El Partido Conservador busca sanar una herida interna que cada vez es más profunda. La colectividad de 175 años se encuentra, actualmente, dividida en dos grupos: uno que se opone al gobierno del presidente Gustavo Petro y otro que, por el contrario, ha estado abierto a negociar con la Casa de Nariño a cambio de respaldo de la agenda legislativa del progresismo.
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Y aunque la ruptura no es nueva, las recientes reuniones del segundo grupo con el designado ministro del Interior, Armando Benedetti, revelaron que el partido enfrenta duras discusiones internas de cara a su estrategia para las elecciones de 2026.
El primer grupo, el que ha decidido pararse desde una postura opositora, tiene como rostros visibles a los senadores Efraín Cepeda (presidente del Congreso) y Nadia Blel (presidenta del partido). Por el otro lado, resaltan el senador Carlos Trujillo, que hizo campaña por Petro en 2022 y logró -durante poco más de seis meses- ser el presidente del partido e impulsar que se declarara como de gobierno, y el representante Alfredo Ape Cuello, quien ha tenido un papel preponderante en las conversaciones con el Gobierno.
Ante la “rebeldía” de un sector como la califican algunos congresistas, los godos avanzan en una reforma de sus estatutos internos para tener mayores herramientas para sancionar a sus integrantes.
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La evidencia más reciente de esa división llegó a comienzos de esta semana. El lunes en la noche, Presidencia publicó la hoja de vida de Patricia Duque como nueva ministra de Deporte, el paso previo a su designación oficial que se realizaría este jueves, cuando en la Casa de Nariño se presente al nuevo gabinete, luego del remezón que arrancó hace ya casi un mes con el consejo de ministros televisado, que permitió ver en vivo y en directo los choques internos de los funcionarios más cercanos a Petro.
Según lo confirmaron fuentes del Partido Conservador, Duque habría llegado como una ficha del representante Ape Cuello, pero con el visto bueno de otro nutrido grupo de representantes, que estuvieron en las primeras reuniones que sostuvo Armando Benedetti cuando aún no era ministro designado, sino jefe de despacho de la Presidencia.
Tanto la designación de Duque como la reunión de Benedetti con, al menos, 20 de los 26 representantes conservadores mostraron que un sector está dispuesto a sentarse con el Gobierno, aún cuando rostros más visibles en el partido, como Cepeda, se han convertido en duros críticos del presidente Petro.
El mapa de la burocracia va más allá del gabinete y del Ministerio del Deporte, teniendo en cuenta que la exministra Luz Cristina López también era de la cuerda conservadora o que el exministro de Transporte, Guillermo Vélez, quien llegó al cargo por recomendación del senador Trujillo y que salió luego de que se rompiera la coalición de Petro, que ahora Benedetti busca recomponer.
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El Espectador pudo confirmar que habría, por lo menos, otras dos entidades donde habrían llegado recomendados por congresistas azules.
Una de esas entidades sería la Superintendencia del Subsidio Familiar. La dirección de esta entidad, que regula el trabajo de las cajas de compensación, está a cargo de Sandra Viviana Cadena. De acuerdo con el sindicato Unión Sindical de Trabajadores y Empleados de las Cajas de Compensación Familiar de Colombia (Usteccfc), Cadena es del equipo de Trujillo, quien estaría buscando influir en Comfenalco Antioquia, algo que el senador ha negado, al igual que lo ha hecho la superintendente.
Por otra parte, Ferrocarriles de Colombia, una entidad que en el Gobierno Petro ha cobrado relevancia por el propósito del presidente de revitalizar este medio de transporte, es dirigida por José Alberto Pumarejo Medina, a quien El Espectador buscó sin éxito. El director de la entidad entre 2018 y 2023 fue asesor de la UTL del representante Wadith Manzur. En 2023 pasó a la Fiduprevisora como director jurídico y de contratación para luego, en marzo del año pasado, convertirse en secretario general del Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales.
Estos hechos han empezado a generar incomodidad entre las filas “institucionalistas” del Partido Conservador. La molestia es, sobre todo, con los representantes que han optado por actuar de manera autónoma, pese a los llamados de las directivas de la colectividad. De hecho, un senador que haría parte de la cuerda progobierno, pero que niega que hoy en día tenga fichas en el Ejecutivo, aseguró que “por lo general, la Cámara siempre ha obedecido al Senado. Pero esta vez han decidido estar en rebeldía o dejar en firme su posición, según como se mire”.
