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El Gobierno tiene todo listo para hacerle una milimétrica cirugía a la normatividad con la que le dio vida a los procesos de paz total y, a través de un decreto que está publicado para consulta pública, abriría la puerta para que a los delegados de bandas criminales que estén en acercamientos y diálogos con la administración de Gustavo Petro se les levanten las órdenes de captura.
Eso quiere decir, de acuerdo con el borrador del documento oficial, que los representantes de estructuras como La Oficina y Los Pachelly (Medellín) o Los Shottas y Los Espartanos (Buenaventura) –entre otros– podrían moverse libremente por el territorio nacional y hasta salir del país, siempre y cuando ejecuten acciones encaminadas a facilitar los acercamientos de paz con el Ejecutivo. Esto, y ahí está lo clave del asunto, se le permitía a delegados de organizaciones como guerrillas y disidencias, pero hasta ahora no se aplicaba con narcobandas.
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Para dar ese giro, según el borrador del decreto que está colgado en la página web de la Presidencia, esos grupos –que tienen un carácter más urbano– son catalogados como “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.
En el documento de cuatro páginas se lee textualmente que “el Fiscal General de la Nación, actuando como autoridad competente, suspenderá de plano las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de los miembros representantes o voceros de las organizaciones armadas al margen de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, por el término solicitado por el Gobierno Nacional”.
Hasta ahora, la suspensión de órdenes de captura en el marco de la norma de paz total (Ley 2272 de 2022) se permitía para voceros o líderes de grupos armados ilegales como la guerrilla del ELN, con quien el Gobierno tiene una mesa de negociación desde octubre del año pasado, o disidencias como el Estado Mayor Central, que comanda “Iván Mordisco” y con que también hay acercamientos.
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La propuesta del Gobierno también contempla que la suspensión de órdenes de captura se dé en cualquier momento de las conversaciones o acercamientos con las bandas criminales, y no únicamente al comienzo de los diálogos.
“También se suspenderán las órdenes de captura que se emitan en contra de los voceros designados por los grupos armados organizados al margen de la ley o por las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con posterioridad al inicio de los diálogos, acercamientos y conversaciones, mientras duren los mismos”, se lee en el borrador de decreto revisado por El Espectador.
Esta no es la primera vez que el Gobierno Petro busca que la Fiscalía suspenda órdenes de captura contra bandas criminales. Una de las peleas más fuertes del Jefe de Estado con el fiscal Francisco Barbosa fue justamente por la petición del Ejecutivo de levantar la persecución judicial contra miembros del Clan del Golfo. De hecho, en enero de este año, desde el búnker salió un duro oficio, de siete páginas, en el que se le pedía al comisionado de Paz, Danilo Rueda, no extralimitarse.
“La ley no habilita al Gobierno Nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con Grupos Armados Organizados sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia”, dijo en su momento la Fiscalía de Barbosa.
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En ese momento, la Fiscalía fue clara en mencionar que los Grupos Armados Organizados, como las extintas Farc, los Grupos Armados Organizados (GAO) y las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, no pueden tener los mismos tratamientos judiciales, penales y penitenciarios. De hecho, la vicefiscal Martha Mancera fue enfática en aclarar que no suspenderían las órdenes de captura contra el Clan del Golfo porque no tienen estatus político.
Aún no se conoce el pronunciamiento de la Fiscalía sobre este intento de la administración Petro de levantar órdenes de captura, vía decreto, de voceros de las bandas, pero tampoco es claro si el Ejecutivo promulgará esta norma, tal cual la plasmó en el borrador o si le hará ajustes para evitar polémicas.
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