Si algo quedó claro la semana pasada tras el paro armado decretado por el clan Úsuga en varias regiones del país, es que existe un claro repunte de un fenómeno que se creía extinto: el de los grupos paramilitares. Un tema de gran calado que tiene en alerta a ONG nacionales e internacionales, sobre todo por su relación con el preocupante aumento en las cifras de asesinatos y amenazas contra defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras, y movimientos sociales y políticos de izquierda.
Tan es así que precisamente el martes pasado seis organizaciones presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para llamar la intención sobre el fenómeno. “Colombia atraviesa una difícil situación de derechos humanos ocasionada, entre otras, por la continuidad del paramilitarismo y la falta de estrategias claras desde el Estado para su efectivo desmonte, así como la falta de cambios estructurales en la Fuerza Pública que garanticen su deslinde definitivo de grupos criminales y contribuyan a la profundización de la democracia. Estas dos situaciones son causas relevantes en el incremento de la violencia en contra de defensores de derechos humanos”, aseguró Franklin Castañeda, representante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, encargado de presentar el caso.
Y las cifras preocupan. Castañeda expuso que, según datos del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), el aumento del accionar paramilitar en todo el país ha dejado —hasta marzo 15— un total de 28 personas asesinadas, 13 de ellas defensoras de derechos humanos y líderes de movimientos sociales. “Las 15 personas restantes fueron asesinadas en el marco de las mal llamadas acciones de limpieza social”, puntualizó.
El panorama es tan alarmante que en las últimas tres semanas el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha realizado varias reuniones en departamentos como Cundinamarca, Cauca y Sucre, con el propósito de sumar esfuerzos en la búsqueda de estrategias para dar garantías a los defensores de derechos humanos. Y ese fue precisamente el motivo del comité de protección que este miércoles presidió Cristo y al que también asistieron el fiscal general (e), Jorge Perdomo; el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera; el director de Seguridad Ciudadana de la Policía, mayor general Jorge Rodríguez, además de representantes del Ministerio de Defensa, la Unidad Nacional de Protección y la Defensoría del Pueblo.
La conclusión: urge acelerar las investigaciones de los asesinatos y amenazas a líderes defensores de derechos humanos y brindar mayores y mejores garantías de seguridad para quienes cumplen esta función. “Desde hace tres semanas andamos en contacto con dirigentes de derechos humanos, de la Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica, la Cumbre Agraria, y les estamos pidiendo que conformen un equipo con cinco representantes de las organizaciones sociales para establecer medidas”, señaló Cristo.
El siguiente paso será revisar cada uno de los casos documentados, que según la ONU son 12. “Los vamos a revisar con lupa (...) La Fiscalía está trabajando en este tema y se han dado avances. Al homicida del muchacho de la Juco ya lo capturaron. El lunes, la Fiscalía va a entregar un documento de seguimiento. Vamos a hacer misiones de verificación en el Cauca. Y Vamos a revisar el listado de la Marcha Patriótica, que habla de 112 homicidios”, explicó, por su parte, Guillermo Rivera, al señalar que, a primera vista, no existe un patrón sobre los crímenes.
Una afirmación con la que también parece coincidir el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, quien sostiene que no todos los casos están relacionados con organizaciones criminales por móviles políticos. “No hay patrones ni sistematicidad en los casos”, insistió.
Sin embargo, para Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica y una de los dirigentes que han denunciado públicamente los ataques contra los sectores de izquierda, es claro que existe una directriz en estos grupos para intimidar a los sectores de izquierda. “Todo lo que huela a izquierda es amenazado. En Atlántico y Magdalena, por ejemplo, a los jóvenes los están persiguiendo y a las universidades han llegado panfletos amenazantes. No hay garantías”, advirtió.
La preocupación latente, en este caso, es que el aumento de asesinatos de líderes y simpatizantes con movimientos y sectores de izquierda ratifica el riesgo que desde La Habana (Cuba) se ha venido planteando sobre la posibilidad de que, tras la firma de un acuerdo de paz con las Farc, los desmovilizados queden a merced de organizaciones criminales de ultraderecha.
De ahí el pronunciamiento hecho ayer por alias Pablo Catatumbo, uno de los voceros de las Farc en la mesa de negociaciones, quien instó al Gobierno a firmar un acuerdo para desmantelar el fenómeno del paramilitarismo que, a su parecer, pone en riesgo la consolidación de la paz. “No puede postergarse más en la mesa de La Habana el acuerdo sobre paramilitarismo y garantías de seguridad. El mensaje ha de ser claro ante el país y el mundo: con grupos paramilitares, con crímenes y atentados, con amenazas y terror no puede materializarse la paz”, sostuvo el jefe guerrillero, revelando otra dramática cifra: “346 colombianos, integrantes de organizaciones sociales y populares, han sido asesinados durante el gobierno de Santos, contándose entre ellos 112 del movimiento político y social Marcha Patriótica”.