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La oposición anunció este martes que citará a un debate de control político a la canciller encargada, Rosa Villavicencio, ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el próximo 30 de julio. El objetivo será exigir respuestas sobre las medidas que se están tomando para evitar un posible desabastecimiento de pasaportes en el país.
“Los colombianos no nos podemos quedar sin pasaportes. Desde el Congreso de la República lo tenemos que evitar”, dijo el representante a la Cámara por el Centro Democrático, uno de quienes citó al debate de control político. “Lamentamos además las decisiones de este Gobierno y preocupa la alerta que ha emitido en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación. Prácticamente el llamado es: los colombianos nos vamos a quedar sin pasaportes”, agregó.
El congresista criticó la decisión del Ejecutivo de trasladar la producción de pasaportes a la Imprenta Nacional y sacar de la ecuación a la empresa Thomas Greg & Sons, histórico contratista del servicio. “¿Por qué este Gobierno no tiene la capacidad de construir sobre lo construido? Si funciona bien la expedición de pasaportes, ¿por qué quieren trasladar la responsabilidad a la Imprenta Nacional que no tiene la capacidad técnica ni los recursos económicos y de talento humano para enfrentar esta responsabilidad tan importante en nuestro país?”, cuestionó Espinal.
La Comisión Segunda, encargada de los asuntos de relaciones exteriores, será el escenario para este debate, que se da en medio de una creciente incertidumbre por el futuro del servicio de expedición de libretas. La Procuraduría General emitió una alerta en los últimos días, advirtiendo que el país podría enfrentar una crisis de suministro a partir del 31 de agosto, cuando vence el contrato actual con Thomas.
Desde hace más de un año, el Gobierno ha buscado implementar un nuevo modelo público en el que la Imprenta Nacional —en alianza con el gobierno de Portugal— asuma la producción de estos documentos. Sin embargo, la excanciller Laura Sarabia renunció advirtiendo que la entidad no está preparada para asumir la tarea, mientras que el actual jefe de Despacho, Alfredo Saade, sostiene que puede empezar “de inmediato”.
La Procuraduría advirtió sobre la falta de estudios técnicos, conceptos previos y documentación contractual para sustentar el convenio con la Imprenta. Además, recordó que esta entidad ya enfrenta investigaciones por presuntas irregularidades en la expedición de cédulas de extranjería, en las que también participó un tercero internacional.
El cuestionario enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores plantea más de 15 preguntas sobre el nuevo esquema, incluyendo dudas sobre la legalidad del convenio firmado por el Fondo Rotatorio del Ministerio del Interior, la capacidad instalada de la Imprenta Nacional, posibles sobrecostos, estándares internacionales, y el estado real del acuerdo con Portugal y la Casa da Moeda.
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