Si bien este martes se conoció que la Procuraduría remitió a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes una serie de quejas contra congresistas de la oposición –implicados en una supuesta falta de respeto a uniformados de la Policía–, se hizo pública también una carta dirigida a la Unión Interparlamentaria (que representa a la rama legislativa de los países a escala mundial), en la que la misma oposición alega que organismos como Fiscalía, Procuraduría y Contraloría están disminuyendo su trabajo al interior del Congreso.
Según reclamaron varios congresistas, de partidos como el Polo Democrático, la Alianza Verde y la Coalición Decentes, hoy las ías están en cabeza de “personas que tienen una relación cercana con el Gobierno de Iván Duque”, por lo que reclaman que están usando sus facultades para “disminuir el trabajo” de la oposición a través de “una serie de movimientos estratégicos que denotan tanto el abuso de poder del ejecutivo, como la complacencia y permisividad de parte de los organismos de control”.
En la misiva, dirigida al Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios, de la Unión Interparlamentaria, se detallan supuestos hechos de persecución que han atentado contra la actividad parlamentaria de los congresistas. Por ello, piden que la Unión le solicite al Estado adoptar medidas para que las actuaciones de los organismos se realicen respetando sus garantías constitucionales y procesales.
En esa línea, recordaron que, justo en la discusión del proyecto de ley de autoría de la propia procuradora Margarita Cabello, relacionado con la reforma al Código General Disciplinario, se abrió un proceso contra congresistas de oposición. Adicionalmente, en el marco del paro nacional, denunciaron ser objeto de señalamientos, en los que los tildan de ser “incitadores” o “responsables” no solo de las movilizaciones, sino de las presuntas alteraciones al orden público que se han presentado en algunas ciudades.
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“(Se presentaron) acciones judiciales en su contra, como tutelas e investigaciones judiciales promovidas por diferentes personas, y la apertura de investigaciones disciplinarias, por parte de la Procuraduría con fundamento en quejas que contienen afirmaciones injuriosas, calumniosas y mal intencionadas, con las que se pretende deslegitimar el ejercicio de su actividad parlamentaria”, precisaron.
Por otro lado, los congresistas expusieron al Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios supuestos casos de persecución de integrantes de la Fuerza Pública contra ellos, “que se vieron reflejados en amenazas, hostigamientos y violencia contra los líderes de oposición”.
La misiva es firmada, entre otros, por los congresistas Ángela María Robledo, María José Pizarro, Inti Asprilla, Jhon Jairo Hoyos, Iván Cepeda, Wilson Arias, Alexander López, Gustavo Bolívar y Antonio Sanguino.
