Palabras de paz, hechos de guerra

El asesinato del teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo y el patrullero Juan David Marmolejo García, rematados con tiros de gracia, según la Policía, en una emboscada a una patrulla en zona rural del municipio de Córdoba (Nariño) el viernes pasado, intensifica el clima de incertidumbre y desconfianza frente al proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Farc en La Habana (Cuba). Una situación compleja que muestra, por un lado, a gran parte de la opinión pública nacional pidiendo la suspensión de los diálogos y, por el otro, a una guerrilla empecinada en pedir un cese del fuego bilateral para evitar más muertes y más violencia.

Está claro que desde un principio el jefe de Estado había dicho que las negociaciones se desarrollarían en medio del conflicto, pero después de dos años y ocho meses de conversaciones y de acuerdos en tres de los cinco puntos de la agenda, no hay duda que cada disparo en Colombia tiene repercusiones en la mesa. Y así quedó demostrado cuando las Farc decidieron levantar el cese del fuego unilateral e indefinido declarado desde diciembre del año pasado, tras el bombardeo a un campamento del frente 29 en zona de Guapi (Cauca), en el cual murieron 27 guerrilleros, entre ellos Jairo Martínez, integrante de la mesa de negociaciones en La Habana.

“Es imperativo conjurar el fuego de la guerra que amenaza con reactivarse en el territorio nacional, cuando hasta hace poco avanzaba a paso seguro el desescalamiento del conflicto. Las conversaciones de paz no progresarán con baños de sangre, presidente Santos. Como gente que sinceramente quiere la paz y la reconciliación para Colombia, pensamos que hay que restablecer la confianza y retomar el esfuerzo de las partes tendientes a concretar las medidas de desescalamiento del conflicto que estábamos analizando”, dijeron las Farc en ese momento. Una incoherencia con su accionar, pues ni siquiera el anuncio de un consenso en torno a la creación de la comisión de la verdad dio para calmar la turbulencia de la guerra.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el 27 de mayo pasado, cuando se levantó la tregua unilateral, van 27 acciones violentas de esa guerrilla con consecuencias directas para la población civil, entre ataques a la Fuerza Pública y atentados contra infraestructuras eléctricas y petroleras. Algunos sectores políticos piden la suspensión de los diálogos. Y fuentes cercanas al proceso de La Habana aseguran, en voz baja, que el asesinato de Ruiz Clavijo es algo “muy grave”. “¿Para dónde vamos? El Gobierno debería pensar en suspender el diálogo sin levantarse de la mesa y que se le exija a ese grupo un cese de actividades ilegales, una concentración y una vigilancia como condición para reanudar el diálogo”, propuso el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Rodrigo Granda, uno de los plenipotenciarios de las Farc en Cuba, dijo esta semana que la dinámica de la guerra los conduce a acciones de este tipo e insistió en la necesidad de avanzar hacia un cese del fuego bilateral. Para la guerrilla, los ataques a la infraestructura eléctrica y petrolera obedecen a una estrategia de guerra, pues se obliga a las unidades de la Fuerza Pública a concentrarse alrededor de los pozos de producción, oleoductos y torres de energía, reduciendo el número de efectivos en las operaciones contrainsurgentes. Y con los ataques a patrullas de Policía o Ejército se trata de mostrar un poder militar que los fortalezca políticamente en la mesa de conversaciones.

“Si están pensando que así se hace la paz, están equivocados de cabo a rabo”, dijo el presidente Santos, de gira por Europa, antes de que se conociera el asesinato de Ruiz Clavijo y Marmolejo García. En las zonas de confrontación, donde se sufre en carne propia el conflicto, el clamor es de tregua. “Solicitamos al Gobierno Nacional considerar darle trámite a la propuesta de cese bilateral, como una de las alternativas que hay para frenar esta debacle humanitaria que tanto ha afectado a la sociedad colombiana, en especial a la de Tumaco y la costa pacífica”, expresó en un comunicado la sociedad civil nariñense.

No se ve viable, al menos por ahora. En la Casa de Nariño saben que ceder ante esas pretensiones sería un mensaje nefasto ante una sociedad cada vez más escéptica y desesperanzada por el accionar guerrillero. Que la paciencia de los colombianos no es infinita, ha dicho el primer mandatario, instando a acelerar los resultados del proceso de paz. Las partes saben que en las actuales condiciones, las de la confrontación, el tiempo se vuelve determinante. Como lo reconoce el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo: “Es muy difícil explicarle al país los acuerdos, llenarlo de entusiasmo, cuando las Farc están cometiendo actos de terrorismo”. Con este panorama, en tres días los negociadores de paz de Gobierno y Farc se verán en un nuevo ciclo de diálogos. Lo que está a prueba es la fortaleza del proceso.

