¿Paro agrario o político?

El Gobierno hizo ayer un nuevo esfuerzo infructuoso para evitar el paro agrario, anunciado para el 28 de abril. La preocupación del Ejecutivo no es menor, sobre todo a un mes de las elecciones presidenciales. El presidente Juan Manuel Santos y sus asesores saben que el paro podría afectar su aspiración de reelección, que hasta el momento tiene buenos augurios. Sin embargo, la reunión entre el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y líderes campesinos de Tunja (Boyacá) terminó ayer sin señales de acuerdo. “El paro nacional sigue en firme”, dijo Cesar Pachón, de Dignidad Papera, y reiteró los incumplimientos del Gobierno en los compromisos que adquirió a finales del año pasado, cuando estalló la manifestación agraria que bloqueó medio centenar de vías en trece departamentos, incluyendo los pasos fronterizos con Ecuador y Venezuela.

Lizarralde declaró que el próximo lunes volverán a dialogar en su despacho. Por su parte, los campesinos en Risaralda dijeron que esperarán hasta el fin de semana para decidir si se unen o no al paro, después de conocer las medidas oficiales para salir de la crisis. Al cierre de esta edición, el Ministerio del Interior trataba de llegar a un acuerdo con la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, organizaciones de izquierda en donde está Marcha Patriótica.

El presidente Juan Manuel Santos reiteró en una entrevista con Blu Radio que, aparte de ver un interés político, no entiende por qué se van a paro si el Gobierno está respondiendo. En esa misma orilla se ubicó ayer Luis Genaro Muñoz Ortega, gerente general de la Federación de Cafeteros, cuando anunció que desde ayer los productores que cumplen los requisitos exigidos empezaron a recibir el auxilio que estaba pendiente. El Gobierno ya había anunciado la compra de cartera a los cafeteros con deudas hasta de $20 millones.

Aun así, los vientos del paro parecen irrefrenables. La crisis del sector es profunda y viene de muchos años atrás, así como los intereses políticos, que en estos tiempos “parecen querer afectar el proceso electoral”, como afirmó el ministro del Interior, Aurelio Iragorri. Alejandro Reyes, uno de los expertos en el tema agrario y actual asesor de la Oficina del Alto Comisionado de Paz en estos asuntos, analizó la situación para El Espectador.

 ¿Cómo ve un nuevo paro campesino ad portas de las elecciones presidenciales?
Si el paro toma mucha fuerza, será una oportunidad para que provocadores lo saboteen con francotiradores mezclados con la masa e induzcan una respuesta fuerte de la Fuerza Pública, que le causaría daño político al presidente Santos. Sería una lástima que eso ocurriera, porque es mucho lo que está en juego durante el mes de mayo. El Gobierno deberá transformar la energía colectiva expresada en los paros, que alimentan pero también desgastan la organización, en una invitación para apoyar el proceso de paz y generar organizaciones territoriales de veredas, municipios y regiones para participar en la enorme inversión rural que se avecina. La reforma rural tiene adversarios formidables, que han mostrado su disposición a usar la violencia para defender ganancias territoriales.

 ¿Cuál es su diagnóstico del campo?
Tengo la impresión de que un nuevo movimiento agrario está naciendo y llegó para quedarse. Es claro que existe una situación crítica en muchas comunidades campesinas que fueron afectadas por el terror de la guerra. También, por primera vez, una nueva institución, la Unidad de Víctimas y Restitución, está impulsando la restitución de tierras despojadas. También hay una crisis económica de la pequeña y la mediana agriculturas, afectadas por importaciones y contrabando, frente a una pobre dotación de bienes públicos que les impide competir.

 Es decir, ¿el campo adolece de todo?
Sí, los problemas del campo están relacionados entre sí: conflictos de uso del suelo (ganadería vs. agricultura, deforestación vs. conservación, afectación hídrica), conflictos de tenencia (50% de informalidad, falta de acceso a tierra del 40% de agricultores, GINI de concentración muy elevado —0,87%—, ilegalidad de la gran propiedad —lavado de dinero, despojo, testaferrato, apropiación ilegal de baldíos—), pobreza rural (ausencia o deficiencia de bienes públicos, términos de intercambio comercial desfavorables, poca tierra irrigada, falta de vías terciarias, poca bancarización y poco crédito, empleo informal y estacional), y el principal: falta de seguridad y justicia estatales (conflicto armado, bandas criminales, robo de cosechas, extorsión, confinamiento y desplazamiento).

