando de 171.000 hectáreas sembradas en 2017 a 143.000, es decir, una reducción del 17 %.

Desde el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia, en desarrollo del programa “Familias Fuertes”, se ha logrado beneficiar a más de 40.000 familias de sitios de alto riesgo para el consumo de drogas alucinógenas. Esta es una iniciativa desarrollada en coordinación con Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud (OMS), dirigida a los padres de familia y adolescentes, para reducir el abuso de sustancias psicotrópicas y otros comportamientos de riesgo asociados a los jóvenes.

Se registraron resultados destacados en la lucha contra la criminalidad, como las 285 extradiciones que fueron firmadas en este año, para que aquellas personas que cometieron delitos en el exterior o que tengan repercusiones transnacionales, respondan ante los jueces competentes por el daño que causaron. Pero tal vez el avance más importante en ese objetivo de luchar contra la delincuencia organizada es la creación del Plan Nacional de Política Criminal, aprobado por el Consejo Nacional de Política Criminal para hacer frente a la criminalidad y atender los problemas sociales que generan mayor incidencia en la seguridad de los ciudadanos.

En este periodo también se registró el hacinamiento histórico más bajo de los establecimientos de reclusión, pasando de un 54.5% al 16.7%. Pero además, para mejorar las condiciones de las personas privadas de la libertad y ofrecer mayores garantías de seguridad, se construyeron 1.360 cupos carcelarios y a finales del presente año se entregarán unos 2.000 cupos más, sin contar con proyectos cuyas obras ya iniciaron para nuevos establecimientos de reclusión.

Muy importante: después de 25 años se logró la aprobación de la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, una norma que busca descongestionar los despachos judiciales, aumenta el presupuesto de la Rama, acerca la justicia a los lugares más apartados con la creación de los juzgados itinerantes, y consolida un marco legal para hacer realidad la transformación digital del sector, entre otros aspectos. En esa meta de lograr la digitalización de la justicia, se consiguió su financiación con el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 500 millones de dólares, que tendrá un desembolso en una primera fase de 100 millones, cuya ejecución está contemplada en un lapso de cuatro años.

Podría citar muchos más resultados, como la reglamentación de la industria del ‘cannabis’, que procura un acceso seguro e informado para ese sector, con regulaciones destacadas, como el levantamiento de la prohibición de la exportación de la flor seca.

Estos logros son apenas una muestra del trabajo que viene adelantando el Gobierno Nacional, en el empeño por implementar políticas en todos los ámbitos para el beneficio de los colombianos.

* Ministro de Justicia y del Derecho