Partido FARC denuncia llegada de presuntos paramilitares a Antioquia y Chocó
La colectividad advirtió sobre el arribo de individuos pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) desde el municipio paisa de Urrao, hasta el corregimiento de Tagachí, en el Chocó. Entre las comunidades que podrían verse afectadas está la de Mandé, en la que se presentó el asesinato del exguerrillero Rigoberto García.
-Redacción Política - politicaelespectador@gmail.com
El Partido FARC denunció la llegada de presuntos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a por lo menos 200 municipios ubicados en Antioquia y Chocó. Según informó la colectividad, los individuos del grupo al margen de la ley estarían ocupando desde el 26 de abril zonas que van desde la vereda Puntas de Ocaidó, en el municipio paisa de Urrao, hasta el corregimiento de Tagachí, en el Chocó.
(Lea también: Los rostros y luchas de los líderes sociales asesinados en lo corrido del 2020)
“Compromete la seguridad física y los derechos humanos de las comunidades de Isleta, Guardia, Belén, Vegaez, Vidrí, Puerto Palacio, Playita, Puerto Medellín, Vigía del Fuerte, entre otras”, enumeró la organización política. Así mismo, hizo énfasis en que también se vería afectada la comunidad de Mandé, en Urrao, en la que se presentó el asesinato de Rigoberto García, exguerrillero en proceso de reincorporación. Dicho hecho no ha sido esclarecido.
(Contexto: Así va el Acuerdo de Paz: la apertura democrática está amenazada)
FARC recordó que las amenazas y riesgos que representan los grupos paramilitares en esas zonas es de conocimiento del Estado, mediante la alerta temprana 027-19 de la Defensoría del Pueblo. En ella, la entidad advirtió para prevenir violaciones de derechos humanos de esos territorios que reúnen a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y exguerrilleros que le han apostado a cumplir el Acuerdo de Paz.
“Demandamos del Estado colombiano a través de toda su capacidad institucional, empezando por la cabeza del Gobierno, el Presidente Iván Duque, las entidades garantes de los derechos colectivos e individuales de las comunidades y sus territorios, de la fuerza pública, a la gobernación de Antioquia y demás, que actúen lo más pronto posible para proteger a todos los habitantes de estas zonas y salvaguarden sus vidas, bienes y honra”, exigió el partido.
(Lea también: La violencia en Buenavista (Bolívar) desde los ojos de una profesora de primaria)
De igual manera, FARC responsabilizó al gobierno del presidente Duque de los ataques que puedan sufrir estos grupos poblacionales por cuenta de las AGC, “cuya obligación competa en este caso, de todo aquello que en materia de violación de derechos humanos pueda acontecer tanto con los habitantes de estas zonas, como con sus territorios y dinámica social” concluyó.
El Partido FARC denunció la llegada de presuntos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a por lo menos 200 municipios ubicados en Antioquia y Chocó. Según informó la colectividad, los individuos del grupo al margen de la ley estarían ocupando desde el 26 de abril zonas que van desde la vereda Puntas de Ocaidó, en el municipio paisa de Urrao, hasta el corregimiento de Tagachí, en el Chocó.
(Lea también: Los rostros y luchas de los líderes sociales asesinados en lo corrido del 2020)
“Compromete la seguridad física y los derechos humanos de las comunidades de Isleta, Guardia, Belén, Vegaez, Vidrí, Puerto Palacio, Playita, Puerto Medellín, Vigía del Fuerte, entre otras”, enumeró la organización política. Así mismo, hizo énfasis en que también se vería afectada la comunidad de Mandé, en Urrao, en la que se presentó el asesinato de Rigoberto García, exguerrillero en proceso de reincorporación. Dicho hecho no ha sido esclarecido.
(Contexto: Así va el Acuerdo de Paz: la apertura democrática está amenazada)
FARC recordó que las amenazas y riesgos que representan los grupos paramilitares en esas zonas es de conocimiento del Estado, mediante la alerta temprana 027-19 de la Defensoría del Pueblo. En ella, la entidad advirtió para prevenir violaciones de derechos humanos de esos territorios que reúnen a comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y exguerrilleros que le han apostado a cumplir el Acuerdo de Paz.
“Demandamos del Estado colombiano a través de toda su capacidad institucional, empezando por la cabeza del Gobierno, el Presidente Iván Duque, las entidades garantes de los derechos colectivos e individuales de las comunidades y sus territorios, de la fuerza pública, a la gobernación de Antioquia y demás, que actúen lo más pronto posible para proteger a todos los habitantes de estas zonas y salvaguarden sus vidas, bienes y honra”, exigió el partido.
(Lea también: La violencia en Buenavista (Bolívar) desde los ojos de una profesora de primaria)
De igual manera, FARC responsabilizó al gobierno del presidente Duque de los ataques que puedan sufrir estos grupos poblacionales por cuenta de las AGC, “cuya obligación competa en este caso, de todo aquello que en materia de violación de derechos humanos pueda acontecer tanto con los habitantes de estas zonas, como con sus territorios y dinámica social” concluyó.