La dirección nacional del Partido Conservador le dirigió una carta al presidente Gustavo Petro, en la que le pide que no interfiera en las decisiones de la colectividad respecto a la investigación o sanción de sus miembros por incumplir los acuerdos de bancada o los estatutos.
El presidente del Consejo de Ética de la colectividad, Julián Quintana Torres, fue quien hizo la petición al presidente, luego de que cuestionara la suspensión con efectos de pérdida de voz y voto del representante conservador Jorge Alexánder Quevedo por haber participado en las discusiones de las reformas laboral y de salud, a pesar de que su partido decidió tomar distancia de esos proyectos.
“No se puede sancionar a alguien y quitarle sus derechos políticos por cumplir la ley. Recuerden, según la Convención Americana de Derechos Humanos, los derechos políticos solo se pierden por sentencia de juez penal”, escribió el presidente Petro en la mañana de este 17 de junio.
Al respecto, el Partido Conservador pidió a Petro “que se abstenga de seguir interfiriendo y violentando la independencia y autonomía de la colectividad. La democracia implica la garantía absoluta del cumplimiento de la Constitución Política, derechos que son reconocidos por esta”, señaló.
De acuerdo con la Comisión de Ética, las manifestaciones, el presidente “vulneran y ponen en grave riesgo las competencias y funciones de la Veeduría del Partido Conservador Colombiano, quien tiene la potestad para investigar a sus congresistas y militantes, y además adoptar las decisiones que en derecho corresponda ante presuntas faltas de sus miembros”.
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Por último, explicaron que en el caso concreto del representante Alexander Quevedo se “puede tener la seguridad y tranquilidad de que todas las decisiones que se adopten al interior de nuestra colectividad, están amparadas por la Constitución y la Ley, como también con absoluto y estricto apego a los tratados internacionales de Derechos Humanos y Políticos”.
El presidente Petro no se quedó callado y le respondió a la colectividad: “No violento a nadie, pero juré cumplir la Constitución, y la Ley, que no permiten sancionar congresistas porque cumplen con la ley y menos con la pérdida de derechos políticos que solo es dable a jueces penales. Se trata de la sentencia de la CIDH”.
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