La bancada del Pacto Histórico publicó este viernes un comunicado en el que rechazó la reciente sanción de la Procuraduría contra el superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, a quien destituyó e inhabilitó por 12 años. Según este sector, se trata de una “persecución” directa contra él y contra “los funcionarios honestos y transparentes del gobierno del cambio”.
Para esta coalición que defiende la gestión del gobierno de Gustavo Petro, la sanción fue ordenada por la procuradora Margarita Cabello, lo que, a su juicio, demostraría que ella estaría persiguiendo al oficialismo. “Es profundamente cuestionable y parece responder más a la defensa de intereses particulares que al cumplimiento de la justicia”, dice el comunicado.
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“Conocemos de cerca al doctor Luis Guillermo Pérez Casas, un defensor de derechos humanos, con una trayectoria intachable (...) Es de aclarar que las actuaciones del superintendente se realizaron conforme a la ley (...) Este acto representa una nueva advertencia para aquellos funcionarios públicos que, como Luis Guillermo Pérez, se dedican a desenmascarar la vieja corruptela y a trabajar con transparencia por el bienestar de la ciudadanía”, se lee el documento.
En este punto, la bancada dice que la decisión se suma a otras que demostrarían que hay un “golpe blando” contra el Gobierno, una tesis que el propio presidente Petro ha difundido durante todo la semana, esto en medio de las investigaciones por corrupción en la UNGRD y por la formulación de cargos contra su campaña por presunta violación al tope de gastos.
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¿Por qué fue sancionado el superintendente de Subsidio Familiar?
Según la Procuraduría, Pérez Casas modificó la lista de elegibles a cargos de director administrativo y agentes interventores de las cajas de compensación, sin ninguna justificación. Además, dice que incluyó en estos listados a personas que no habían participado en la convocatoria.
Además, el ente también lo halló responsable de exigir a las cajas de compensación, que eran vigiladas por la entidad, contribuciones económicas. Según la investigación, el funcionario solicitó un aporte en dinero para la población de Buenaventura, Valle del Cauca. El órgano de control encontró que el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley.
El funcionario ya había sido suspendido provisionalmente por tres meses en noviembre del año pasado por este mismo caso.
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