Al menos tres altos funcionarios se encuentran en medio de una encrucijada que podría costarles desde un fuerte regaño del presidente Gustavo Petro hasta el poner en riesgo la continuidad de la expedición de los pasaportes a partir de septiembre, una vez termine el actual contrato. Por ello, la canciller Laura Sarabia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, han estado sosteniendo reuniones en las últimas 48 horas para trazar un camino que evite una eventual crisis y definir si será Thomas Greg & Sons o el gobierno de Portugal el que quedará a cargo.
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De estas citas a puerta cerrada, que continuarán este viernes en la sede de la Imprenta Nacional, saldrá el nombre del operador que a partir del 1 de septiembre asumirá el proceso de pasaportes, un caso que desde 2023 ha estado inmerso en dudas, sanciones, demandas millonarias y hasta costó la salida de un canciller (Álvaro Leyva).
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De ahí que la determinación de los funcionarios es clave, pues aunque deben evitar interrupciones en la expedición de estos documentos, tienen encima la orden que les dio el jefe de Estado de que no sea la empresa Thomas Greg la que mantenga el proceso, algo que a esta altura es difícil porque quedan menos de dos meses y medio para que la Casa de la Moneda de Portugal esté lista y disponga de una planta, impresoras, equipo y todos los elementos necesarios para la producción de las libretas.
El presidente ha sido claro en señalar que se siente “engañado” por algunos funcionarios, pues desde su llegada al poder dejó claro que le tiene desconfianza a Thomas y en 2024 la Cancillería, entonces dirigida por Luis Gilberto Murillo, estructuró un cronograma en el que se estableció que esta firma privada saldría del esquema para que la Imprenta Nacional, con la ayuda de un gobierno extranjero, empezara a elaborar los pasaportes.
En octubre de ese mismo año se firmó un memorando de entendimiento con Portugal, que no es vinculante ni tiene realidad técnica. Es decir, de fondo no hay ningún tipo de procedimiento contractual con esta nación, pese a que se habría acordado con la embajadora de este país, Catarina Arruda, que se harían modificaciones posteriores.
De hecho, Arruda asistió a una reunión que citaron Sarabia, Benedetti y la gerente de la Imprenta en las instalaciones de la Cancillería el pasado miércoles para evaluar el panorama actual y delinear estrategias.
Pese a las reuniones que se han sostenido con Portugal y a que ya transcurrieron siete meses desde la firma del memorando, sigue siendo incierto qué pasará cuando Thomas Greg termine su actual contrato, que el año pasado se le entregó mediante una urgencia manifiesta por alrededor de $400.000 millones porque el Gobierno no pudo garantizar que entrara un nuevo operador con la suficiente capacidad para seguir con el proceso, a pesar de que así lo había solicitado Petro.
El Gobierno ya tantea el terreno para firmar otra urgencia manifiesta con Thomas, empresa que a inicios de este año desistió de la millonaria demanda por $117.000 millones contra el Estado por los perjuicios y pérdidas económicas que le habría generado la Cancillería en la primera licitación desierta que lideró Álvaro Leyva.
“Hay unas instrucciones del presidente Petro, pero hay un objetivo principal y es que el 1 de septiembre continuemos con el servicio de pasaportes con el mejor servicio”, dijo Sarabia este jueves al ingresar a la Casa de Nariño.
Son varios los funcionarios y personas cercanas al proceso que señalan que, tras la salida de Murillo y la entrada de Laura Sarabia a la Cancillería, este plan de entregarle el proceso a Portugal se ralentizó. También mencionan que la Imprenta poco se ha movido para adoptar los requisitos que el gobierno extranjero le pidió como fundamentales para que la impresión de los documentos se pudiera efectuar en sus instalaciones.
Además, de acuerdo con documentos que reveló El Espectador previamente, la misma Cancillería ha venido reconociendo retrasos en el proceso y en el examen de viabilidad del esquema. De hecho, en marzo también dejó claro que la Imprenta no estaba preparada para asumir tareas en la elaboración de los documentos y admitió no tener certeza de cuándo ingresaría al nuevo esquema.
“En el marco de la cooperación internacional que se adelanta con el Gobierno de Portugal, se pretende brindar las capacidades necesarias para que la entidad (Imprenta), se encuentre preparada”, dijo la Cancillería.
La idea de estas mesas técnicas que vienen realizándose entre ministerios es encontrar una manera para que se acate de alguna manera la directriz presidencial sin que eso implique poner en riesgo la elaboración de los pasaportes, que, como lo dijo Sarabia, es la prioridad.
Además de la urgencia manifiesta, se ha pensado en adoptar un contrato mixto en el que participen tanto Thomas como el gobierno extranjero, pues en medio de estos cálculos de consecuencias que hace el Ejecutivo también están los impases diplomáticos que pueden surgir entre Colombia y Portugal por incumplimientos al acuerdo pactado a través del memorando.
Igualmente, no se descarta terminar firmando un contrato comercial con la Casa de la Moneda de Portugal, como lo aseguró el ministro Benedetti, pero se tendría que garantizar que este gobierno tenga toda la tecnología y equipo en el país para que pueda sacar adelante el esquema de pasaportes sin contratiempos.
Y si bien la Imprenta llegó a tener fallas con la impresión de las cédulas de extranjería luego de haber asumido este proceso (antes también liderado por Thomas), en el interior de la entidad hay voces que señalan que ya hay más preparación para que se pueda pensar en los pasaportes.
La decisión llegará pronto, pero lo cierto es que Benedetti y Sarabia, que antes han protagonizado peleas hasta en los estrados judiciales, hoy trabajan juntos para garantizar que Petro quede satisfecho, pues solo le queda un año en el poder para efectuar los cambios que quiere en el sistema de pasaportes. Eso sí, la prioridad sigue siendo evitar una crisis.
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