Otra vez el debate de la constituyente

En los últimos días ha vuelto a ventilarse la idea de una Asamblea Nacional Constituyente como la fórmula para garantizar la estabilidad de un eventual fin del conflicto y de conseguir las reformas que el Congreso no ha hecho y que demanda el país. Esta vez no fue por cuenta de las Farc, que reiteradamente han hablado de ella como la forma idónea de refrendar lo que pacten esa guerrilla y el Gobierno en La Habana (Cuba). Por el contrario, han sido sectores de la propia coalición de gobierno y de la oposición del Centro Democrático los que han reoxigenado el tema.

El ruido comenzó cuando el senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, sostuvo que “sí hay que hacer una constituyente, un nuevo constitucionalismo, una nueva hoja de ruta para los colombianos. Lo que propongo es que se haga cinco años después de refrendados los acuerdos de La Habana mediante una consulta popular. En cinco años la guerrilla ya se habrá incorporado a la vida republicana, los partidos ya habrán asimilado los acuerdos y el país estará más maduro. Ya se habrán tranquilizado las aguas”.

Horas después se sumó la voz del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, quien pidió a los sectores afines al expresidente Álvaro Uribe participar activamente de las conversaciones de La Habana y profundizar en reformas estructurales que no se construyan con los actores ilegales, sino con la ciudadanía en general.

Restrepo, hoy prófugo de la justicia, dijo que “el gran Acuerdo de Paz se logra con los ciudadanos desarmados y con dirigentes capaces de liderar los cambios que necesita el país, abriendo así los cauces a una paz duradera. Los acuerdos a los que se lleguen con los grupos armados ilegales son accesorios a este pacto nacional, que debe pasar por una Asamblea Constituyente”.

En ese sentido, el senador Alfredo Rangel, tan uribista como Restrepo, le dijo a este diario que el Centro Democrático estaría de acuerdo con una Asamblea Constituyente siempre y cuando todos sus integrantes fueran designados por elección popular. Además, arguyó que no debe pensarse en una nueva Constitución como una forma de refrendar lo que se pacte con grupos ilegales, pues se trata, en esencia, de un pacto con todos los sectores sociales.

“Las Farc tendrían que haber entregado armas y desmovilizado para participar de ella, pero aspiramos a que no sean elegibles quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad. La constituyente es un mecanismo válido para hacer ajustes en la institucionalidad. Pongo el caso de la justicia. Serviría para hacer un paquete de reformas que no se ha podido tramitar en el Congreso y que apuntaría, por ejemplo, a acabar la corrupción en las altas cortes”, sostiene Rangel.

La postura del Centro Democrático no es tan distinta a la de las guerrillas en cuanto a la necesidad de reformar el bloque constitucional. Tanto las Farc como el Eln han sostenido en diversos escenarios que las negociaciones que mantienen con el Gobierno (en fase exploratoria en el caso del Eln) deben conducir a un nuevo pacto social.

“Hasta ahora la constituyente es una especulación que han puesto a circular sólo dos sectores, los que quieren impunidad: el uribismo y las guerrillas. No sería válida para refrendar lo que se pacte en La Habana, pues Santos ha prometido, y espero que cumpla, que serán los ciudadanos con sus votos los encargados de refrendar los acuerdos”, dijo Claudia López, senadora por la Alianza Verde.

Sin embargo, no descarta de plano la idea. Dice que, si bien es cierto que el Congreso no ha sido capaz de solucionar problemas estructurales de la justicia y del propio Parlamento, como dice Rangel, es necesario que una eventual constituyente tenga unas reglas electorales distintas a las que rigen la elección de congresistas. “Si uno asegura que las reglas son distintas, la constituyente podría ser útil para hacer cambios. De otra manera, sería electa la misma clase política que ha sido incapaz de hacer las reformas”, dijo.

Desde la perspectiva de López, no se puede pensar en un nuevo pacto constitucional como punto de llegada de la mesa de Cuba. “Celebré cuando el Gobierno consiguió una agenda de negociación concreta, de cinco puntos. Sería muy absurdo haber delimitado las conversaciones para luego reformar el Estado en su conjunto al final. A ningún grupo armado, ni al M-19 ni a los paramilitares, le dimos una constituyente. Ahora no lo vamos a hacer porque son las Farc”.

Por su parte, el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda dice que está claro que hay instituciones creadas por la Constitución de 1991 que, o están limitadas o contradicen los principios básicos de la misma Carta democrática. “Si vamos a tomar ese camino, hay que buscar los mecanismos para evitar que a través de una Constitución se desconozcan acuerdos de paz o se retroceda en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos”.

El Gobierno se sumó desde temprano a las respuestas y ha dicho que no contempla la posibilidad de una constituyente como salida a las negociaciones de La Habana. “El mecanismo de refrendación es uno de los puntos que está pendiente en la agenda y en su momento se abordará en la mesa. Será muy importante escuchar a todos los sectores políticos en torno a cuál debe ser, pero el Gobierno por el momento no cree que sea la constituyente”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Los últimos días sólo han dejado claro que en la clase política hay un consenso sobre la necesidad de reformar las instituciones y el funcionamiento del Estado, más allá de los cambios que se puedan plantear desde el Congreso o el Ejecutivo. La constituyente sería el camino, pero éste no puede ser construido únicamente sobre la amenaza de que persista la guerra con las guerrillas. En un mundo ideal, un pacto social nuevo se debe construir por iniciativa y participación de todas las fuerzas sociales. Y para eso falta mucho.

