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Debido al largo trámite legislativo, los congresistas han pedido al gobierno que sea este el que adelante las medidas paliativas de orden económico mientras la crisis por el coronavirus. Una de las principales solicitudes en este momento es la creación de una renta básica que permita la manutención de los colombianos durante la contingencia.
Esta propuesta fue hecha por varios partidos, incluso, esta semana, 50 senadores se la presentaron directamente al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ahora, una iniciativa liderada por el Partido de la U la acogió y la incluyó en un plan económico enviado al presidente Iván Duque.
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“La bancada del Partido de la U nos permitimos hacer llegar, muy respetuosamente a su despacho, una serie de medidas que esperamos sean contempladas para mitigar los efectos de la crisis en la que nos encontramos y cuya fuente de financiación sería a través de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME)”, reza la carta enviada al primer mandatario.
Entre las medidas hechas por el Partido de la U está la creación de un “Ingreso Básico Mensual Transitorio” para beneficiar a independientes y trabajadores informales, uno de los sectores más golpeados durante la pandemia ante la inactividad económica. Esta medida buscaría beneficiar a cerca de 9 millones de personas al entregarle un salario mínimo legal por tres meses.
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El programa iría destinado principalmente para aquellas personas que no hacen parte de ninguno de los programas sociales del gobierno (familias en acción, jóvenes en acción o adulto mayor) y tampoco han recibido algún beneficio económico. Dentro de la propuesta se contempla que este tipo de ayudas tendrá una repercusión de 8,8 billones de pesos durante los meses que funcione el programa.
Debido a la ausencia de bases de datos de esta población, los autores señalan que se puede identificar esta población a través de las “Cámaras de Comercio, la información contenida en la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE, los registros asociados al pago de la seguridad social en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), los registros de trabajadores informales que a la fecha los municipios tengan consolidando y los asociados a agremiaciones de trabajadores informales”.
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Otra de la medidas propuestas pide aumentar la cantidad de dinero entregado en el programa Ingreso Solidario. El monto nuevo sería de $250.000 al mes. Además, se le pidió al gobierno que aumente la cobertura del benficio en un millón de personas más, de esta manera se alcanzaría a beneficiar cerca de 4 millones de familias que están en el sector más vulnerable de la ciudad. De acuerdo con el cálculo hecho por lo autores de la propuesta, este programa tendría un impacto de un billón de pesos mensual.
La iniciativa liderada por el Partido de la U también le pide al presidente que suspenda la obligación a los trabajadores independientes para que paguen la seguridad social durante los próximos tres meses. La razón de esta petición es que se necesita “que estos trabajadores cuenten con mayor liquidez para atender sus necesidades”. Para no crear un hueco en el sistema de salud, el texto contempla que el pago de estos tres meses se difiera a un año después de que se supere la pandemia.
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De igual manera, se le pide al presidente Iván Duque que aumente la cobertura de los beneficios de los subsidios de nómina anunciados por el gobierno en días pasado. En un principio el decreto 639 estableció que las personas jurídicas serían las únicas beneficiadas, pero, de esta manera, se excluye al 72% del sector empresarial, que esta configurado por empresas constituidas como personas naturales. Por esta razón, el Partido de la U pidió que se amplíe su alcance.
Por último, la propuesta le pide al gobierno que Bancoldex y el Banco Agrario asuman las labores de banco de primer piso y entregue los créditos anunciados por el gobierno ya que, señala el texto, la banca y el sector financiero han actuado con “insolidaridad e indiferencia”. Estos créditos deben seguir con las garantías establecidas, bajas tasas y periodos de gracia establecidos en los decretos presidenciales frente a estos temas.