 ¿Por dónde debe empezar el Estado?
La política pública más importante es la recuperación institucional y de control del territorio, sin los cuales no puede tener éxito ninguna otra política. Por eso la terminación negociada del conflicto armado debe concentrar la atención de la población rural. Otras transformaciones profundas necesarias son la realización de un catastro moderno georreferenciado para establecer, a partir de él, la legalidad de los títulos de propiedad sobre la tierra. También se debe hacer un programa de distribución de nuevas tierras a 250.000 familias de agricultores sin tierra o con muy poca y un programa masivo de formalización de la pequeña posesión con jueces agrarios en cada municipio. Así como se debe mejorar la distribución de la población rural. Es decir, debe haber menos campesinos en la frontera agraria, menos en tierras pendientes erosionadas o en humedales y una mayor densidad en buenas tierras planas e irrigadas, con acceso al mercado. Ahora, no se puede olvidar la necesidad de planes masivos de vivienda y saneamiento básico (agua potable, disposición de aguas servidas), salud y educación rural.

 ¿Qué impacto tendría en el campo la firma de un acuerdo de paz con las Farc, después de 50 años de guerra?
El final del conflicto armado implica grandes cambios en el campo. El acuerdo agrario entre el Gobierno y las Farc reconoce esa realidad y define una estrategia de desarrollo rural procampesina, con reconocimiento del enfoque territorial y empoderamiento organizativo y político del campesinado. La paz es la mayor contribución a la vida y el progreso de las comunidades rurales y el posconflicto será, esencialmente, un gigantesco programa de desarrollo territorial, para cerrar las brechas con las ciudades y entre las regiones. Por lo pronto, debe combatirse a los “ejércitos antirrestitución”, al igual que a las bandas criminales, y la investigación policial debe extenderse a los determinadores que quieren frenar ese proceso.

 @StevenavaCardona

El Gobierno hizo ayer un nuevo esfuerzo infructuoso para evitar el paro agrario, anunciado para el 28 de abril. La preocupación del Ejecutivo no es menor, sobre todo a un mes de las elecciones presidenciales. El presidente Juan Manuel Santos y sus asesores saben que el paro podría afectar su aspiración de reelección, que hasta el momento tiene buenos augurios. Sin embargo, la reunión entre el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, y líderes campesinos de Tunja (Boyacá) terminó ayer sin señales de acuerdo. “El paro nacional sigue en firme”, dijo Cesar Pachón, de Dignidad Papera, y reiteró los incumplimientos del Gobierno en los compromisos que adquirió a finales del año pasado, cuando estalló la manifestación agraria que bloqueó medio centenar de vías en trece departamentos, incluyendo los pasos fronterizos con Ecuador y Venezuela.

Lizarralde declaró que el próximo lunes volverán a dialogar en su despacho. Por su parte, los campesinos en Risaralda dijeron que esperarán hasta el fin de semana para decidir si se unen o no al paro, después de conocer las medidas oficiales para salir de la crisis. Al cierre de esta edición, el Ministerio del Interior trataba de llegar a un acuerdo con la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular, organizaciones de izquierda en donde está Marcha Patriótica.

El presidente Juan Manuel Santos reiteró en una entrevista con Blu Radio que, aparte de ver un interés político, no entiende por qué se van a paro si el Gobierno está respondiendo. En esa misma orilla se ubicó ayer Luis Genaro Muñoz Ortega, gerente general de la Federación de Cafeteros, cuando anunció que desde ayer los productores que cumplen los requisitos exigidos empezaron a recibir el auxilio que estaba pendiente. El Gobierno ya había anunciado la compra de cartera a los cafeteros con deudas hasta de $20 millones.

Aun así, los vientos del paro parecen irrefrenables. La crisis del sector es profunda y viene de muchos años atrás, así como los intereses políticos, que en estos tiempos “parecen querer afectar el proceso electoral”, como afirmó el ministro del Interior, Aurelio Iragorri. Alejandro Reyes, uno de los expertos en el tema agrario y actual asesor de la Oficina del Alto Comisionado de Paz en estos asuntos, analizó la situación para El Espectador.

