La Casa de Nariño está en una maratónica carrera por lograr convencer a Portugal de que Colombia sí está lista para comenzar la transición que se requiere, a partir del próximo 1° de septiembre, para que la elaboración de pasaportes entre en una fase pública. Y si bien los contactos se están dando por diferentes canales y han tenido algunos efectos, en medio de esos acercamientos han surgido tensiones que mantienen hasta ahora enredado el cierre del convenio.
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Lo que busca el Gobierno del presidente Gustavo Petro es que la firma Thomas Greg & Sons, a la que el jefe de Estado lleva cuestionando varios meses por este tema y por su participación en la logística electoral, salga completamente de todos estos trámites y que la elaboración de los documentos sea una tarea exclusiva del Estado. Pero en esa intención, y pese a que había ya un borrador de acuerdo, terminaron saliendo a relucir algunas desavenencias.
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Por un lado, a los delegados europeos les causó extrañeza que después de tener avanzado el documento –que derivaría en un convenio a 10 años de vigencia y con un momento estimado de $3,1 billones– se conociera públicamente varios reparos dentro del propio Ejecutivo a lo que se venía diseñando. De hecho, en medio de todo esto, ya ha habido tres cancilleres (Álvaro Leyva, Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia) y el jefe de Estado delegó a su jefe de Despacho, el polémico Alfredo Saade, para que coordine estos pasos.
Murillo dijo que todo había quedado listo, Sarabia aseguró que el primer borrador tenía inconveniencias para Colombia y Thomas aguarda para saber si se dará o no una nueva urgencia manifiesta a partir de septiembre, cuando se vence el contrato que tiene. De acuerdo con fuentes del alto Gobierno, ese paso es necesario, solo que para acatar la instrucción del presidente Petro buscan cómo hacerla por menos tiempo del que ya se planteó.
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En esa tarea es la que ha venido trabajando Saade en diversas direcciones, aunque aún hay dudas desde Portugal y su Casa de la Moneda, la entidad con la cual se suscribiría el convenio a través de la Imprenta Nacional. Incluso, este viernes se conoció que el Gobierno del país europeo aprobó el memorando de entendimiento con Colombia, tras recibir el visto bueno de su consejo de ministros; ahí quedó un apartado sobre el rol que tendrá Francia.
El texto detalla que la “Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM)” de Portugal podrá avanzar en un acuerdo comercial con el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano y la Imprenta Nacional, en consorcio con la “Imprimerie Nationale (IN Groupe)” de Francia.
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En el documento quedó explícito que dicho proyecto busca dotar “las competencias, los recursos técnicos y tecnológicos, así como los conocimientos técnicos necesarios para que esta entidad pública colombiana se haga cargo de la producción y personalización de estos documentos oficiales a partir de 2035”.
Así las cosas, los portugueses darán su apoyo por diez años, bajo un modelo de trabajo en el cual la Imprenta Nacional pasará de ser subcontratista a miembro de un consorcio en el cual tiene corresponsabilidad. En ese modelo, las entidades de Portugal y Francia asumirán la distribución total e igualitaria de los costos, las inversiones y los riesgos del contrato, además de la ejecución del proyecto.
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Pero, en todo caso, el Consejo de Ministros de Portugal condicionó el proceso a que los documentos legales incluyan cláusulas que protejan al Estado portugués frente a riesgos de mercado, costos operativos, precios, tipo de cambio y cumplimiento de metas.
Todo esto avanza mientras la Procuraduría indaga disciplinariamente a Saade, Sarabia y Murillo por las presuntas irregularidades que rodean todos estos cambios y en medio de unas pesquisas que han revelado que, supuestamente, habría órdenes por debajo de la mesa para frenar las expediciones pasaportes y evitar que haya desabastecimiento. Eso sí, todo está en etapa de verificación.
Aún así, el propio Saade dijo esta semana –sin dar mayores detalles– que “estamos listos para firmar con Portugal. Luego de reuniones técnicas todo está acordado”. Este podría materializarse el próximo 15 de julio.
Entre tanto, también esta semana, Blu Radio reveló el borrador del convenio que se había elaborado y que ahora está en fase de ajustes. En el documento se detallan varios cambios que tendría la producción de la libreta; entre ellos, el costo, pues variaría dependiendo del valor del euro. Actualmente, un pasaporte ordinario cuesta $186.000 ($111.000 por sus costos en Bogotá más $75.000 de impuesto de timbre). A eso se le suma el impuesto departamental, en caso de ser adquirido por fuera de la capital.
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“Sin perjuicio de que la moneda en que se llevarán a cabo los desembolsos a cargo del FONDO es el EURO, las partes acuerdan que cualquier diferencia resultante de variaciones en el tipo de cambio de moneda aplicable será asumida íntegramente por el FONDO, sin que ello dé lugar a ajustes en el valor total del contrato ni a reclamos adicionales por la contraparte. Este compromiso incluye el reconocimiento de las fluctuaciones cambiarias desde la fecha de suscripción del contrato hasta la ejecución completa de las obligaciones pactadas”, se lee en el documento.
De acuerdo con el borrador del convenio, el valor unitario por pasaportes sería de 17 euros (aproximadamente $79.796 al cambio actual). Y el pago a la Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM) también tendrá que incluir los gastos de transporte desde el aeropuerto hasta las instalaciones de la Imprenta Nacional.
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“Respecto a costos asociados a impuestos, aranceles y costos aduaneros, las ENTIDADES declaran haber verificado que no resultarían aplicables a la ejecución de este Convenio; sin perjuicio de lo cual, en caso de resultar aplicables, serán asumidos integralmente por el FONDO”, se establece.
Allí también se prevén revisiones anuales del valor de los documentos conforme a la inflación en Colombia. Además, detalla que el Gobierno colombiano podrá requerir libretas adicionales, según la disponibilidad de la Casa de la Moneda portuguesa.
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Alrededor del proceso, en todo caso, todavía hay dudas sobre si la Imprenta Nacional está lista para asumirlo. De acuerdo con documentos entregados a la Procuraduría por la misma Cancillería, entonces en cabeza de Laura Sarabia, la entidad todavía no tiene la capacidad para hacerlo.
En todo caso, la decisión del presidente Petro es que el proceso sea público e instruyó a su gabinete para ejecutarla a como dé lugar. La expectativa es si será un tránsito traumático que lleve a un eventual desabastecimiento o si, como dice el Gobierno, se garantizará la tranquilidad.
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