En los últimos días ha vuelto a ventilarse la idea de una Asamblea Nacional Constituyente como la fórmula para garantizar la estabilidad de un eventual fin del conflicto y de conseguir las reformas que el Congreso no ha hecho y que demanda el país. Esta vez no fue por cuenta de las Farc, que reiteradamente han hablado de ella como la forma idónea de refrendar lo que pacten esa guerrilla y el Gobierno en La Habana (Cuba). Por el contrario, han sido sectores de la propia coalición de gobierno y de la oposición del Centro Democrático los que han reoxigenado el tema.

El ruido comenzó cuando el senador Horacio Serpa, codirector del Partido Liberal, sostuvo que “sí hay que hacer una constituyente, un nuevo constitucionalismo, una nueva hoja de ruta para los colombianos. Lo que propongo es que se haga cinco años después de refrendados los acuerdos de La Habana mediante una consulta popular. En cinco años la guerrilla ya se habrá incorporado a la vida republicana, los partidos ya habrán asimilado los acuerdos y el país estará más maduro. Ya se habrán tranquilizado las aguas”.

Horas después se sumó la voz del excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, quien pidió a los sectores afines al expresidente Álvaro Uribe participar activamente de las conversaciones de La Habana y profundizar en reformas estructurales que no se construyan con los actores ilegales, sino con la ciudadanía en general.

Restrepo, hoy prófugo de la justicia, dijo que “el gran Acuerdo de Paz se logra con los ciudadanos desarmados y con dirigentes capaces de liderar los cambios que necesita el país, abriendo así los cauces a una paz duradera. Los acuerdos a los que se lleguen con los grupos armados ilegales son accesorios a este pacto nacional, que debe pasar por una Asamblea Constituyente”.

En ese sentido, el senador Alfredo Rangel, tan uribista como Restrepo, le dijo a este diario que el Centro Democrático estaría de acuerdo con una Asamblea Constituyente siempre y cuando todos sus integrantes fueran designados por elección popular. Además, arguyó que no debe pensarse en una nueva Constitución como una forma de refrendar lo que se pacte con grupos ilegales, pues se trata, en esencia, de un pacto con todos los sectores sociales.

“Las Farc tendrían que haber entregado armas y desmovilizado para participar de ella, pero aspiramos a que no sean elegibles quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad. La constituyente es un mecanismo válido para hacer ajustes en la institucionalidad. Pongo el caso de la justicia. Serviría para hacer un paquete de reformas que no se ha podido tramitar en el Congreso y que apuntaría, por ejemplo, a acabar la corrupción en las altas cortes”, sostiene Rangel.

La postura del Centro Democrático no es tan distinta a la de las guerrillas en cuanto a la necesidad de reformar el bloque constitucional. Tanto las Farc como el Eln han sostenido en diversos escenarios que las negociaciones que mantienen con el Gobierno (en fase exploratoria en el caso del Eln) deben conducir a un nuevo pacto social.

“Hasta ahora la constituyente es una especulación que han puesto a circular sólo dos sectores, los que quieren impunidad: el uribismo y las guerrillas. No sería válida para refrendar lo que se pacte en La Habana, pues Santos ha prometido, y espero que cumpla, que serán los ciudadanos con sus votos los encargados de refrendar los acuerdos”, dijo Claudia López, senadora por la Alianza Verde.

Sin embargo, no descarta de plano la idea. Dice que, si bien es cierto que el Congreso no ha sido capaz de solucionar problemas estructurales de la justicia y del propio Parlamento, como dice Rangel, es necesario que una eventual constituyente tenga unas reglas electorales distintas a las que rigen la elección de congresistas. “Si uno asegura que las reglas son distintas, la constituyente podría ser útil para hacer cambios. De otra manera, sería electa la misma clase política que ha sido incapaz de hacer las reformas”, dijo.

Desde la perspectiva de López, no se puede pensar en un nuevo pacto constitucional como punto de llegada de la mesa de Cuba. “Celebré cuando el Gobierno consiguió una agenda de negociación concreta, de cinco puntos. Sería muy absurdo haber delimitado las conversaciones para luego reformar el Estado en su conjunto al final. A ningún grupo armado, ni al M-19 ni a los paramilitares, le dimos una constituyente. Ahora no lo vamos a hacer porque son las Farc”.

Por su parte, el senador por el Polo Democrático Iván Cepeda dice que está claro que hay instituciones creadas por la Constitución de 1991 que, o están limitadas o contradicen los principios básicos de la misma Carta democrática. “Si vamos a tomar ese camino, hay que buscar los mecanismos para evitar que a través de una Constitución se desconozcan acuerdos de paz o se retroceda en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos”.

El Gobierno se sumó desde temprano a las respuestas y ha dicho que no contempla la posibilidad de una constituyente como salida a las negociaciones de La Habana. “El mecanismo de refrendación es uno de los puntos que está pendiente en la agenda y en su momento se abordará en la mesa. Será muy importante escuchar a todos los sectores políticos en torno a cuál debe ser, pero el Gobierno por el momento no cree que sea la constituyente”, dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Los últimos días sólo han dejado claro que en la clase política hay un consenso sobre la necesidad de reformar las instituciones y el funcionamiento del Estado, más allá de los cambios que se puedan plantear desde el Congreso o el Ejecutivo. La constituyente sería el camino, pero éste no puede ser construido únicamente sobre la amenaza de que persista la guerra con las guerrillas. En un mundo ideal, un pacto social nuevo se debe construir por iniciativa y participación de todas las fuerzas sociales. Y para eso falta mucho.