La posibilidad de que los denominados “parapolíticos” puedan regresar al Congreso de la República o que los miembros de grupos armados ilegales que se hayan acogido a un proceso de paz se puedan postular al Legislativo, fue el gran escollo en la discusión del proyecto de reforma política, que al cierre de esta edición comenzaba a ser votado en la plenaria del Senado.
La denuncia de los supuestos “micos” fue hecha por el senador liberal Héctor Helí Rojas, quien explicó que dentro de la ponencia que se radicó en la plenaria del Senado se encuentran parágrafos “peligrosos”, como uno agregado en el artículo séptimo, en el cual se dice que el sistema de reemplazos comenzaría a regir solamente para las investigaciones judiciales que estén en curso a partir de la vigencia del acto legislativo, es decir, después de 2009 ó 2010.
El legislador de oposición afirmó que ese punto no se aplicaría para quienes actualmente ocupan curules que pertenecieron a personas que están siendo investigadas, que ya han sido condenadas y renunciaron al fuero por las investigaciones de la parapolítica. “También me preocupa que se introduzca en el artículo cuarto un parágrafo donde se expresa que las inhabilidades para ser servidor público no se aplicarían a quienes por pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, hayan sido condenados por delitos políticos”, indicó.
Héctor Helí Rojas recordó que el Gobierno e incluso el mismo presidente Álvaro Uribe han planteado insistentemente la posibilidad de que los desmovilizados del paramilitarismo sean considerados como delincuentes políticos, lo cual, en caso de darse y según la reforma política que se discute, los estaría habilitando para ocupar curules en el Congreso de la República.
Ante esta alerta prendida por Héctor Helí Rojas, la viceministra del Interior y de Justicia, María Isabel Nieto, desmintió cualquier mico y explicó que el punto cuestionado se refiere a que las personas reinsertadas y que son amnistiadas dentro de un proceso de paz, puedan llegar al Congreso por elección popular.
Sin embargo, Nieto aseguró que el Gobierno estudiará en su debido momento el texto del proyecto y, de ser necesario, “se harán las modificaciones del caso”. En este sentido, explicó que la mejor oportunidad para mejorar la iniciativa será en la conciliación, ya que en lo que se aprobó en la Cámara de Representantes no están esos parágrafos.
Entre tanto, el senador Juan Carlos Vélez Uribe, del Partido de la U y reemplazo de Mauricio Pimiento —condenado por parapolítica—, señaló que en la Constitución siempre se ha dicho que los delitos políticos no serán inhabilidad para acceder a cargos de elección popular. Subrayó que si hay algunas personas pertenecientes a algún grupo alzado en armas y que hayan tenido fines políticos, pueden perfectamente aspirar a cargos de elección, siempre y cuando no estén condenados por delitos de lesa humanidad.
Por su parte, el senador liberal Juan Fernando Cristo insistió en la necesidad de eliminar ese tipo de parágrafos, al tiempo que le pidió al Gobierno mostrar verdadera voluntad para sancionar a los involucrados en parapolítica. Incluso, otros congresistas del liberalismo y del Polo Democrático coincidieron en afirmar que esos parágrafos deben ser revisados, porque se denota que el Ejecutivo lo que quiere es beneficiar a sus “amigos” que se encuentran en las cárceles por nexos con grupos de autodefensa.
Por El Espectador
