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El 1° de enero pasado, en un mensaje de video de saludo a todos los nuevos alcaldes y gobernadores de Colombia que ese día tomaban posesión de sus cargos, el presidente Juan Manuel Santos les dijo: “Este 2016 será el año de la paz y ustedes serán los encargados de consolidarla, porque sabemos bien que la paz se construye en las regiones”. Posteriormente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) les recordó a los mandatarios locales y regionales que debían incluir en sus respectivos planes de desarrollo los pilares de paz, equidad y educación.
De hecho, durante el “Cuarto diálogo para la planeación regional de un nuevo país”, que se realizó el 21 de enero en Valledupar, Luis Fernando Mejía, quien por esos días oficiaba como director encargado del DNP, enfatizó: “Nosotros vamos a liderar el trabajo de coordinación con las diferentes entidades a nivel nacional y territorial, con el fin de sumar esfuerzos para entregar a los territorios los lineamientos para la construcción de los planes para el próximo cuatrienio”. Y anunció un apoyo de $50 millones para fortalecer institucionalmente a cada una de las secretarías de Planeación de departamentos y municipios, encargadas de liderar el proceso de formulación y elaboración de esos planes de desarrollo.
El límite legal para la aprobación de dichos planes vencerá este martes 31 de mayo. Y, según la información que recogió el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático y copresidente de la Comisión de Paz —a través de derechos de petición enviados a los 32 gobernadores del país y al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, buscando conocer la forma en la que planean aplicar los acuerdos de La Habana— son pocas las respuestas que muestran la inclusión de medidas concretas y lo que hay es una total ausencia de una ruta por parte del Gobierno Nacional para tal fin.
Hasta el momento, el legislador ha obtenido 23 respuestas que hacen referencia a los borradores de los planes, 22 de departamentos más la de Bogotá. Y aunque la gran mayoría respondió haber incorporado el tema de la paz como un pilar o eje del plan o como un programa específico, al momento de ver el contenido, muchos relacionan dicho énfasis bajo un enfoque de seguridad y convivencia ciudadana o con la política de atención, asistencia y reparación a víctimas. Lo curioso es que este último punto es ya una obligación establecida en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas).
En carta al ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo, Cepeda advierte que la mayoría de autoridades departamentales lo que expresan es confusión sobre la manera como debería concretarse la paz dentro de sus planes de desarrollo. “Tampoco existe una verdadera preparación institucional para la aplicación de los acuerdos ni una preparación que les permita a las gobernaciones y al Distrito Capital trabajar en torno a lo que será la refrendación de los acuerdos de La Habana y la participación de la ciudadanía en el proceso de conversaciones con el Eln, aspectos que son fundamentales en el ejercicio de su cargo”, le dice.
Por ejemplo, en una mirada a las respuestas obtenidas, se puede determinar que sólo el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, expresó que el enfoque de todo el instrumento de planeación se hace desde el concepto de la paz. Sin embargo, el reporte no da mayores detalles y es muy general (ver facsímil). Bajo el título “Cauca: territorio de paz” se mencionan cuatro ejes estratégicos: Territorios de paz y para el buen vivir; Generación de condiciones para la riqueza colectiva; Cauca, cuidador de agua, y Fortalecimiento de lo público, el buen gobierno y la participación. Ningún punto está desarrollado.
Cepeda concluye además que aunque algunos expresaron que la paz era un eje transversal, su contenido parece más una declaración de buena voluntad. Por ejemplo, en el caso de Casanare, uno de los departamentos que manifiesta haber incluido el tema en su plan de desarrollo, se puede palpar que no hay claridad sobre las competencias y los recursos que existirán por parte del Gobierno Nacional para desarrollar esa agenda de reconciliación en el departamento. Ahora, hay casos que denotan esfuerzo, y así se evidencia en las repuestas de Arauca, Valle del Cauca, Santander y Tolima.
La otra preocupación tiene que ver con lo presupuestal. Según el senador del Polo, con excepción de Santander, no existen referencias precisas de una planeación que permita identificar qué tipo de énfasis de política tendrán las gobernaciones y, sobre todo, que permita identificar cómo se destinarán los recursos para aplicar lo acordado en La Habana. Y teniendo en cuenta la aprobación del presupuesto 2016 de los gobiernos territoriales anteriores y los recortes obligados del Gobierno Nacional por la crisis económica, sobre todo en la generación de regalías por los bajos precios del petróleo, el temor es que primen los programas con asignaciones definidas, ya sean los provenientes del Sistema General de Participaciones (educación, salud, y agua potable), por encima de las necesidades asociadas con los acuerdos de paz.
El caso de Bogotá es capítulo aparte. Convertida ya en centro de recepción de víctimas y excombatientes, Cepeda cree que no es suficiente incluir sólo de nombre dentro de su plan de desarrollo un programa denominado “Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación”. El análisis de la respuesta entregada señala que la preparación para el cumplimiento específico de los acuerdos no es prioridad y ni siquiera existe un alistamiento para ese propósito.
Para el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, la carta “es una buena advertencia”. Consultado por El Espectador, explicó que Planeación Nacional hizo encuentros en todos los departamentos y dejó los lineamientos a seguir, reconociendo de paso que la elaboración de los planes de desarrollo son procesos complejos que inician en las gobernaciones, van a los consejos de planeación y los aprueban las asambleas. “Deben ser más específicos que sólo mencionar la paz, por ejemplo, atención a víctimas. Si no lo consideran no podrían apropiar recursos en esos programas”, señaló. Además, enfatizó Pardo, el tema va más allá del año presupuestal y debe plantear las prioridades. “Creo que es muy útil la advertencia para que no vayan a quedar por fuera cuatro años”.
Lo cierto es que en el ambiente quedan muchas dudas por resolver a la hora de pensar la paz desde lo territorial. Ya han pasado seis meses desde que el presidente Juan Manuel Santos anunciara la creación del Consejo Interinstitucional del Posconflicto, con la misión de coordinará toda la institucionalidad del país a nivel nacional, pero también a nivel departamental, a nivel municipal, de cara a la implementación de los acuerdos de La Habana en las regiones. Y en la última Cumbre de Gobernadores, el mensaje que éstos le dieron al Gobierno es que si la guerra pasó por los territorios, la paz tiene que pasar por los territorios. La urgencia, pues, es que todos se involucren y, sobre todo, que la paz y el posconflicto no se queden sólo en un papel.
Por Hugo García Segura