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Y esa rebeldía interna ya ha trascendido a círculos externos. Luego de conocerse la reunión en Casa de Nariño hace poco más de una semana, el partido publicó un comunicado en el que manifestó que “el Partido Conservador no tiene ni tendrá participación burocrática en el Ejecutivo. Nuestra posición crítica sobre las reformas sociales se mantiene firme ya que está sustentada en argumentos técnicos y no políticos”.
El Espectador buscó a Efraín Cepeda para conocer su posición respecto a esas divisiones, pero declinó hablar asegurando que la vocera era la senadora Blel, como presidenta de la colectividad, y quien no respondió a las consultas de este medio al respecto.
En todo caso, ya hay voces dentro de ese grupo “proinstitucionalidad” que exige que haya sanciones. Así lo dijo el senador Germán Blanco, al apuntar que “los estatutos de los partidos son ley de la República y las leyes se hicieron para obedecerlas y acatarlas. El que viole la ley tiene una serie de sanciones, violar los estatutos también es sancionable y es ahí donde se espera que los partidos en los órganos de gobierno tengan el sano juicio de entregar o no los avales”.
Similar fue el pronunciamiento del senador Nicolás Echeverry: “El partido debe, en primer lugar, comunicar permanentemente la decisión de que no estamos de acuerdo en participar de las decisiones del Gobierno. Y debe activar todos los mecanismos disciplinarios de un debido proceso para producir las sanciones y las correcciones necesarias”.
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Sin embargo, esas sanciones no han resultado tan efectivas. En noviembre del año pasado, la veedora María Eugenia Correa -que optó por no dar declaraciones porque hay procesos en curso- sancionó sin voz ni voto durante 90 días a los representantes Jorge Alexander Quevedo, Gerardo Yepes Caro, Alfredo Ape Cuello, Ruth Amelia Caycedo, Daniel Restrepo, Ciro Rodríguez y Fernando Niño por haber respaldado la reforma pensional, única aprobada del paquete social reformista del progresismo, pero que hoy está en la cuerda floja por la evaluación de la Corte Constitucional. No obstante, varios de esos congresistas participaron en los debates de diciembre, pese a, en teoría, no estar facultados para hacerlo.
“La veedora está presta a sancionar a los que violen las decisiones de bancada”, dijo un congresista.
Sin embargo, en voz baja, otros dicen que, aunque apoyan el actuar de Correa, no cuenta con la fuerza suficiente para que se cumplan sus sanciones. Ante esto, pudo confirmar este medio, en las directivas del partido se estaría evaluando la opción de iniciar procesos administrativos en el Consejo de Estado para sancionar a congresistas conservadores que no han actuado según las órdenes de la dirección.
En todo caso, al interior de la colectividad, según dijo una voz de autoridad del partido, “hay un estado de incredulidad y de malestar y de sorpresa ver que tantos miembros de la cámara han desobedecido la autoridad y las orientaciones del partido”. De hecho, se está evidenciando una posible fractura por la forma en la que los representantes estarían moviéndose.
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La preocupación es que esa división impactaría en las aspiraciones electorales del Partido Conservador. El mismo senador progobierno aseguró que, de cara al Congreso, suele haber un mayor pragmatismo para conseguir apoyos. Sin embargo, la situación cambia en las presidenciales cuando, incluso si la colectividad lleva un candidato propio, varios podrían decidir apoyar a otros aspirantes.
El espejo de lo anterior son las elecciones de 2022. Aunque David Barguil contaba con el aval conservador, apenas llegó a 700.000 votos en la consulta de la derecha de ese año frente a los más de dos millones de apoyos que consiguieron, en total, los congresistas azules.
Con ese panorama, el partido avanza en sus discusiones para subsanar esas divisiones. Para ello, como se dijo, avanzan en la edición de sus estatutos. Con esto esperan conseguir “poner en cintura” a aquellos congresistas que han optado por actuar de manera autónoma. Sin embargo, esa decisión podría dejar resultados adversos de cara a las próximas elecciones.
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Por Leonardo Botero Fernández
