El mundo político ha empezado a reaccionar frente a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación política en Venezuela. En un discurso pronunciado durante la posesión de Gloria María Gómez Montoya como nueva magistrada del Consejo de Estado, el primer mandatario afirmó que en Venezuela se está produciendo un “golpe antidemocrático” debido a las trabas administrativas que han enfrentado varias candidaturas de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Las palabras del jefe de Estado incluyeron referencias específicas a los casos de la líder opositora María Corina Machado.
María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, criticó la posición de Petro, calificándola de “rechazo tardío” y cuestionando su autenticidad. Cabal afirmó que Petro ha dejado a Machado “sola contra una narco dictadura”, señalando que la condena del presidente colombiano llega demasiado tarde y carece de credibilidad.
Por otro lado, Enrique Gómez, director del Movimiento de Salvación Nacional, destacó la necesidad de analizar detenidamente las palabras de Petro, argumentando que su supuesto respaldo a María Corina Machado no constituye una condena real. Gómez señaló que Petro equiparó la situación en Venezuela con la realidad política en Colombia.
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La exsenadora María del Rosario Guerra, también del Centro Democrático, expresó su escepticismo ante las declaraciones de Petro, sugiriendo que su amistad con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, puede haber influido en su pronunciamiento. Guerra señaló que Petro se expresó tarde respecto a la situación en Venezuela y que espera que sus palabras, aunque tardías, puedan tener algún impacto.
Por otro lado, el senador de Cambio Radical, David Luna, ha planteado una interrogante respecto al silencio del presidente ante las revelaciones de Noticias Caracol sobre presuntos seguimientos y detenciones de opositores venezolanos en Colombia por parte del régimen de Nicolás Maduro. “Día 2 y seguimos esperando”, escribió en su cuenta de X.
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De acuerdo con Caracol, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) presuntamente habría operado en Colombia, buscando a supuestos cómplices de terrorismo contra el régimen de Maduro, en colaboración con el ELN y el Tren de Aragua. Esto plantea interrogantes sobre la violación del derecho internacional y la Constitución colombiana.
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