El temor expresado por el representante a la Cámara por el Partido de la U, Miguel Gómez. Martínez, de estar incurriendo en un delito si asiste a la convocatoria de sesiones extra para discutir y hundir la reforma a la justicia, tiene preocupados a varios parlamentarios de la colectividad que todavía no se deciden a acompañar la solicitud del presidente Juan Manuel Santos.
Por este motivo, este martes se estará reuniendo la bancada del partido con expertos constitucionalistas para escuchar su concepto sobre los argumentos expuestos por el Gobierno según los cuales la actuación parlamentaria, fuera de las sesiones ordinarias, para discutir una reforma constitucional, no se configuraría en una violación de la norma.
Al respecto, el presiente (e) de la U, senador Plinio Olano, manifestó que “nosotros consideramos que Colombia tiene derecho a un sistema de justicia garantista y esa fue la finalidad del trámite de esta reforma que se llenó de vicios, ahora debemos actuar bajo el paraguas de la justicia y no podemos excedernos, por eso hemos citado a la bancada para que un grupo de constitucionalistas nos expliquen hasta qué límite podemos llegar. Hay varios puntos de vista al respecto y tenemos que tomar una decisión”.
Sin embargo, Olano manifestó que “en mi posición personal creo que debemos estudiar los argumentos que presentó el presidente Juan Manuel Santos y eliminarlos de la reforma para dejar lo que realmente le aporta al país”.
No obstante, es evidente que el senador Olano tendría que manifestar un impedimento o abstenerse de participar en la discusión, pues su hermano, el exrepresentante Germán Olano, está siendo procesado por la justicia al ser considerado como uno de los eslabones principales del denominado escándalo ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá.
Pese a que en la bancada de la U ha venido teniendo mayor acogida la solicitud y los argumentos del Gobierno de hundir la reforma, el representante Miguel Gómez ratifica que “a uno no lo pueden convocar al Congreso a prevaricar, yo no voy a participar en un debate en el que abiertamente vamos a violar la ley. El gobierno no puede, con argumentos tramitados a la carrera, terminar de deslegitimar al congreso”.
Gómez fue contundente al señalar que “esto es algo que no tiene explicación, es como si un hombre viola a una mujer y para tratar de solventar el daño tomar la decisión de obligarlo a que se case”.
Por El Espectador
