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16 Jun 2020 - 3:35 p. m.

Partido FARC da los primeros pasos para reformar decreto de excarcelación por COVID-19

La iniciativa se salvó frente a los intentos de archivo por parte del Centro Democrático. Ante los varios reparos, se nombró una subcomisión para estudiar el texto por el representante Luis Alberto Albán.
El partido FARC busca modificar el "limitado" decreto expedido por el gobierno para reducir la sobrepoblación carcelaria durante la pandemia.
El partido FARC busca modificar el "limitado" decreto expedido por el gobierno para reducir la sobrepoblación carcelaria durante la pandemia.

Entre la avalancha de decretos que firmó el presidente Iván Duque por la emergencia del coronavirus, uno de los más controvertidos fue el de la excarcelación masiva para reducir el riesgo de contagio con COVID-19 en las cárceles del país. El decreto se demoró más de lo esperado y, para muchos, no cumplió con las necesidades de excarcelación, debido a los múltiples requisitos establecidos por el gobierno para acceder a este beneficio.

La bancada de la FARC fue uno de los que más estuvo en desacuerdo con el decreto presidencial. Por eso, tanto en Senado como Cámara han intentado que sea reformado. En la primera corporación, el senador Julián Gallo pasó una proposición que invitó al gobierno a reformar el decreto, pero no fue escuchada por la presidencia. En la Cámara, el representante Luis Alberto Albán radicó un proyecto para introducir cambios a la determinación del presidente, esto bajo la figura de que el Congreso puede reformar cualquier decreto con fuerza de ley expedido durante la emergencia económica y social.

Entre los cambios que busca el partido FARC está contemplar la prisión domiciliaria para aquellos que fueron a condenados a penas de hasta 10 años -el decreto original contempla hasta 5 años-. También propone que los exguerrilleros de las Farc firmantes del acuerdo y los agricultores en prisión por cultivos ilícitos sean beneficiados con la medida, además de mujeres cabeza de hogar y aquellos que llevan hasta 5 años de prisión preventiva sin que se les haya proferido condenada.

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Además de introducir estos nuevos beneficiados, el decreto también busca eliminar varias de las exclusiones hechas por el gobierno para evitar que ciertos crímenes fueran incluidos en la excarcelación. Entre las categorías que busca eliminar el decreto está el apoderamiento de aeronaves, violencia intrafamiliar, hurto calificado, testaferrato, apoderamiento de hidrocarburos, falso testimonio, soborno, entre otros varios delitos.

El proyecto en cuestión también propone que sean los jueces de conocimiento los que, en un plazo no mayor a tres días desde la aprobación de la iniciativa, elaboren los listados de los posibles beneficiados. Asimismo, no se les puede exigir el pago de una fianza o caución a los que sean beneficiados con la excarcelación.

Este proyecto no fue del agrado de varios de los miembros del Centro Democrático de la Comisión, por lo que presentaron dos ponencias de archivo. Margarita María Restrepo, representante por la bancada de gobierno, fue una de la que pidió el archivo y señaló que en ningún momento buscaba que el Congreso renuncie a su facultad de revisar los decretos con fuerza de ley expedidos por el gobierno, sino que el proyecto tiene muchas áreas por mejorar, por lo que no debería ser discutido.

“El proyecto hace a un lado la violencia contra la mujer y habilita que salgan los victimarios”, agregó Restrepo, que añadió: “Hay que tomar verdaderas medidas que sean humanitarias. No se pueden beneficiar personas que hayan cometido delitos atroces”. Por esa misma línea, la representante señaló a la bancada de las FARC de estar legislado en causa propia y los acusó de incumplir los acuerdos de paz: “Se intenta manipular un decreto para beneficiar a una población específica y legislar a causa propia”.

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En esa misma línea, el representante Gabriel Vallejo aseguró que “a las FARC no le queda bien presentar un proyecto como este, están legislando a causa propia”. Asimismo, Vallejo aseguró que su proposición de archivo no estaba contaminada con odio, de esta forma respondió a los comentarios de varios que señalaban que sus objeciones tenían más un carácter ideológico.

José Jaime Uscátegui, hijo del general condenado por la masacre de Mapiripán, también se opuso a la iniciativa del representante Albán y cuestionó si el proyecto se estaba discutiendo por la posibilidad que tiene la oposición de definir el orden del día en algunas sesiones. Por otro lado, el representante del Centro Democrático comentó que las FARC tienen derecho por “abogar por la libertad de sus camaradas”, pero el Congreso no era el espacio, sino la mesa de seguimiento de los acuerdos (Csivi).

El proyecto fue defendido por el representante de Cambio Radical José Daniel López, que calificó el intento de archivo como “una renuncia de la facultad del Congreso de reformar los decretos presidenciales”. En este mismo sentido, López aseguró que la propuesta del Centro Democrático “avala que los decretos son intocables” y renuncia a su mejoramiento, cuando hay varios aspectos por cambiar.

De igual manera, aseguró que la justificación del archivo invitaba al odio y la polarización pues reza que la salida de prisión de 160 miembros de las Farc no aporta ninguna mejoría al problema de la sobrepoblación carcelaria. No obstante, aunque apoyó la iniciativa, el representante aseguró que había varios cambios por hacer, debido a que se habría mucho el margen de salida.

La representante Juanita Goebertus, de los Verdes, fue otra de las que apoyó la iniciativa de Albán y la llegó a analizar frente a los acuerdos de paz. Además, aseguró que el decreto presidencial ha sido deficiente, así lo argumentó en un debate de control político al Ministerio de justicia, y señaló que debe haber una reforma estructural de la determinación del presidente Duque.

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Ángela María Robledo, en su primer debate desde que volvió a la Cámara, también dio su apoyo a la iniciativa y sacó a colación el panorama en las cárceles del país, tanto en la de Villavicencio como la de Cartagena y hasta en La Modelo, donde 25 presos murieron durante la retoma del penal tras un intento de motín en marzo. Robledo tildó de minimalista la acción del Ministerio de Justicia para solucionar el problema de la sobrepoblación carcelaria.

“Bienvenida esta reforma que ataca el problema del populismo punitivo y la sobrepoblación”, declaró la representante, que reconoció que el proyecto debía mejorarse. Por último, la representante mandó una indirecta a la situación de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez al decir que “el verdadero drama humano son los pequeños cultivadores de coca”.

Al final, el proyecto se salvó del archivo. Sin embargo, ante la inmensa cantidad de proposiciones para modificar su articulado, más de 30, la Comisión Primera nombró una subcomisión para estudiarlo e incluir algunas de las propuestas. De esta forma, la ponencia de primer debate se salvó, pero el proyecto quedó pendiendo de un hilo porque tiene hasta el 20 de junio para que la célula le dé trámite y lo apruebe. Con la agenda tan apretada, la subcomisión y la Comisión Primera tendrá que correr para que tenga futuro el primer intento de reforma a los decretos legislativos de Duque.

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