El asesinato del teniente coronel Alfredo Ruiz Clavijo y el patrullero Juan David Marmolejo García, rematados con tiros de gracia, según la Policía, en una emboscada a una patrulla en zona rural del municipio de Córdoba (Nariño) el viernes pasado, intensifica el clima de incertidumbre y desconfianza frente al proceso de paz que adelanta el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las Farc en La Habana (Cuba). Una situación compleja que muestra, por un lado, a gran parte de la opinión pública nacional pidiendo la suspensión de los diálogos y, por el otro, a una guerrilla empecinada en pedir un cese del fuego bilateral para evitar más muertes y más violencia.

Está claro que desde un principio el jefe de Estado había dicho que las negociaciones se desarrollarían en medio del conflicto, pero después de dos años y ocho meses de conversaciones y de acuerdos en tres de los cinco puntos de la agenda, no hay duda que cada disparo en Colombia tiene repercusiones en la mesa. Y así quedó demostrado cuando las Farc decidieron levantar el cese del fuego unilateral e indefinido declarado desde diciembre del año pasado, tras el bombardeo a un campamento del frente 29 en zona de Guapi (Cauca), en el cual murieron 27 guerrilleros, entre ellos Jairo Martínez, integrante de la mesa de negociaciones en La Habana.

“Es imperativo conjurar el fuego de la guerra que amenaza con reactivarse en el territorio nacional, cuando hasta hace poco avanzaba a paso seguro el desescalamiento del conflicto. Las conversaciones de paz no progresarán con baños de sangre, presidente Santos. Como gente que sinceramente quiere la paz y la reconciliación para Colombia, pensamos que hay que restablecer la confianza y retomar el esfuerzo de las partes tendientes a concretar las medidas de desescalamiento del conflicto que estábamos analizando”, dijeron las Farc en ese momento. Una incoherencia con su accionar, pues ni siquiera el anuncio de un consenso en torno a la creación de la comisión de la verdad dio para calmar la turbulencia de la guerra.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el 27 de mayo pasado, cuando se levantó la tregua unilateral, van 27 acciones violentas de esa guerrilla con consecuencias directas para la población civil, entre ataques a la Fuerza Pública y atentados contra infraestructuras eléctricas y petroleras. Algunos sectores políticos piden la suspensión de los diálogos. Y fuentes cercanas al proceso de La Habana aseguran, en voz baja, que el asesinato de Ruiz Clavijo es algo “muy grave”. “¿Para dónde vamos? El Gobierno debería pensar en suspender el diálogo sin levantarse de la mesa y que se le exija a ese grupo un cese de actividades ilegales, una concentración y una vigilancia como condición para reanudar el diálogo”, propuso el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe.

Rodrigo Granda, uno de los plenipotenciarios de las Farc en Cuba, dijo esta semana que la dinámica de la guerra los conduce a acciones de este tipo e insistió en la necesidad de avanzar hacia un cese del fuego bilateral. Para la guerrilla, los ataques a la infraestructura eléctrica y petrolera obedecen a una estrategia de guerra, pues se obliga a las unidades de la Fuerza Pública a concentrarse alrededor de los pozos de producción, oleoductos y torres de energía, reduciendo el número de efectivos en las operaciones contrainsurgentes. Y con los ataques a patrullas de Policía o Ejército se trata de mostrar un poder militar que los fortalezca políticamente en la mesa de conversaciones.

“Si están pensando que así se hace la paz, están equivocados de cabo a rabo”, dijo el presidente Santos, de gira por Europa, antes de que se conociera el asesinato de Ruiz Clavijo y Marmolejo García. En las zonas de confrontación, donde se sufre en carne propia el conflicto, el clamor es de tregua. “Solicitamos al Gobierno Nacional considerar darle trámite a la propuesta de cese bilateral, como una de las alternativas que hay para frenar esta debacle humanitaria que tanto ha afectado a la sociedad colombiana, en especial a la de Tumaco y la costa pacífica”, expresó en un comunicado la sociedad civil nariñense.

No se ve viable, al menos por ahora. En la Casa de Nariño saben que ceder ante esas pretensiones sería un mensaje nefasto ante una sociedad cada vez más escéptica y desesperanzada por el accionar guerrillero. Que la paciencia de los colombianos no es infinita, ha dicho el primer mandatario, instando a acelerar los resultados del proceso de paz. Las partes saben que en las actuales condiciones, las de la confrontación, el tiempo se vuelve determinante. Como lo reconoce el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo: “Es muy difícil explicarle al país los acuerdos, llenarlo de entusiasmo, cuando las Farc están cometiendo actos de terrorismo”. Con este panorama, en tres días los negociadores de paz de Gobierno y Farc se verán en un nuevo ciclo de diálogos. Lo que está a prueba es la fortaleza del proceso.