 ¿Cómo ve un nuevo paro campesino ad portas de las elecciones presidenciales?
Si el paro toma mucha fuerza, será una oportunidad para que provocadores lo saboteen con francotiradores mezclados con la masa e induzcan una respuesta fuerte de la Fuerza Pública, que le causaría daño político al presidente Santos. Sería una lástima que eso ocurriera, porque es mucho lo que está en juego durante el mes de mayo. El Gobierno deberá transformar la energía colectiva expresada en los paros, que alimentan pero también desgastan la organización, en una invitación para apoyar el proceso de paz y generar organizaciones territoriales de veredas, municipios y regiones para participar en la enorme inversión rural que se avecina. La reforma rural tiene adversarios formidables, que han mostrado su disposición a usar la violencia para defender ganancias territoriales.

 ¿Cuál es su diagnóstico del campo?
Tengo la impresión de que un nuevo movimiento agrario está naciendo y llegó para quedarse. Es claro que existe una situación crítica en muchas comunidades campesinas que fueron afectadas por el terror de la guerra. También, por primera vez, una nueva institución, la Unidad de Víctimas y Restitución, está impulsando la restitución de tierras despojadas. También hay una crisis económica de la pequeña y la mediana agriculturas, afectadas por importaciones y contrabando, frente a una pobre dotación de bienes públicos que les impide competir.

 Es decir, ¿el campo adolece de todo?
Sí, los problemas del campo están relacionados entre sí: conflictos de uso del suelo (ganadería vs. agricultura, deforestación vs. conservación, afectación hídrica), conflictos de tenencia (50% de informalidad, falta de acceso a tierra del 40% de agricultores, GINI de concentración muy elevado —0,87%—, ilegalidad de la gran propiedad —lavado de dinero, despojo, testaferrato, apropiación ilegal de baldíos—), pobreza rural (ausencia o deficiencia de bienes públicos, términos de intercambio comercial desfavorables, poca tierra irrigada, falta de vías terciarias, poca bancarización y poco crédito, empleo informal y estacional), y el principal: falta de seguridad y justicia estatales (conflicto armado, bandas criminales, robo de cosechas, extorsión, confinamiento y desplazamiento).

 ¿Por dónde debe empezar el Estado?
La política pública más importante es la recuperación institucional y de control del territorio, sin los cuales no puede tener éxito ninguna otra política. Por eso la terminación negociada del conflicto armado debe concentrar la atención de la población rural. Otras transformaciones profundas necesarias son la realización de un catastro moderno georreferenciado para establecer, a partir de él, la legalidad de los títulos de propiedad sobre la tierra. También se debe hacer un programa de distribución de nuevas tierras a 250.000 familias de agricultores sin tierra o con muy poca y un programa masivo de formalización de la pequeña posesión con jueces agrarios en cada municipio. Así como se debe mejorar la distribución de la población rural. Es decir, debe haber menos campesinos en la frontera agraria, menos en tierras pendientes erosionadas o en humedales y una mayor densidad en buenas tierras planas e irrigadas, con acceso al mercado. Ahora, no se puede olvidar la necesidad de planes masivos de vivienda y saneamiento básico (agua potable, disposición de aguas servidas), salud y educación rural.

 ¿Qué impacto tendría en el campo la firma de un acuerdo de paz con las Farc, después de 50 años de guerra?
El final del conflicto armado implica grandes cambios en el campo. El acuerdo agrario entre el Gobierno y las Farc reconoce esa realidad y define una estrategia de desarrollo rural procampesina, con reconocimiento del enfoque territorial y empoderamiento organizativo y político del campesinado. La paz es la mayor contribución a la vida y el progreso de las comunidades rurales y el posconflicto será, esencialmente, un gigantesco programa de desarrollo territorial, para cerrar las brechas con las ciudades y entre las regiones. Por lo pronto, debe combatirse a los “ejércitos antirrestitución”, al igual que a las bandas criminales, y la investigación policial debe extenderse a los determinadores que quieren frenar ese proceso.

 @StevenavaCardona